Número-834

• Pide al titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, promover la reorientación de sus atribuciones en materia de reinserción social.
• Solicita al Ejecutivo fortalecer la estrategia nacional y a reorientar las políticas públicas para garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.

El Senado de la República aprobó once dictámenes con punto de acuerdo, entre los que destaca el que solicita al gobierno federal y a 32 entidades federativas fortalecer la coordinación y la implementación de políticas públicas, planes, acciones y programas para prevenir y eliminar la discriminación en el país.
El dictamen apunta que en el país el principio de igualdad y el derecho a la no discriminación para todas las personas está reconocido en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que prohíbe toda distinción, exclusión o restricción basada en condición social, sexo, edad --entre otras-- que impidan o anulen el reconocimiento o ejercicio de derechos.
Además, expone que un objetivo prioritario es lograr una política de Estado en la materia, que garantice que las autoridades asuman el respeto y la garantía de los derechos humanos como una práctica cotidiana.
Otro dictamen, solicita al titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, Eduardo Guerrero Durán, que impulse la armonización de la normatividad interna de la dependencia a su cargo y promueva la reorientación de sus atribuciones en materia de reinserción social, de acuerdo con el mandato de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 11 de junio de 2011.
El documento expone que el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, debe ser una instancia que contribuya al fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mediante la aplicación de la política penitenciaria para la readaptación a la vida social y productiva de los sentenciados.
Otro dictamen solicita al titular del Ejecutivo federal fortalecer la estrategia nacional y reorientar las políticas públicas para garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, en aras de revertir las condiciones de los centros de reclusión de nuestro país, que se desprenden del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2014, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Asimismo, el Senado aprobó solicitar al gobierno federal y a los gobiernos de las entidades federativas que, en estrecha coordinación, instrumenten y fortalezcan las políticas de prevención y atención del desplazamiento interno forzado, atendiendo de manera particular las violaciones a los derechos humanos derivadas de las personas y comunidades víctimas de este fenómeno.
Los legisladores exponen que el desplazamiento en México se ha convertido en uno de los retos más urgentes para el Estado mexicano, ya que los desplazados huyen de su residencia habitual debido a actos criminales y violaciones de derechos humanos, cometidos en su contra o hacia su familia, o bien como consecuencia del temor fundado de ser víctimas, ante un clima generalizado de inseguridad y de impunidad.
Solicita al gobierno federal que diseñe e implemente mecanismos de política fiscal y social que garanticen el acceso a servicios y la satisfacción de necesidades básicas, bajo un enfoque de derechos humanos y priorizando a las personas en condición de pobreza extrema y carencia alimentaria.
El Senado también solicitó al Poder Ejecutivo Federal un informe sobre el criterio utilizado para la elección de candidatos, en postulaciones para organismos internacionales.
Además, la Cámara de Senadores aprobó en total once dictámenes de la Comisión de Derechos Humanos, todos con punto de acuerdo.

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