Número-249

• Expone la procuradora Arely Gómez la situación de la política interior del país, en lo relativo a la procuración de justicia.
• Senadores reiteran la necesidad de llegar al fondo en el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala.

En comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Senadores, la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez González, resaltó que a raíz de la evasión ocurrida en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, se debilitó la confianza en las instituciones penitenciarias y de seguridad en el país, por lo que “la PGR ha colocado como una de sus máximas prioridades, integrar una investigación profunda, exhaustiva y eficiente”.
“Los que lo ayudaron a escapar, no escaparán de la justicia”, aseveró. La investigación, dijo, se lleva a cabo en coordinación con las distintas instancias de seguridad del gobierno federal y de las entidades federativas, así como de los órganos de inteligencia y análisis de información criminal en el país.
Al respecto, destacó que existen ordenes de aprehensión en contra de 23 ex servidores públicos, que por acción u omisión favorecieron la evasión del reo y que se tiene bajo arraigo a 10 civiles, que colaboraron en la fuga desde fuera del penal.
Por otra parte, la procuradora Gómez González aseguró que el caso Iguala no es caso cerrado, pues las investigaciones continúan. “Hemos abierto otras líneas de investigación, en las cuales tenemos identificados a más autores materiales”. Dijo que lo ocurrido en Iguala y Cocula, “son actos de barbarie que indignan a los mexicanos”.
La PGR, como como representante de la sociedad, no escatimará recursos, ni esfuerzo alguno en la investigación de todas las desapariciones.
Añadió que el trabajo de la dependencia se ha sometido a escrutinio, con el propósito de agotar una investigación rigurosa y dar transparencia a todas sus actuaciones, “elemento indispensable para dar certidumbre y confianza a las familias”, y subrayó que se atendieron e incorporaron observaciones y elementos aportadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Esta Procuraduría está consciente que nuestro trabajo no puede ser realizado adecuadamente basado en posturas inamovibles, ha de ser la ciencia y los métodos que de ella derivan, los que permitan dilucidar este hecho”, apuntó y reiteró que los esfuerzos de la Procuraduría, continuarán hasta que el último responsable de estos crímenes sea consignado y rinda cuentas ante la justicia.
También anunció que se elaboró un expediente público de la investigación del caso Iguala, que fue abierto a los solicitantes en días pasados y que estará habilitado a la brevedad en la página de la PGR. “Es la primera ocasión en que una averiguación previa en curso, se abre mediante una versión pública”.
Durante el análisis del Tercer Informe de Gobierno, la Procuradora General de la República también dio a conocer que por instrucciones del Presidente Enrique Peña Nieto, se firmó el Acuerdo de creación de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que dirigirá, coordinará y supervisará las investigaciones para la búsqueda y localización de personas desaparecidas.
Asimismo, resaltó que resultado de un largo proceso de consultas con otras instituciones, expertos y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, se han concretado dos protocolos para que en el país, las investigaciones en casos de tortura y para la búsqueda de personas desaparecidas, sean apegados a los más altos estándares internacionales.
Adicionalmente, señaló que se han tenido avances para hacer frente a la delincuencia mediante métodos de investigación científicos y protocolos de actuación para indagar diversos delitos.
Asimismo, informó que desde septiembre de 2014 a julio de este año, se detuvo a 18 mil 647 personas por delitos contra la salud y conexos, se aseguraron más de tres mil 742 millones dosis, y que han sido destruidos 36 mil 934 plantíos de mariguana y 141 mil 405 de amapola; además de que se consignó a 189 personas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero.
Por otra parte, la funcionaria federal señaló que en el marco de los acuerdos suscritos con otros países en materia de extradición y como parte del fortalecimiento de esta herramienta jurídica de cooperación internacional, se han entregado a 50 personas a diferentes países, en el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2014 al 31 de agosto de este año, por ser reclamados por delitos de delincuencia organizada, contra la salud, lavado de dinero, homicidio, trata de personas, entre otros.
Adicionalmente, subrayó que la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal dará a la sociedad la oportunidad de acceder a una justicia más directa, pronta y expedita, por medio de audiencias públicas, con garantía de protección a las víctimas y el respeto a la dignidad de los procesados. Se prevé que para junio de 2016, como lo marca la reforma Constitucional, la PGR operará con el Sistema en todo el país, informó.
En los posicionamientos de los Grupos Parlamentarios, la senadora Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del PT, señaló que la PGR se ha caracterizado por ser una “fábrica de mentiras e inventos, una maquiladora de expedientes mal armados que conllevan a la impunidad como en el caso Tlatlaya”.
Advirtió que Ayotzinapa es la “prueba del ácido” para la Procuradora, ya que la coloca entre los “cuernos de un dilema”, pues encabeza un esfuerzo independiente por llegar a la verdad, rompiendo con la línea que le impuso su antecesor, o se “somete a los intereses oscuros del poder y termina haciendo el ridículo”.
A nombre del Grupo Parlamentario del PVEM, el senador Carlos Alberto Puente Salas dijo que la PGR tiene la disposición para colaborar en la investigación de crímenes que han lastimado a la sociedad mexicana, como es el caso Ayotzinapa, en el que lejos de desacreditar las críticas y cuestionamientos, ha mostrado su disposición para escuchar las voces inconformes y tomarlas en cuenta en las investigaciones.
Celebramos su compromiso para construir un gobierno cercano a la gente, reconocemos el impulso que se le ha dado a la implementación del Sistema Penal Acusatorio, no solo a nivel federal, sino en los estados del país, porque a través de él, México avanza hacía una justicia mucho más transparente y rápida, que sin duda fortalecerá a los ciudadanos y las instituciones, puntualizó.
El senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD, mencionó que acompaña la exigencia de que la PGR asuma las recomendaciones del Grupo Internacional de Expertos, en cuanto a investigación y reconducción de la investigación, atendiendo la nueva hipótesis del quinto autobús. “Que se realicen los peritajes necesarios, incineración en basurero, que se detenga a los prófugos y se continúe con la búsqueda de los normalistas”, dijo.
Demandó aclarar la presunción de ejecuciones extrajudiciales en el caso Tlatlaya, el avance de las investigaciones de los enfrentamientos en Tanhuato, el esclarecimiento de los más de 100 periodistas asesinados, el proceso de implementación del nuevo Sistema Penal Acusatorio y la fuga de “El Chapo”, la cual reveló la debilidad de las instituciones y los “gigantescos” niveles de corrupción.
El senador Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del PAN, calificó como “bochornosa” la liberación de Carlos Mateo Aguirre Rivero, hermano del ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre; a quien, por falta de pruebas en el expediente, no fue posible acusarlo por lavado de dinero.
Demandó no cerrar el expediente de Iguala y Cocula con la “llamada verdad histórica”, sino que se mantenga bien abierto y se enriquezca con opinión y acompañamiento de la CIDH, de la Universidad de Innsbruck, organizaciones y entidades, que ayuden a dar con esa “anhelada verdad”.
A nombre del grupo parlamentario del PRI, la senadora Ivonne Álvarez García hizo un reconocimiento al Ejército mexicano, y anunció que los legisladores de su partido harán las reformas necesarias para que las Fuerzas Armadas tengan certeza legal y se facilite el trabajo que realizan actualmente.
Manifestó que la investigación del caso Iguala no está cerrada y sigue en pie hasta dar con cada uno de los responsables; la PGR, agregó, ha demostrado voluntad, compromiso y disposición absoluta para colaborar cercana y permanentemente con el grupo interdisciplinario de expertos independientes para llegar a la verdad de los hechos.