Número-848
- Se impondrá de diez a 15 años de prisión y multas de diez a 15 mil días de salario mínimo vigente por la comisión de los hechos delictivos.
- La sustracción ilegal de hidrocarburos por medio de tomas clandestinas, representa una pérdida de alrededor de 40 mil millones de pesos al año: senador Omar Fayad Meneses.
El Senado de la República aprobó expedir la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de hidrocarburos, aplicables a petrolíferos o petroquímicos y demás bienes asociados a la producción, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos.
El decreto reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 de la Constitución, del Código Fiscal de la Federación y del Código Nacional de Procedimientos Penales.
El dictamen, avalado con 66 votos a favor, 21 en contra, y cuatro abstenciones, establece sanciones a quien sustraiga hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos; a quien compre, enajene, reciba, adquiera, comercialice, negocie, resguarde, transporte, almacene o distribuya hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores.
Estas conductas se sancionarán con dos a cuatro años de prisión y multa de dos a cuatro mil días de salario mínimo vigente cuando la cantidad sea menor o equivalente a 300 litros; cuando sea mayor a 300, pero menor o igual a mil litros, la sanción será de cuatro a ocho años de prisión y multa de cuatro a ocho mil días de salario mínimo vigente.
Si la cantidad es entre mil a dos mil litros, se sancionará con ocho a 12 años de cárcel y de ocho a 12 mil días de salario mínimo vigente; cuando la cantidad sean mayor a los dos mil litros se establecerá una pena de diez a 15 años de prisión y multa de diez a 15 mil día de salario mínimo vigente.
El documento enviado al Ejecutivo Federal establece que cuando las cantidades sean incuantificables, las sanciones serán de diez y hasta 15 años de prisión con multas de diez a 15 mil días de salario mínimo vigente, siempre y cuando se presuma que se trata de cantidades mayores a los dos mil litros.
Las sanciones se extienden a quien auxilie, facilite o preste ayuda por cualquier medio para la realización del ilícito en plataformas o instalaciones de altamar; a quien utilice información o datos sobre el funcionamiento u operación de las actividades de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores.
Además, se prevén sanciones de uno a cinco años de prisión y multa de cuatro a siete mil días de salario mínimo vigente en el lugar de los hechos, a cualquier servidor público que, en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, tenga conocimiento de la probable comisión de algún delito materia de esta Ley y no lo denuncie ante la autoridad competente.
También se impondrán de tres a seis años de prisión y multas de tres a seis mil días de salario mínimo vigente, en el lugar de los hechos, a quien enajene o suministre gas licuado de petróleo o gas natural, con conocimiento de que está entregando una cantidad inferior al tres por ciento de la cantidad que aparezca registrada por los instrumentos de medición para la enajenación o suministro.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Omar Fayad Meneses, advirtió que tan sólo la sustracción ilegal de hidrocarburos, que se realiza por medio de tomas clandestinas, representa una pérdida de alrededor de 40 mil millones de pesos al año, por lo que este tipo delitos se han convertido en una importante fuente de ingresos para la delincuencia organizada.
También comentó que el mercado ilícito de combustibles se ha incrementado significativamente y, al 31 de octubre de este año, se han presentaron cinco mil 561 denuncias. En este sentido, agregó, se determinó “poner punto final” a este delito que afecta de manera grave la economía nacional, y pone en riesgo el medio ambiente, la vida y salud de las familias mexicanas.
El senador Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, destacó que “todos coincidimos” en la necesidad de establecer con precisión las sanciones para quienes se dedican al robo hidrocarburos.
Sin embargo, consideró, las modificaciones que realizó la Cámara de Diputados al proyecto que aprobó por unanimidad el Senado de la República representan un agravio para los consumidores de gasolina, diésel, gas licuado y gas natural, así como una “afrenta” a este órgano del Congreso de la Unión.
Al fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PT, Manuel Bartlett Díaz, dijo que se trata de crear un régimen especial en beneficio de los intereses económicos de las empresas transnacionales y en contra de los mexicanos.
No es una ley que esté a favor del patrimonio nacional o de Pemex, sino una que es establecida para proteger la voluntad hegemónica de los Estados Unidos, apuntó.
Por el Grupo Parlamentario del PRD, la senadora Dolores Padierna Luna dijo que con este ordenamiento los comercializadores de gasolinas ya no estarán obligados a modernizar sus sistemas de medición y podrán expender “litros que no sean de a litro”.
Advirtió que se legalizará el robo al consumidor, quien pagará 1.5 por ciento en cada litro aunque no se le entregue la cantidad completa. Añadió que en el caso de gas licuado de petróleo se legaliza un robo de hasta 3 por ciento por cada kilo, mientras que en el gas estacionario y natural podría ser entre 1 y 3 por ciento.
El senador Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del PAN, señaló que con la apertura del sector energético se busca que haya condiciones favorables de mercado, lo que también implica que los ciudadanos tengan diversas opciones entre diferentes productos.
La minuta establece el robo de hidrocarburos como un delito que tiene sanción de cárcel, “lo que estamos haciendo es darle gradualidad a la ley, para no presumir que todos son malos”, subrayó el legislador.
Al iniciar la discusión en lo general, la senadora Angélica de la Peña, del Grupo Parlamentario del PRD, dijo que preocupan los cambios que se realizaron, porque se minimiza el delito de robo de hidrocarburos, “se eliminó que la persecución de estos delitos sea de oficio”, denunció.
Refirió que hubo cambios realizados por la Cámara de Diputados que no tendrían que aprobarse, como que las multas estén estipuladas en salarios mínimos, ya que ya fue desindexizado; “no es correcto que se apruebe”, dijo.
El senador del PRD, Fernando Mayans Canabal, dijo que está a favor de sancionar y tipificar todas aquellas conductas que son perniciosas para el Estado y la sociedad, sin que ello signifique criminalizar la movilización social.
La senadora del PAN, Laura Angélica Rojas Hernández, lamentó los cambios hechos por la Cámara de Diputados en materia de acceso a la información, ya que ni siquiera dan margen de interpretación alguna, a los artículos 22 y 23 del dictamen porque están en contraposición con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y del artículo 6to de la Constitución.
Por el PRD, el senador Fidel Demédicis Hidalgo, advirtió que desde el origen de la reforma en materia de hidrocarburos, los intereses privados se pusieron por encima del interés de la nación. Se pretende favorecer a los privados en prejuicio de los consumidores.
El senador Luis Sánchez Jiménez, criticó los cambios de la colegisladora en cuanto a la reducción de las penas por la “ordeña” de ductos, la disminución de los años de prisión a los servidores públicos que cometan actos de corrupción, así como las de enajenación o suministro de gas natural y licuado de petróleo.
En contra del dictamen, el senador Víctor Hermosillo y Celada, del PAN, preguntó si en verdad con esta ley “vamos a parar el robo de combustibles”, que se lleva a cabo en contubernio entre dependencias, crimen organizado y “empleados de la misma”.
A su vez, el senador Mario Delgado Carrillo señaló que este nuevo ordenamiento debería tratar las sanciones en toda la cadena de los hidrocarburos, pues solamente se considera que puede haber robo en el último eslabón, que es en la venta.
La senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI, dijo que la iniciativa refleja la capacidad de reacción del Congreso para solucionar problemas como el robo de hidrocarburos, que este año dejó pérdidas por alrededor de 40 mil millones de pesos. “Quienes han cometido estos delitos han golpeado las finanzas del país”, comentó.
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