Número-593

• La Ley de Hidrocarburos omite la obligación de todo particular o de las Empresas Productivas del Estado de finiquitar la transacción con comuneros y particulares.
• Si bien la reforma energética y su instrumentación está en marcha, al menos es indispensable dar un poco de certeza jurídica a los propietarios de las tierras, dijo.

El senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT, presentó una iniciativa para modificar la Ley de Hidrocarburos, con la finalidad de establecer como obligación y requisito el pago de tierras, en donde empresas particulares quieran explotar hidrocarburos.
Así se daría certeza jurídica a los propietarios de los predios sobre la liquidación, y no tendrían que esperar décadas para que reciban la contraprestación pactada con las empresas del sector energético, comentó el legislador.
Explicó que la Ley autoriza a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a revocar las autorizaciones ya asignadas a particulares bajo tres supuestos: cuando no otorguen o no mantengan en vigor las garantías o seguros requeridos conforme a la regulación aplicable; cuando no cumplan con la regulación que emita la Comisión Nacional de Hidrocarburos; y cuando no realicen el pago de las contribuciones y aprovechamientos correspondientes por su otorgamiento.
Sin embargo, la Ley de Hidrocarburos omite la obligación de todo particular o de las Empresas Productivas del Estado de finiquitar la transacción con ejidatarios, comuneros o cualquier particular que quiera rentar sus terrenos.
La falta de esta especificación en la ley, deja en estado de vulnerabilidad a todo propietario de tierras, enfatizó el senador David Monreal; por lo que es de esperarse que ocurra lo mismo con las nuevas figuras creadas en la Constitución con la finalidad de cubrir las necesidades energéticas del país, dijo.
Detalló que los ejidatarios de los terrenos del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), hasta el año 2002 aún no finiquitaban el pago de sus tierras, a pesar de haber transcurrido más de cincuenta años de que les fueron arrebatadas.
“Incluso, señalan que los terrenos en los que se realizó la última ampliación del AICM, entre 1999 y 2000, también eran propiedad ejidal, y nunca se hizo un pago, y que se suman a los que hoy son utilizados para el área de aduanas y al espacio que ocupa Aeropuertos y Servicios Auxiliares”, comentó.
Otro ejemplo, ocurrió en Mérida, entre habitantes del ejido “Cinco Colonia”, quienes desde el año 1994 y hasta julio de 2014 no habían recibido el pago por el “arrebato” de sus tierras por parte del gobierno para la construcción del aeropuerto internacional “Manuel Crescencio Rejón”, quienes aseguran que se les adeudan alrededor de 500 millones de pesos por la superficie ocupada, explicó.
“Si bien la reforma energética y su instrumentación está en marcha, al menos es indispensable dar un poco de certeza jurídica a los propietarios de las tierras que serán objeto del saqueo de la riqueza nacional, para que reciban la justa retribución por sus tierras”, dijo el senador David Monreal.
La propuesta del legislador petista fue turnada a las comisiones unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera para su dictaminación, y a la Comisión de Reforma Agraria para que dé su opinión.

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