Número-824

• Dota de mejores herramientas de transparencia en el manejo de recursos públicos.
• Se aplicarán de mecanismos y técnicas más eficientes de planificación y gestión

El Senado remitió al Ejecutivo Federal la nueva Ley de Tesorería de la Federación, a partir de la cual se aplicarán mayores y mejores medidas de transparencia y control de los recursos públicos, aprovechándose la evolución de los sistemas recaudatorios y mecanismos de pagos cibernéticos.
De igual forma se concede mayor certeza jurídica a la Tesofe –dependiente de la Secretaría de Hacienda--, a partir de mecanismos y técnicas más eficientes de planificación y gestión.
Lo anterior al aprobar el dictamen correspondiente, del cual destaca que la Tesofe estará obligada a la rendición de cuentas respecto a las funciones conferidas, de las cuales destacan: recaudación de recursos y valores de la propiedad o al cuidado del gobierno federal.
Igualmente será responsable inversión de las disponibilidades, conforme a las políticas emitidas por el Comité Técnico, y la custodia de recursos y valores de la propiedad o al cuidado del gobierno federal.
Se encargará además de los pagos a que se refiere esta ley, así como de la calificación, aceptación, control, custodia, sustitución, cancelación y devolución, según proceda, de las garantías no fiscales cuyo beneficiario sea el gobierno federal.
En cuanto a las multas administrativas impuestas por autoridades federales, jurisdiccionales o administrativas a favor de la Tesofe, serán catalogadas como créditos fiscales y deberán remitirse para su cobro al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Para el cumplimiento de estas y otras obligaciones, Tesofe creará y operará el Sistema de Cuenta Única de Tesorería (CUT), cuyo objetivo es lograr administración unificada de los recursos públicos federales.
Otras de las funciones que precisa son: La Tesofe podrá designar como “auxiliares” para la realización de sus funciones a: unidades administrativas competentes de las dependencias, entidades, tribunales federales administrativos, dependencias y entidades paraestatales de los estados, los poderes Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas.
También los órganos constitucionales autónomos de la Federación y de las entidades federativas, ayuntamientos, entidades paramunicipales y órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como el Banco de México, instituciones de crédito y entidades financieras autorizadas y particulares, entre otros.
El objetivo, apunta el escrito, es fortalecer los mecanismos existentes para preservar la estabilidad financiera, proteger las finanzas públicas de los riesgos del entorno macroeconómico externo, fomentar un gasto eficiente y transparente, y consolidar el marco institucional.
En artículos transitorios se especifica que la nueva Ley de Tesorería entrará en vigor el 1 de enero del ejercicio fiscal siguiente al de su aprobación, es decir de 2016, por lo que se abrogarán las leyes del Servicio de Tesorería de la Federación y del Servicio de Inspección Fiscal.

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