Número-357
- Senadores reconocen necesidad de emprender modificaciones a la conformación del Paquete Económico
- Necesario emprender una ley fiscal permanente y prever ajuste al gasto hasta el 2021, apuntan.
En el marco de las mesas “Ley de Ingresos” y “Presupuesto de Egresos” del foro “Paquete Económico 2016: Los desafíos de la nueva realidad fiscal”, los senadores Blanca Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRI, y Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD, reconocieron la necesidad de promover una política fiscal y de gasto que ofrezcan auténticos beneficios.
La senadora Alcalá Ruiz reconoció que cuando los políticos se enfrentan al electorado la parte “más bonita” se relaciona con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), es decir, lo que se asigna a educación, salud y proyectos que demanda la población.
“Pero la realidad –acotó-- es que si no se entiende cuál es el origen de los recursos, identificar cuánto se va a gastar y de dónde van a provenir, los orígenes de los recursos, la verdad es que acaba siendo una muy buena promesa de campaña y una difícil concreción de política pública”.
Con este argumento, la legisladora se pronunció por atender las propuestas de los especialistas, como impulsar una ley de ingresos permanente, flexible, pero que permita dar estabilidad a las finanzas públicas.
En lo anterior coincidió el senador Ríos Piter al establecer que los planteamientos de los especialistas “deben sacudir a la clase política”, pues es un hecho que si no se hubiera aprobado la reforma fiscal, la actual caída del petróleo hubiera significado un mayor recorte al gasto.
Se pronunció porque los legisladores construyan una nueva forma de diálogo con la población, a fin de avanzar a aspectos prioritarios como la formalización de aquellos sectores de la población con pocos ingresos, pues sólo de esta forma será posible atender sus demandas de servicios.
Para contar con un país con proyecto, puntualizó Ríos Piter, es necesario “dejar de ser un país que da tiros de escopeta y no de precisión”, lo que requiere asignar el gasto a proyectos que generen recursos para promover el crecimiento, combatir la inequidad y la pobreza.
“Sólo así será posible frenar el crecimiento anual de dos millones de pobres, que colocan a México como uno de los países más desiguales del planeta, y sin permeabilidad social”, concluyó el legislador.
El director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, Héctor Villarreal Páez, apuntó que es necesario que el Congreso analice cómo incrementar la recaudación no petrolera en por lo menos seis puntos porcentuales. “No hay muchas opciones --acotó-- o te vas por el sistema de renta, todavía la recaudación por ISR es muy baja; habrá en un momento dado que empezar a hablar del IVA o de algún otro impuesto al consumo”.
A nivel subnacional, agregó, “vamos a tener que subir la recaudación y el candidato natural es el predial, por muchas razones de propiedades, pero también tiene sus límites. Hay que hacerlo y hay que hacerlo rápido”.
También es necesario analizar si se quiere gravar o no el capital, cómo y con qué tipo de impuestos se haría.
Lo anterior es necesario, puntualizó, porque con el bajo crecimiento de la economía y el actual tipo de inflación, México enfrenta requerimientos financieros de 4 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), lo que generará acumulación de deuda de dos puntos del PIB por año, que puede aumentar por presiones de tipo de cambio.
“El asunto es que aún con los recientes incrementos de los ingresos tributarios no petroleros, necesitamos aumentar la recaudación si queremos un equilibrio de largo plazo, por donde se le vea, el sistema fiscal mexicano no está en equilibrio; me atrevería a decir que lo que vivimos actualmente no es sostenible ni en el mediano plazo”.
Fausto Hernández Trillo, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), destacó la necesidad de que desde el Congreso se impulse una Ley de Ingresos Permanente que sirva para hacer un verdadero proyecto de nación en materia financiera.
Esto es necesario, explicó porque una programación fiscal anual genera incertidumbre, porque no permite a las empresas la planeación de inversión, por ende no aumenta la llegada de recursos privados que refresquen la economía del país.
A ello se suman las dificultades que enfrenta el Sistema de Administración Tributaria (SAT) para mejorar la recaudación de impuestos, pues cada año se ve obligado a modificar su sistema de cómputo para que se conjugue con las nuevas normas de miscelánea fiscal.
Esto conlleva a obstrucciones para la fiscalización y es común que el SAT pierda casos ante tribunales al hacer cobros a morosos, porque ante el cambio anual de la Ley de Ingresos sus fiscalizadores y auditores se equivocan al aplicar normas anteriores, lo que provoca que se caigan sus litigios.
El director de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez, Noel Pérez Benítez, destacó que con las condiciones actuales y perspectivas de crecimiento, “no contamos con el espacio fiscal para llevar a cabo programas de política pública que impliquen una fuerte expansión del gasto”.
Recomendó a los legisladores proyectar la disminución de los recursos presupuestales hasta 2021, porque es “muchísimo muy claro” que en los próximos seis años se mantendrán fuertes presiones, en especial por rubros como el pago de pensiones y jubilaciones y costos financieros, que requerirán dos puntos porcentuales del PIB.
Precisó que el ajuste más fuerte en ingresos se registrará entre 2015 y 2016, al pasar del 22.2 por ciento al 21.5 por ciento del PIB y, aun con las modificaciones a la Ley Fiscal, el incremento de los recursos apenas será de una décima de punto y alcanzará el 21.6 por ciento del PIB.
En 2017, agregó, es posible una estabilización de los ingresos con incrementos moderados, “pero el gasto seguirá con una reducción hasta el 2018, porque se continuará con el proceso de consolidación fiscal y reducción de requerimientos financieros del sector público”.
Se prevé que el ajuste más fuerte en gasto sea en 2016, al pasar de 25.7 a 24.5 por ciento del PIB, y aun si se incorporan los ingresos adicionales, sólo aumentarán una décima de punto, es decir se ubicará en 24.5.
Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, apuntó que es necesario que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), se invierta con miras a futuro, pues actualmente se ha perdido ya la mitad del bono mexicano con el que contaba México.
“El bono se nos está transformando en pagaré. Si no logramos crecer hacia el 2030, México va a ser un país de ancianos, de diabéticos y de pobres”; estas son las tendencias marcadas.
El bono demográfico, insistió, es todavía una alternativa real, pero para que se concrete es necesario fortalecer la estrategia de inversión en capital humano, con el respaldo financiero a profesiones del futuro, como las de sistemas de cómputo, que representan el acceso a la competitividad global, y que sin embargo registran una muy baja matrícula.
“No se habla de subsidiar a jóvenes que no tengan compromiso, pero lo cierto es que el peor desperdicio como país es no dar mayor apoyo a los jóvenes que pueden generar riqueza nacional”, enfatizó.
Jorge Chávez Presa, consultor internacional, hizo hincapié en que el PEF 2016 enfrenta dos presiones ineludibles: más costo financiero por la deuda, y el aumento en el pago de pensiones.
Por esta razón, es necesario que el gasto público no se vea a partir de programas sociales dispersos, “que no contribuyen al crecimiento económico ni a la reducción de la pobreza, como tampoco a la equidad”. Criticó que “en lugar de destinar mayores recursos al gasto público para mejores servicios, para los políticos sea más fácil, regalar el dinero a nombre de los programas de desarrollo social”.
Llamó al Congreso de la Unión a atender el principio de presupuesto equilibrado que ordena la Constitución Política en su artículo 73, que permite el endeudamiento sólo para obra pública que aumente los ingresos públicos, es decir se constituye un activo que genere recursos que sirvan para pagar esa deuda.
Lo anterior implica, agregó, que los legisladores deben también observar el ordenamiento constitucional de que las inversiones públicas deben generar riqueza, pues actualmente “tenemos aeropuertos donde sólo aterrizan moscas, carreteras en las que no circula nadie, es decir, tenemos inversiones que son desperdicio y pérdidas para la sociedad”.
En lo anterior coincidió el coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Rogelio Gómez Hermosillo, quien se pronunció además porque en 2016 se emprendan reformas que permitan revertir las peores tendencias de opacidad y la proliferación de programas que no cumplen su objetivo social y de combate a la pobreza.
Sugirió que se emprenda un nuevo contrato social frente a la desigualdad y la pobreza, “eso va a llevar tiempo, pero podemos empezar en el gasto público”. Asimismo, se pronunció por frenar el gasto corriente y “romper” la proliferación de programas sociales que no son efectivos, así como construir mecanismos que permitan eliminar privilegios fiscales, disminuir el gasto corriente y abatir la corrupción.