Número-360

• De 1997 a 2013, la población femenil en los centros penales creció un 175.04 por ciento; de 254 mil 469 reclusos, 13 mil 448 son mujeres.
• Nueva Ley Nacional de Ejecución Penal debe tener visión de derechos humanos y perspectiva de género, Segunda Visitaduría de la CDHDF.

Senadores, autoridades del sistema de justicia penal, derechos humanos y representantes de organizaciones de la sociedad civil, resaltaron la urgencia de impulsar una política penitenciaria que incluya las necesidades de las mujeres en reclusión ante el aumento desmedido de estas en los penales.
Durante el foro “Mujeres en el sistema penitenciario: el reto de impartir justicia con perspectiva de género”, la senadora Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN, alertó del incremento de las mujeres en reclusión, pues de 1997 a 2013 la población femenil creció a un ritmo del 175.04 por ciento.
Además, dijo, se mantiene una tendencia de entre cuatro y cinco por ciento de la población penitenciaria total al año. De las 254 mil 469 personas que purgan condenas, 13 mil 448 son mujeres.
Precisó que las entidades con mayor concentración en el número de reclusos son: Estado de México, Jalisco, Distrito federal, Puebla y Baja California, por lo que consideró necesario buscar mecanismos para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres en prisión.
La senadora independiente, Martha Tagle Martínez, consideró urgente contar con medidas alternativas a la prisión preventiva y evitar que haya mujeres privadas de su libertad, ya que miles están afectadas por las condicionen en las que viven.
Éstas se encuentran en condiciones en las que no se garantiza, en lo más mínimo, sus derechos humanos, señaló, por ello en necesario que se revisen los cambios a la legislación para garantizar mejores condiciones para ellas en los centros penitenciarios.
En tanto, Mario Alberto Torres López, director general del Instituto Federal de Defensoría Pública, dijo que el Instituto lleva aproximadamente 80 por ciento de las acusaciones en materia penal federal, y de éstas, 10 por ciento son casos de mujeres.
Consideró que los defensores públicos del Instituto deben tomar en cuenta otros aspectos que vulneran los derechos de las mujeres en los centros penitenciarios, como por ejemplo si son indígenas, por lo que se encuentran en un proceso de preparación en materia de defensa penal con perspectiva de género.
Rosalinda Salinas, directora general de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General la República, dijo que es necesario particularizar el derecho de la igualdad ante la justicia, pero tomando en cuenta que las mujeres delinquen por ciertas razones que están asociadas con la feminización de la pobreza.
Es decir, son relegadas a los trabajos del hogar, pero no reciben una remuneración, lo que hace que las condiciones de desigualdad crezcan, y se tornen decisivas cuando tienen que presentarse ante un tribunal. Por lo que sería recomendable que para la defensa de las mujeres, se hiciera un análisis contextual, no sólo de la comisión del delito, sino también de la persona.
La visitadora de la Segunda Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (NDHDF), Cruz Arteaga, comentó que de los 37 mil 200 hombres, mujeres y adolescentes que hay en los penales, dos mil mujeres están en dos centro de reclusión, lo que representa un alto porcentaje de la población penitenciaria nacional en la capital del país.
Consideró que la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal que se encuentra en el Senado, debe tener una visión de derechos humanos y perspectiva de género, ya que hombres y mujeres no llegan a los reclusorios por las mismas razones.
A su vez, el juez 28° de lo penal, Gerardo Campos Malagón, consideró que el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, contempla medidas alternas que, incluso, pueden ser complacientes con el acusado, pues el Estado le da la oportunidad de “portarse bien” en la sociedad.
Corina Giacomello, del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), destacó que la solución fácil para resolver problemas en los que están involucrados sectores marginales ha sido el abuso en el empleo del derecho penal.
Planteó que las medidas alternativas para el encarcelamiento por delitos de droga, se pueden implementar desde el momento del arresto, o a través de sentencias no privativas de la libertad, y consideraciones individualizadas.
Finalmente, Nischa Pieris, de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos (OEA) destacó que la operación carcelaria de América Latina ha aumentado un 130 por ciento entre 2004 y 2013 para hombres y mujeres en conjunto.
Resaltó que el castigo para quienes participan en el tráfico de drogas, son penas altas, desproporcionadas con respecto a otros delitos, además de ser uno de los principales factores de hacinamiento pues la prisión es obligatoria para cualquier delito de drogas, por lo que para lograr soluciones eficaces y de largo plazo se requiere un análisis de género.
Asimismo, subrayó que la diferencia del encarcelamiento femenino es que las mujeres aún detenidas sostienen a sus familias.

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