Número-358

• Las condiciones de temporalidad dependen de la voluntad política para acercar posiciones.
• Debemos celebrar que la PGR reoriente la investigación de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa: Gil Zuarth.

Aplazar hasta el 2016 el apagón analógico en el país requiere de una reforma constitucional que sea trabajada y en acuerdo entre las Cámaras de Diputados y Senadores, señaló el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Roberto Gil Zuarth.
“El apagón analógico está regulado en un transitorio constitucional, la única manera de modificar esa condición constitucional es modificando el transitorio; y eso requiere que el poder revisor de la Constitución se active, implica mayorías calificadas de dos tercios en las dos cámaras e implica también que las legislaturas de los estados participen. Es una suerte de reforma constitucional, para decirlo pronto”, explicó el senador.
“Me parece que si hay una intención de que se retrase el apagón analógico, para mudarnos a la televisión digital, debiera presentarse una iniciativa y procesarse en ambas cámaras del Congreso”, explicó el senador Gil Zuarth.
Explicó que los tiempos dependen de la voluntad política para acercar posiciones, si éstas existen, el plazo es lo de menos. “Hay que cambiar una fecha en el transitorio constitucional, y no parece que, técnicamente, represente un gran desafío; sólo representa una decisión que se tiene que tomar entre el Congreso de la Unión, en el Ejecutivo y los órganos reguladores”, detalló.
Dijo que para realizar la transición digital se requiere tener la certeza de que existen las condiciones técnicas, y que no haya riesgo de que alguna familia en el país se quede sin televisión; en ese sentido, expresó que se tienen algunos elementos para pensar lo contrario.
“Tenemos que repensar la política de sustitución de los equipos, porque a la luz de los datos, no se ha logrado la suficiente penetración en la sustitución de los equipos”, subrayó el senador Gil Zuarth.
Subrayó que el Congreso de la Unión tiene que hacer un esfuerzo para fortalecer la política de transición digital, y eso implica revisar el plazo, y que el gobierno de la República examine la política de sustitución de equipos para ver si funciona y ha logrado la cobertura que se planeó cuando se fijó la fecha en la discusión constitucional en la reforma en telecomunicaciones.
Especificó que la determinación de una nueva fecha se debería tomar con la asistencia técnica del Instituto Federal de Telecomunicaciones, para tener claridad objetiva de cuánto tiempo se necesita para garantizar el cien por ciento de la cobertura en términos de sustitución de equipos, e incluso revisar esa política pública.
Señaló que la participación de las empresas de televisión en la distribución de televisores, podría ser una opción, así como también la inclusión de otro tipo de sector privado. “En algunos países, por ejemplo, se ha dado financiamiento a la compra de equipos a través de la banca de desarrollo, incluso de la banca comercial”.
En cuanto al tema de la investigación que realizan la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, el senador Gil Zuarth dijo que es una buena noticia que se reoriente, porque significa que se están atendiendo las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, y que puede generarse una investigación supervisada bajo el auspicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la CIDH.
Comentó que la resolución de la PGR para que la investigación sea realizada por la subsecretaría de Derechos Humanos, en lugar de la subsecretaría de Delincuencia Organizada, “es una decisión que tomó la Procuradora precisamente para dar mayor credibilidad a la investigación, lo cual debemos celebrar”.
En relación a que el gobierno de Estados Unidos redujo a México la partida de la iniciativa Mérida, el senador Gil Zuarth dijo que es una terrible noticia para el país, y debe ser motivo de preocupación y de ocupación del Gobierno de la República, para aclarar cualquier duda que se tenga sobre los esfuerzos que realiza el Estado mexicano en la garantía y protección de los derechos humanos.
“No podemos dejar que se genere en el mundo la percepción de que el Estado mexicano es incapaz de garantizar la seguridad, la dignidad, la autonomía y la libertad de las personas; que somos incapaces de tener un entorno institucional que proteja adecuadamente los derechos. Que quede claro que hay esfuerzos consistentes y sobre todo, si bien hay pendientes, pero que estamos creando instituciones para proteger los derechos humanos en nuestro país”, enfatizó el presidente de la Mesa Directiva.