Número-307
- Las ventas vía internet generaron en 2014 recursos por más de 162 mil millones de pesos, pero existen graves riesgos de fraude.
- Legisladores proponen crear también el registro nacional de tiempos compartidos.
La iniciativa, firmada por los senadores Ana Lilia Herrera Anzaldo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González, Marcela Guerra Castillo, Ricardo Urzúa Rivera, Manuel Fernández Aguirre, Miguel Romo Medina del PRI; los legisladores Héctor Larios Córdova, PAN; Miguel Barbosa Huerta, PRD; y al que se adhirió la senadora Marta Palafox, del PT, entre otros, plantea la creación del registro nacional de tiempos compartidos, para combatir los fraudes y publicidad engañosa en contra de los consumidores.
Al presentar la propuesta, la legisladora Herrera Anzaldo destacó la importancia de regular el comercio vía internet, pues según la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), tres de cada cuatro internautas mexicanos realizan compras en línea, cuyo valor en 2014 superó los 162 mil millones de pesos.
Dicha asociación advierte que, si bien el comercio electrónico en México registra importantes logros y oportunidades, los principales retos son: la falta de información del historial sobre la confiabilidad de los proveedores y, en otros casos, la dificultad en los procesos de compra, la poca diversidad en los métodos de pago, el bajo nivel de confianza del consumidor en la transacción, y el tema de los datos personales.
El dictamen refiere, además, que es necesario atender las recomendaciones plasmadas en las Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para la Protección de los Consumidores de Prácticas Comerciales Transfronterizas Fraudulentas y Engañosas, a fin de que se facilite el comercio electrónico, pero con garantías a los consumidores disfrutar de un nivel de protección, que no sea inferior al proporcionado en otras formas comerciales.
La OCDE puntualiza que es necesario que los ciberconsumidores identifiquen al proveedor, nombre legal, domicilio, dirección de correo electrónico, número telefónico, información explícita sobre el bien o servicio; amplia y clara información de costos, palcos de entrega, términos, condiciones de pago, restricciones, información de existencias y garantías disponibles.
En cuanto a las contrataciones colectivas de espacios vacacionales, la iniciativa propone crear el registro público de tiempos compartidos, a fin de contrarrestar los fraudes registrados al ofrecer inmuebles en zonas donde no existen desarrollos hoteleros o inmobiliarios, o con el incumplimiento de los contratos por parte de los proveedores o empresas.
La propuesta destaca que los proveedores estarán obligados a registrar los servicios que ofrecen, formatos de los contratos de adhesión y costos; en caso contrario, se sancionará conforme a lo dispuesto en el artículo 128 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Plantea, por otra parte, la ampliación de garantías en la realización de transacciones comerciales para que esta no pueda ser inferior a 90 días, contados a partir de la entrega del bien o la prestación total del servicio. En el caso de aparatos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos y telefónicos, la garantía no podrá ser menor a un año. Establece el derecho a que el bien que se reponga sea nuevo.
En cuanto a contratos, propone ampliar el plazo para su eventual cancelación, de cinco a 30 días hábiles, antes de que se perfeccione el trato, a fin de dar tiempo al consumidor de una mejor reflexión sobre su compra y que tenga oportunidad de revocar su consentimiento durante ese lapso, sin responsabilidad alguna.