Número-549

• Al Senado de la República le interesa acompañar el acuerdo López Venegas, que sienta un precedente en materia migratoria en Estados Unidos: Gil Zuarth.
• El acuerdo permite regresar a los migrantes deportados del sur de California, mediante una salida voluntaria, para exponer su caso ante un juez.

México y Estados Unidos tienen una deuda permanente con los migrantes, porque aquí no se han generado oportunidades para ellos, y allá no les permiten ser ciudadanos con derechos plenos, subrayó el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Roberto Gil Zuarth, durante la conferencia “Inmigrantes mexicanos en Estados Unidos: el caso de Isidora López Venegas”.
Expuso el caso de Isidora López que interpuso y ganó una demanda colectiva, a través de la Unión por la Libertad de Civiles Americanas (ACLU, por su nombre en inglés) contra el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, el Customs and Border Protection y la Patrulla Fronteriza.
El proceso inició en junio de 2013 y se resolvió en agosto de 2014, lo que originó un acuerdo, conocido como López Venegas, que permite que personas que fueron obligadas a firmar una salida voluntaria de ese país, puedan regresar e interponer su caso ante un juez.
El senador Gil Zuarth dijo que al Senado de la República le interesa acompañar y conocer de cerca este caso relevante, que sienta un precedente en materia migratoria en Estados Unidos, donde actualmente se realizan campañas electorales con mensajes xenófobos y racistas.
“Es un momento crucial para la discusión sobre la migración irregular hacia los Estados Unidos, y existe la necesidad de que desde México visibilicemos que ustedes han hecho una gran aportación, han abierto un precedente relevante que puede ayudar a una familia a reencontrarse”, comentó.
Enfatizó que se debe insistir en reparar la justicia y borrar las fronteras, porque estas separan a las naciones, pero al final son desafiadas por las personas en busca de oportunidades para mejorar sus condiciones de vida.
Cabe destacar que las personas que recibieron una salida voluntaria del sur de California, entre el 1 de junio de 2009 y el 28 de agosto de 2014, pueden añadirse al acuerdo; los requisitos son: calificar al momento de su expulsión para la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).
En segundo término, personas con una petición familiar pendiente, es decir, la forma I-130; haber vivido diez años o más en Estados Unidos; o haber entrado con algún permiso o visa. La fecha límite es el 23 de diciembre de 2015.
También se puede realizar una llamada gratuita al 01 800 681 6917; consultar la página de Facebook “Mi salida voluntaria”; la página de Internet www.misalidavoluntaria.org; o el correo electrónico: avd@aclusandiego.org
En teleconferencia desde Estados Unidos, Isidora López Venegas contó que fue detenida en 2001 por la Patrulla Fronteriza, y obligada a firmar una solicitud de salida voluntaria.
“Estaba por llegar a un restaurante a cenar con mi familia y ahí llegaron ellos, me interceptaron y estaban vestidos de civil. Me preguntaron si tenía documentos legales para estar en Estados Unidos. Les mostré mi visa, pero estaba vencida”, detalló.
“Después de haberme interrogado, me subieron en una patrulla y me llevaron a un centro de detención, en el cual nos forzaron y nos intimidaron mucho para que firmáramos la salida voluntaria”, contó.
Anna Castro, estratega de comunicación de la ACLU, dijo que desde que inició la administración de Barack Obama, ha habido un número récord de deportaciones, lo que afecta la unidad familiar de las personas deportadas.
“La realidad es que ahora en los Estados Unidos uno de cada 15 niños tiene un padre con estatus migratorio ilegal, y casi cada uno de esos 15 niños son ciudadanos americanos”, especificó.
Dijo que los propósitos de la demanda fueron: hacer reformas a la forma en que se administra la salida voluntaria; acceso a información acerca del tipo de deportación que se le ofrece a los migrantes; y que quienes ya habían sido deportados tuvieran la oportunidad de regresar a Estados Unidos.
Mediante el acuerdo, “no regresan con Green Card, con visa o estatus legal, pero sí con la posibilidad de pelear su caso individual frente a un juez”, subrayó.
La ACLU se encargará de monitorear cómo se implementa el acuerdo por tres años, es decir, visitarán los centros de detención y las oficinas en que se administra una salida voluntaria, para asegurarse de que los requerimientos del acuerdo se cumplen.
Esmeralda Flores, asociada binacional de la ACLU, explicó que después de una primera llamada, quienes fueron deportados son entrevistados para verificar que cumplen con los requisitos; después se realiza una segunda entrevista con un abogado de migración, quien define si la persona es candidata.
“Si es aceptada, cuenta con 45 días para darnos una resolución y después de eso, la persona también cuenta con 45 días para hacer sus ajustes y planes necesarios para trasladarse a Estados Unidos”, explicó.
En la conferencia “Inmigrantes mexicanos en Estados Unidos: el caso de Isidora López Venegas”, también estuvieron presentes las senadoras Luisa María Calderón Hinojosa, Silvia Garza Galván y el senador Jorge Luis Lavalle Maury.