El Senado de la República modificó la Ley General de Educación con el propósito de que el personal docente de instituciones públicas y privadas sea sometido a evaluaciones periódicas de desempeño para elevar la calidad educativa.

La reforma, que se aprobó con 76 votos a favor, uno en contra y una abstención,  establece que los profesores acudan a cursos de actualización y profesionalización continua impartidos por las autoridades educativas.

De esta manera, los docentes que presten sus servicios en instituciones del Estado o por sus organismos descentralizados deberán someterse a evaluaciones periódicas de desempeño.

Los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento de validez oficial, se precisa en el dictamen, tendrán que cumplir con los planes y programas de estudio, así como con las evaluaciones de desempeño que las autoridades educativas competentes hayan determinado o considerado procedentes.

Los senadores consideraron que corresponde de manera exclusiva a la autoridad educativa federal establecer, bajo el principio de transparencia, los mecanismos de ingreso y promoción a la labor docente, con base en la evaluación de conocimientos, habilidades, capacidades, destrezas y, en su caso, desempeño profesional frente a grupo.

Además, debe implementar los instrumentos de evaluación para el ingreso a la educación normal y demás para la formación de maestros, así como el perfil de egreso de dichas instituciones.
 
El dictamen dispone que los consejos escolares de participación social conozcan y opinen sobre los resultados de las evaluaciones.

Al respecto, el senador de Acción Nacional, Ricardo Torres Origen, resaltó que desde hace tres años se implementó --a través del Acuerdo Nacional por la Calidad de la Educación--un proceso de evaluación inédito bajo el principio de que mejores maestros siempre dará como resultado mejores educandos y ciudadanos.

“Consideramos que esto que parte de un acuerdo con recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, quede establecido en la Ley”, añadió.

Sin embargo, advirtió que todavía se siguen otorgando plazas por “herencia” en las vacantes por jubilaciones, sobre todo en las escuelas de educación básica, y no por criterios de evaluación, por lo que es necesario que la Secretaría establezca criterios claros y trasparentes para la admisión.

Por el PRD, el senador Antonio Mejía Haro destacó que la preparación de los docentes es la variable más importante para mejorar la calidad educativa, pero México, de acuerdo con un estudio de la Organización para el Desarrollo Económico (OCDE), “no tiene un sistema de evaluación” para maestros adecuado.

Dijo que los resultados de los concursos para la asignación de plazas docentes “han sido desalentadores”, pues en los ciclos 2008-2009 y 2009-2010 sólo el 30 por ciento de los que presentaron el examen fueron aprobados.

En las pruebas que se realizan a nivel internacional y nacional, agregó, son “reiteradamente mal calificados nuestros estudiantes” y ya ocupamos el último lugar --entre 34 naciones evaluadas por la OCDE-- en comprensión de lectura y ciencias, así como la penúltima posición en matemáticas.

Su compañero de bancada, Francisco Castellón Fonseca  manifestó que los cambios permitirán construir una política para elevar la calidad de los diferentes niveles educativos del país.

Subrayó que es un derecho de los profesores mejorar sus competencias, pero también una obligación del Estado establecer los cursos de actualización y profesionalización para ellos.

El senador Tomás Torres Mercado, también del PRD, consideró que en la práctica las reformas no “encontrarán condiciones de aplicación”, pues la educación en México en esta materia “no es formal sino política” y no modifican las condiciones generales de trabajo de la plantilla magisterial.

El dictamen se remitió a la Cámara de Diputados para sus afectos constitucionales.

--oo0oo--