Número-790

• Candidatas a ministras asistieron a una comparecencia transparente y amplia que contó con la participación de senadores y sociedad civil.
• Coinciden senadores en que se necesita cambiar modelo constitucional para la designación de ministros.

El Pleno del Senado de la República designó a Norma Lucía Piña Hernández como Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que en votación por cédula reunió la mayoría constitucional de dos tercios de los votos a favor, con 79 sufragios de un total de 111.
El presidente de la Mesa Directiva, Roberto Gil Zuarth, informó que esta designación se comunicará al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), e indicó que se convocará a la Ministra Piña Hernández para que acuda a rendir la protesta constitucional respectiva, en la próxima sesión.
Previamente, la asamblea respaldó el dictamen --86 votos a favor y 21 en contra-- que establece que Norma Lucia Piña Hernández, Sara Patricia Orea Ochoa y Verónica Judith Sánchez Valle, propuestas por el Presidente de la República para sustituir a la Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, reúnen los requisitos constitucionales para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Fernando Yunes Márquez, presidente de la Comisión de Justicia, afirmó que este órgano legislativo realizó un procedimiento transparente y amplio, que permitió una mayor participación de la sociedad civil para confirmar que los aspirantes cumplen con los requisitos que establece la Constitución Política.
Asimismo, destacó, hubo una apertura total a la participación de los senadores que quisieron participar, además de que en las comparecencias de las candidatas y candidatos --que tuvieron una duración de más de 28 horas-- se recibieron 95 intervenciones por parte de legisladores y 17 de la sociedad civil.
No obstante, consideró que el modelo constitucional para la integración de la SCJN está agotado, pues su diseño normativo se muestra “pobre” en la lógica del crecimiento institucional y democrático del México contemporáneo.
Por ello, hizo un llamado a los senadores para cambiar el actual modelo de designación de ministros: propongamos, debatamos y lleguemos a un acuerdo que satisfaga a todos nuestros representados para integrar el tribunal, subrayó.
La senadora Martha Tagle Martínez presentó un voto particular y dijo que el Presidente de la República no cumplió con las expectativas de la sociedad al presentar las ternas de candidatos, pues no están a la altura de lo que se requiere en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Del mismo modo, el senador Manuel Bartlett Díaz, coordinador del Grupo Parlamentario del PT, pidió rechazar las ternas enviadas por el titular del Ejecutivo federal, pues los candidatos y candidatas carecen de autonomía judicial y no garantizan independencia en su actuación.
Al fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PT, la senadora Layda Sansores San Román dijo que se trata de una “simulación” y consideró que el Senado es “impermeable a la crítica e indiferente a las exigencias ciudadanas”.
Señaló que con esta decisión se violó el derecho a tener un tribunal independiente, imparcial y autónomo, pues se alteró el procedimiento de elección de los ministros. No obstante, reconoció la labor del presidente de la Comisión de Justicia.
Por el Grupo Parlamentario del PVEM, el senador Gerardo Flores Ramírez recalcó que no se debe descalificar a la Suprema Corte; quien afirme que se trata de conformar un tribunal a modo lo hace a partir de su ignorancia, apuntó.
Opinó que México requiere de ministros respetuosos de la legalidad, conocedores de los máximos principios constitucionales y del derecho internacional, que tengan un compromiso con la justicia y la democracia, en un contexto nacional donde los derechos humanos son piedra angular del sistema jurídico.
Tras reconocer que se realizó un proceso amplio e incluyente, el senador del Grupo Parlamentario del PRD, Luis Humberto Fernández Fuentes, dijo que en la terna integrada por mujeres “las comparecencias fueron desafortunadas y en algunos casos sin rigor técnico, sin carácter, llenas de obviedades, lugares comunes y argumentaciones desordenadas. No hubo la intención de enviar una terna seria”.
Mencionó que cualquiera de las integrantes de la terna dista mucho de ser un avance, pues no tienen las características suficientes para ser ministras. Además, subrayó que se debe distinguir entre legalidad e idoneidad, ya que “probablemente cumplan requisitos legales” pero no con la idoneidad. Votar por ellas es excluyente de las mujeres capaces y talentosas que tienen más derecho a aspirar el puesto, concluyó.
Del Grupo Parlamentario del PAN, la senadora Pilar Ortega Martínez dijo que la Comisión de Justicia llevó a cabo un proceso serio, transparente y apegado estrictamente a lo que establece la constitución, sin embargo es necesario crear un nuevo sistema de designación, para responder a los retos que tiene nuestro país, para convertirse en un auténtico Estado democrático de derecho.
Afirmó que los candidatos y candidatas tienen gran valía y responsabilidad para asumir con dignidad la función de ministros, por ello, los jueces que aquí se elijan, deben velar por el respeto de la Constitución, pues jugarán un papel es fundamental.
Por el Grupo Parlamentario del PRI, Ivonne Liliana Álvarez García aseguró que el Poder Judicial constituye una institución fundamental para asegurar la democracia, la aplicación del Estado de derecho y la estabilidad de la República; por ello, el papel que desempeñan los ministros es esencial para mantener el orden constitucional y salvaguardar el equilibrio entre los diferentes poderes de la Unión.
El Presidente demuestra su gran compromiso con las mujeres, al enviar una terna conformada únicamente por candidatas para ocupar el cargo de ministras, todas ellas con una amplia y reconocida trayectoria en el Poder Judicial, lo que resulta un hecho inédito y que pone de manifiesto el papel cada vez más destacado de las mujeres, puntualizó.
En la discusión en lo general, el senador del Grupo Parlamentario del PRD, Isidro Pedraza Chávez advirtió que algunos de los perfiles que integran las ternas han sido cuestionados y cuestionables, por las actuaciones públicas que han desarrollado, “por ello, llamamos a la reflexión para que este dictamen sea rechazado”.
El Presidente falta a la inteligencia y el respeto de los mexicanos al hacer la composición de ternas, donde no se preocupa de las capacidades suficientes y el prestigio necesario para ocupar un cargo en el Poder Judicial, porque nosotros aspiramos a un órgano que tenga una independencia real, concluyó.
El senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del PT, aseguró que los candidatos están vinculados a políticas determinadas, con una formación y dependencia al presidente Enrique Peña, lo que llevará a que no haya independencia en la Suprema Corte. “Están comprometidos, no son independientes”.
Señaló que en la terna de mujeres no se eligió a alguien que tenga el más alto nivel de conocimiento, ni de la mayor autonomía. Nadie está diciendo que la mujer no tiene calidad, al contrario; son las mejores en el sistema judicial, pero no se analizaron las características como lo exige la Constitución.
El senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD, se pronunció en contra y cuestionó si la decisión de nombrar ministras y ministros tendrá la altura y dimensión que requiere el país, en temas como la escapatoria del Chapo, Ayotzinapa, Tlatlaya o los asesinatos de Tanhuato.
La candidata Norma Piña, si bien merece todo mi respeto por ser mujer, por ser profesional, no merece mi voto porque representa el último lugar en desempeño de todas magistradas de circuito de una gráfica que dio a conocer el Poder Judicial, agregó.
A su vez, la senadora del Grupo Parlamentario del PAN, Adriana Díaz Lizama, defendió la terna de las mujeres, al mencionar que se requiere abrir espacios de desarrollo y oportunidades para las mujeres, pues todos los perfiles tienen una larga trayectoria.
Este no es un asunto de solidaridad de género, sino de debate sobre congruencia de principios y de consistencia política, “en esta decisión quedará de manifiesto nuestro discurso igualitario es una pose de la cual extraemos rentas políticas o una convicción con la que orientamos nuestras agendas”, insistió.
Al fijar su postura en contra del dictamen, el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD, enfatizó que la división de poderes es indispensable para la existencia del Estado democrático y el ejercicio de las libertades, pero este principio también implica la autonomía de cada poder.
Sin embargo, acotó, “el viejo régimen y el presidencialismo exacerbado que padecimos durante el siglo pasado, se encargaron de dar al traste con la división de poderes y el Presidente de la República terminó controlando descaradamente a los poderes Legislativo y Judicial”.
Del mismo grupo parlamentario, la senadora Angélica de la Peña Gómez dijo que a nivel internacional existe la tendencia de que no sea el titular del Ejecutivo federal quien propongo a los candidatos para ocupar el cargo de ministros en los máximos tribunales “y creo que ese debate lo tenemos que hacer”.
Reconoció que, derivado de la lección del anterior ministro, “estamos en una crisis de un método establecido en los artículos 95 y 96 de la Constitución, que tiene que ser revisado”.
Fidel Demédicis Hidalgo, también senador del PRD, manifestó que se trata de garantizar la independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, humanismo y prudencia de un juzgador; y sea hombre o mujer, si no cuenta con estas características no puede formar parte del máximo tribunal del país.
“No vamos a bajar la guardia hasta que los juzgadores estén en la Suprema Corte de Justicia de la Nación o en el Poder Judicial a partir de sus méritos y no de consignas o de cuotas”.
Del Grupo Parlamentario del PRI, la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la instancia más inequitativa de los Poderes de la Nación; “tendríamos que estar pensando que si son 11 ministros, ahora solamente tenemos uno, y le estamos regateando la llegada a una mujer”, comentó.
Subrayó que es urgente trabajar para revertir la tendencia que marca la participación mayoritaria de los hombres en el Poder Judicial. Enfatizó que la designación de los ministros es un tema de género y de igualdad de oportunidades.
El senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PRD, señaló que se está ante un problema de legitimidad, de la enorme brecha entre lo que el país necesita y lo que el Presidente piensa que es mejor.
Determinó que si existe un compromiso con las mujeres, los senadores deberían rechazar las ternas propuestas y solicitar al Presidente que envíe dos nuevas ternas de mujeres; “no es un asunto de género ni discriminatorio”, dijo.
La senadora Martha Tagle Martínez refirió que la discusión para elegir a los magistrados de la SCJN se centra en un falso discurso de género; y que si hubiera un compromiso del titular del Ejecutivo federal con la igualdad sustantiva, hubiera enviado dos ternas de mujeres.
Dijo que no existe equidad de género ni igualdad de condiciones en las propuestas, porque el Ejecutivo envió ternas a modo, con la pretensión de que las personas que sean elegidas no tomen decisiones autónomas.
En rechazo a la terna, el senador por el PRD, Zoé Robledo Aburto, consideró que el debate se limitó al tema de género, cuando lo que amerita en el nombramiento de nuevas ministras de la SCJN es la elección de las figuras más calificadas y así garantizar la aplicación de la justicia en el país.
Bajo este argumento cuestionó al Pleno senatorial si las tres mujeres que integran la terna propuesta por el Presidente de la República son las mejores abogadas de México, o si son las más talentosas del Poder Judicial.
En respuesta, la senadora Blanca Alcalá Ruiz, del PRI, aseveró que la idoneidad de las aspirantes no se califica por grados académicos o premios y reconocimientos, sino por la honorabilidad y la trayectoria académica.
Calificó de injusto que se pretenda imponer a las candidatas a una doble exigencia meritocrática, y afirmó que es necesario evaluar de manera correcta el trabajo de las mujeres y no sólo descalificar a partir de datos erróneos.

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