Número-575
- En México se privilegia la persecución del delito sobre la prevención del mismo.
- La iniciativa busca establecer objetivos específicos y acciones que atiende el Programa Nacional para la Prevención Social de la violencia y la delincuencia.
Salazar Fernández indicó que nuestro país se ha caracterizado por asignar más recursos al combate reactivo de la seguridad pública, y privilegia la persecución del delito sobre la prevención. Prueba de ello, dijo, es que en el año 2013, a nivel federal, el 87 por ciento del gasto se concentró en gasto corriente para combatir la delincuencia, mientras el recurso destinado a la prevención fue mucho menor.
El legislador expuso que su propuesta, turnada a las comisiones unidas de Seguridad y Estudios Legislativos, Segunda, busca que los objetivos específicos y acciones del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia no sean resultado de buenas intenciones u ocurrencias, sino que se establezcan a partir de diagnósticos, sustentados en información objetiva sobre los factores de riesgo delictivo, y las diversas formas de violencia y delincuencia que afectan a la población.
La iniciativa plantea incorporar el programa de trabajo anual, un plan de evaluación que tomará en cuenta la participación de la sociedad civil para identificar qué acciones, estrategias y nivel de intervención tienen impacto real en la prevención social de la violencia y la delincuencia.
Señaló que es importante transitar de un modelo reactivo, centrado en la persecución y el castigo, hacia un modelo preventivo basado en resolver las causas que originan el delito para obtener un cambio en la situación de la seguridad en el país.
Subrayó que resulta necesario que el marco jurídico provea la mayor cantidad de mecanismos para evitar que los recursos de un elemento fundamental como la prevención social del delito, también se utilicen para fines electorales.
Salazar Fernández expuso que la iniciativa busca establecer acciones encaminadas a la identificación y eliminación de las causas del delito, así como a la reducción de factores que permiten su desarrollo y fortalecimiento.
Además, establecer procesos de focalización, mecanismos de seguimiento y evaluación; determinar los contenidos de los programas de trabajo anual; y los organismos a consultar para el diseño del plan de evaluación; e indicar que la distribución de recursos para estos fines, en los tres órdenes de gobierno, se hará con base en diagnósticos previos.
Con estos objetivos, la iniciativa propone modificar los artículos 2 de la Ley de Planeación; y, el 20, 21 y, 28 de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
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