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“La gran mayoría de los funcionarios públicos son honestos, son trabajadores y hacen su trabajo con pasión”, aseveró en el seminario La Prevención de la Corrupción y el Servicio Profesional de Carrera.
Dijo que en este sexenio se transformó la estrategia de combate a este fenómeno, que permitió denunciar penalmente a más de dos mil personas: mil 500 son funcionarios y 500 particulares, incluyendo empresarios.
“Hemos denunciado penalmente a más personas por corrupción y por mayores montos, que en los últimos 27 años, desde que se creó la Secretaría”, enfatizó el funcionario.
Agregó que sólo en los últimos dos años se pasó de 20 personas denunciadas el año anterior a mil 500 con el nuevo esquema de combate a la corrupción y “ganamos más del noventa por ciento de los casos en los tribunales; es decir, “nos aseguramos de que no haya impunidad”.
Vega Casillas consideró que no es suficiente combatir la corrupción si no se previene y se trabaja con la transformación cultural de las nuevas generaciones.
Destacó la importancia de anteponer la meritocracia al favoritismo y premiar a los profesionales que den buenos resultados al país para aspirar a una administración pública eficiente, eficaz y honesta.
Además, se pronunció porque la Cámara de Diputados avale la Ley Anticorrupción aprobada en el Senado, “porque es una herramienta para combatir la corrupción desde el otro lado del mostrador, que son las empresas”.
En la inauguración del seminario, el senador panista Ricardo García Cervantes estimó que con el servicio profesional de carrera se construye una cultura del servicio público, sustentada en el Estado de derecho y en el imperio de la ley.
En este sentido, mencionó que la corrupción es una contradicción a la vocación del servidor público, “pues no hay funcionario con vocación que pueda acceder o cuando menos simular una condescendencia, aceptación o complicidad con prácticas corruptas”.
Reiteró que la prevención en el servicio profesional de carrera y establecer las bases para que el funcionario público encuentre en la ley la posibilidad de materializar su misión, son aspectos trascendentales en el combate a este fenómeno.
El presidente de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción, Capítulo México, adelantó que en las próximas semanas las comisiones del Senado analizarán las iniciativas para investigar y sancionar este fenómeno, así como las bases para consolidar un servicio civil impermeable a las prácticas corruptas.
En tanto, el senador perredista Carlos Navarrete Ruiz aseguró que la alternancia en estados, municipios y el país no significó que automáticamente se terminaran los niveles de corrupción.
Dicho fenómeno, dijo, no tiene ideología, por lo que no se presenta en gobiernos de izquierda, derecha o centro; además, afecta a todos los regímenes en el mundo y en ciertos lugares, incluso, genera prestigio social.
El presidente del Instituto Belisario Domínguez subrayó que no han bastado las reformas, las medidas de contención o prevención o el servicio civil de carrera para erradicarla, porque la corrupción es algo tan arraigado, que aunque no se ve está por debajo y corroe el paso de los gobiernos.
Cuando hablamos de corrupción en la administración pública, en los diversos órdenes de gobierno, en el aparato económico de un país y en su sociedad, estamos poniendo el dedo en una llaga que no se cierra con el paso de los años y da la impresión de que la propia sociedad se acostumbra.
Afirmó que la corrupción no es un problema moral, sino estructural, de vigilancia y rendición de cuentas, de fincamiento de responsabilidades y de sanción política y social, así como de transformación de los valores sociales.
En su turno, el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, señaló que sería de un reduccionismo absurdo limitar la existencia de la corrupción a las labores de gobierno, pues puede presentarse en cualquier relación humana.
Sin embargo, esta práctica es particularmente agresiva cuando se integra como un componente desagradable, pero socialmente tolerado en las acciones que se establece entre las instituciones, órganos gubernamentales y sociedad civil.
“Si el Estado debe ser la máxima expresión del bien común, resulta inaceptable que sus funcionarios aprovechen su posición para obtener un beneficio particular”, asentó.
Resaltó que la debilidad en el control interno, el hecho de que las políticas puedan generar rentas a los funcionarios que las administran y la falta de legitimidad del sistema normativo, intensifican la posibilidad de la corrupción.
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