Número-548

• Nueva ley del agua debe contemplar aspectos prioritarios como el abasto a las futuras generaciones y el uso sustentable para el desarrollo económico.
• Es necesario que la Conagua cumpla con sus funciones de evitar la sobreexplotación y el mercado negro del líquido.

Diversos especialistas consideran que es necesario que la nueva ley general de aguas establezca mecanismos para revertir la incapacidad de la Comisión Nacional de Agua (Conagua) de hacer cumplir las normas con el fin de evitar la sobreexplotación mediante pozos clandestinos, además de combatir el mercado negro.
Lo anterior, durante las conclusiones del II Coloquio Nacional Agua Subterránea en México, que contó con la participación de expertos internacionales y nacionales en hidrología, en coordinación con organizaciones sociales, a invitación de la presidenta y secretaria de la Comisión de Cambio Climático, las senadoras Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN; y Luz María Beristain Navarrete, del Grupo Parlamentario del PRD.
El biólogo Joel Romero Carmona destacó la necesidad de que haya una redefinición de la importancia del agua para la sustentabilidad del desarrollo ambiental y también en lo económico, pues es indispensable en la agricultura, ganadería, industria y servicios, por lo que se debe hacer efectivo el cobro del impuesto ecológico dentro de la Ley de Ingresos.
En 2015, enfatizó, se marca cero recaudación en impuestos ecológicos, cuando se requieren con urgencia recursos para el ordenamiento de acuíferos y un programa nacional de contingencias hidráulicas, además de la formación de especialistas para ofrecer asesoría en los municipios sobre la responsabilidad de la comunidad en el cuidado de los mantos acuíferos, así como a las empresas en lo concerniente al mejor aprovechamiento y los cuidados técnicos para evitar su contaminación.
A fin de hacer cumplir el pago del impuesto ecológico, apuntó, la propuesta ciudadana es que en la nueva ley general haya una redefinición de los acuíferos, a fin de incluir los 20 tipos de agua que existen --actualmente sólo se reconocen tres-- y que se reconozca su importancia en la soberanía alimentaria.
En lo anterior coincidieron los expertos españoles Elisabet V. Wehncke y Juan María Fornés, al puntualizar que el derecho al acceso al agua debe abarcar las garantías de las comunidades y ciudades de que contarán con abasto suficiente; y dar prioridad a las necesidades y demandas por parte de la sociedad, por encima de los intereses de negocios, empresas e industria.
Pero también es necesario, acotaron, establecer la corresponsabilidad de la sociedad en el uso y protección del agua, por lo que dentro de la nueva ley debe observarse la existencia de representantes sociales que cuenten con la información necesaria, así como establecer la regionalización y redefinición de los mantos acuíferos con base al entorno ambiental y sociocultural.
Lo anterior hace indispensable que la legislación establezca como una obligación el monitoreo de los mantos acuíferos y seguimiento de planes de manejo, tratamiento integral del agua, adquisición y desarrollo de tecnología y capacitación de personal, como parte de un compromiso institucional y de una visión eco-sistémica que garantice el acceso equitativo al agua dándose prioridad a la población por encima de las empresas.
Apremia, afirmaron, que México cuente con una red de laboratorios de alta calidad para la medición de agua; poner en marcha mecanismos de medición de los mantos acuíferos, pues es fundamental tener una base de datos para el diseño de marcos de control del uso del agua, así como impulsar a nivel pos grado la formación de expertos en hidrología.
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El especialista Enrique Nájera Chávez destacó que aun cuando Conagua ha declarado 146 zonas de veda para la extracción de agua subterránea, se mantiene la perforación de pozos clandestinos, sumándose a esto que existe un sub-registro de 40 por ciento de los presuntamente autorizados en localidades de todo el país.
A lo anterior se agrega la falta de regulación en la transmisión de derechos para la sustracción de agua, agregó, lo cual ha derivado en el aumento del mercado negro sin posibilidad de que se logre frenar la sobreexplotación.
Además, afirmó, hay políticas del agua que no promueven el ahorro del vital líquido, por el contrario, pues advierte a los productores agropecuarios que si no utilizan el total de litros autorizados para sus labores, les reducirán la cuota de agua para el siguiente ciclo, por lo que en ocasiones se procede a su desperdicio.
La experta Verónica Chávez apuntó por su parte que no existe coordinación entre las políticas nacional, estatal y municipal, por lo que actualmente la explotación del agua depende de los intereses del gobierno, así como de los políticos y económicos.
A ello se suma que las autoridades de gobierno no integran la participación ciudadana, lo cual es evidente en que los planes económicos de desarrollo urbano no contemplan aspectos prioritarios como la seguridad en agua para garantizar dotación de las siguientes generaciones.
Finalmente, Gonzalo Hatch Kuri, hizo énfasis en que en la iniciativa ciudadana que se impulsará desde el Senado, se incluyan las aguas transfronterizas como un tema de seguridad nacional, al ser indispensable el abasto a la población y para la soberanía alimentaria.
Apuntó que en la iniciativa de gobierno, el tema de aguas subterráneas transfronterizas “es invisible”, cuando en Estados Unidos se aborda como un tema de seguridad nacional, porque es fundamental para la vida humana y el desarrollo de actividades económicas primarias y secundarias.
Recordó que se encuentran en la agenda binacional las negociaciones en torno al compartimento de aguas subterráneas. “La pregunta es ¿cómo negociará con Estados Unidos, si México no incluye en su propia ley la importancia de estas corrientes?”.
El doctor Xiao-Wei Jiang, tras exponer la experiencia de China, sugirió que México debe de impulsar la educación del cuidado del agua desde el nivel básico, así como la especialización en el estudio e investigación hídricos a nivel licenciatura y posgrado; esto a la par de emprender el uso de tecnologías para la medición y explotación del flujo de agua subterránea.
Finalmente, la experta María del Carmen Carmona coincidió que es fundamental que la nueva ley incluya la definición y protección del agua subterránea, lo que incluye el cobro de derechos por su uso industrial, pues sólo de esta forma México podrá garantizar el derecho de acceso al líquido vital, la alimentación y a la vida misma.
Llamó a los senadores a revisar el uso del agua, tanto en la producción agropecuaria como industrial, pues los empresarios ya manifiestan su beneplácito porque harán uso de un bien nacional sin pagar por él, no obstante que el agua es indispensable para la vida de la población y el desarrollo del país.

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