Número406
- La tortura, como medio para obtener confesiones, declaraciones incriminatorias o como castigo, es una práctica generalizada y sistemática en México: Angélica de la Peña.
- Propone imponer de siete a 20 años de prisión al servidor público que cometa este delito.
La propuesta tiene por objeto establecer los tipos penales y las sanciones en esta materia, definir medidas para su prevención, sentar las bases para la investigación eficaz de hechos presumiblemente constitutivos de estos delitos, así como establecer normas particulares para la reparación a víctimas y la distribución de competencias y formas de coordinación entre los órdenes de gobierno.
En la tribuna del Senado de la República, la legisladora dijo que si bien esta conducta está tipificada en el ámbito federal y en las 32 entidades federativas, “en la realidad debemos reconocer que la tortura, como medio para obtener confesiones, declaraciones incriminatorias o como castigo, es una práctica generalizada y sistemática.
Así, agregó de la Peña Gómez, ha sido señalado por diversos organismos internacionales, entre ellos, el relator especial de las Naciones Unidas, Juan Méndez, y Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La iniciativa precisa que comete tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes el servidor público que --con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, castigo personal, medida preventiva, pena o con cualquier otro fin-- cause a una persona sufrimiento físico o mental, o que sea tendiente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no le provoque dolor físico o angustia psíquica.
Plantea que a quien cometa este delito se le impondrá una pena de siete a 20 años de prisión, de 500 a mil días multa e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o función pública en cualquiera de sus niveles, hasta por el doble de la pena de prisión impuesta
También considera sujeto activo del delito al particular que intervenga con cualquier grado de autoría o participación en la comisión de alguna de estas conductas y se propone una pena de cinco a 15 años de prisión y de 350 a 500 días multa.
Además, entre otros puntos, se plantea la creación de un registro nacional de personas detenidas, que deberá ser alimentado en tiempo real.
Angélica de la Peña argumentó que en el informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “se constató la grave crisis de derechos humanos que vive México, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia, falta de acceso a la justicia, impunidad y el uso generalizado de la tortura para obtener confesiones”.
“Ocultar esta realidad --expuso ante el Pleno de la Cámara de Senadores-- no nos lleva absolutamente a ningún lugar”.
La iniciativa, que también reforma otros ordenamientos, se turnó a las comisiones de Derechos Humanos, Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente.