Número-613

• El objetivo es que todas las entidades federativas haya bases jurídicas para erradicar eficazmente la violación de derechos humanos: senadora De la Peña Gómez
• La propuesta se elaboró de la mano con el Alto Comisionado de la ONU, afirmó subprocurador Betanzos Torres

El Ejecutivo federal presentará ante el Senado una iniciativa para la conformación de la Ley General Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, a fin de homologar la norma en todas las entidades federativas y sea posible erradicar este delito violatorio de los derechos humanos y garantías individuales.
Así se informó durante el conversatorio sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, convocado por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, durante el que especialistas, autoridades y representantes de organizaciones sociales se pronunciaron a favor de fortalecer las acciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
De la Peña Gómez, senadora por el PRD, destacó que el objetivo del Senado, como cámara impulsora de la nueva le, es que haya una sola norma en materia de tortura en el país, pues actualmente “hay entidades que no lo tienen tipificado debidamente, y en algunas ni siquiera existe el tipo penal”.
Lo anterior, abundó, requiere de la revisión de la legislación en la materia, pues es necesario tener claridad en las modificaciones legislativas necesarias “para garantizar que el Estado de Derecho funcione, y en ese sentido la revisión de la Ley Contra la Tortura tiene que ver con la revisión también de las leyes de Ejecución Penal, y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.
De la Peña Gómez advirtió que “la sociedad mexicana está harta de que digamos muchas cosas, pero concretemos pocas acciones para cambiarlas” y de ahí la importancia de escuchar las voces de expertos, de la sociedad organizada, así como de las autoridades de gobierno.
Fue en este contexto que el titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR) Eber Omar Betanzos Torres, anunció que en breve el Ejecutivo federal presentará dicha iniciativa, cuyo objetivo es establecer las bases sólidas para contar con un mecanismo nacional más efectivo en la prevención y erradicación de la tortura.

La iniciativa, puntualizó, que será puesto a consideración del Senado, registra un punto de coincidencia de legisladores y representantes de organizaciones sociales: la necesidad no sólo reconfirmar compromisos internacionales en materia de derechos humanos, sino es establecer los lineamientos para su cabal cumplimiento.

Por ello, puntualizó, el anteproyecto de la propuesta incluye en un capítulo específico la regulación para garantizar de manera integral la prevención de los delitos de tortura a través de un mecanismo nacional con una mirada de que el ciclo de políticas públicas atienda la realidad cotidiana de la población.
En cuanto centros de privación de la libertad, abundó, se prevén facultades del presidente de la CNDH para que puede invitar de manera permanente a personas, instituciones o representantes de la sociedad civil, academia, organismos nacionales e internacionales, a realizar visitas programadas o no, así como participar en otras medidas de supervisión.
Ello a fin de que estos especialistas aporten sus conocimientos y experiencias respecto a la operación del mecanismo, lo cual marcará las facultades para contar con un director ejecutivo quien será responsable de expedir las bases de funcionamiento y organización del sistema nacional de prevención, atendiéndose parámetros máximos en derechos humanos.
Permitirá también implementar los mecanismos para contar con información estadística respecto al número de personas privadas de su liberad, lugares de privación de libertad y su ubicación física, entre otros datos.

Betanzos Torres anunció igualmente que la PGR presentara “en unos días”, ante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, un anteproyecto de indicadores en materia de derechos humanos, el cual se elaboró también de la mano de la oficina del Alto Comisionado de la ONU.
El propósito es instituir una evaluación de las políticas públicas, tanto en lo concerniente a su diseño como operación. “Ello implica el acceso –de autoridades de la CNDH y organizaciones sociales- a la información sobre el trato de las personas privadas de la libertad, condiciones de su detención, y –subrayó- establecer un acceso sin ningún tipo de restricción a los lugares de privación de libertad, así como el que puedan entrevistarse con las personas privadas de su libertad”.
Estas y otras acciones, enfatizó el funcionario de la PGR, tienen el objetivo de fortalecer el mecanismo de prevención de la tortura, tratos inhumanos y degradantes, así como empatar sanciones penales contra los responsables e incluso aquellos que hayan tolerado la comisión de estos delitos.
Especificó que la iniciativa plantea en los artículos 1º y 29 establecer los fundamentos para dar cumplimiento al Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura de la ONU y las directrices relativas a los mecanismos nacionales de prevención.
Asistió al evento la senadora Adriana Dávila Fernández, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos.
Participaron Verónica Berber, representante de Asistencia Legal por los Derechos Humanos ASILEGAL; María Sirvent Bravo Ahuja, de la organización Documenta; Miguel Sarre Íguinez, investigador del ITAM; Ernesto López Portillo Vargas, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia; Ruth Villanueva Castilleja, tercera visitadora general de la CNDH; y Miguel Nava Alvarado, presidente de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro, quienes coincidieron en la necesidad de que dar una mayor apertura a las organizaciones de la sociedad civil en las acciones que realizan autoridades y la CNDH en la prevención contra la tortura.

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