Número-204
- Senadores de la República se reunieron con un grupo de la CIDH para dialogar sobre la situación de los derechos humanos en México.
- El presidente del Senado aclaró que no existe ningún acuerdo preconfigurado en el proceso para elegir a dos magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Estamos trabajando intensamente por concretar los acuerdos políticos que le den al Estado mexicano nuevos instrumentos para la promoción y la defensa de los derechos humanos”, destacó.
En conferencia de prensa, Gil Zuarth explicó que el hecho de que el Senado se haya pronunciado en torno al trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) “significa que nuestro país se abre, no sólo a jurisdicción del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sino a fórmulas novedosas, mecanismos creativos que nos permitan avanzar en esta importante agenda de justicia, para poner fin a la impunidad que todavía prevalece en nuestra nación”.
Recordó que durante un debate en el Pleno, el Senado reconoció la valía del GIEI como un mecanismo de supervisión y asistencia técnica en materia de derechos humanos; y que esto implica nuevas formas de colaboración internacional en la materia de los derechos humanos.
El senador explicó que en ese sentido se han aprobado 14 instrumentos relacionados con su defensa, y resaltó la reforma constitucional que otorga la atribución al Congreso de la Unión para legislar en materia de desaparición forzada y otras temáticas relacionadas con derechos humanos.
Por otra parte, Gil Zuarth aclaró que no existe ningún acuerdo preconfigurado en el proceso para elegir a dos magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “Entraremos al análisis de los perfiles con total apertura, pero sobre todo con total responsabilidad para cuidar la independencia, la autonomía de ese poder y, específicamente, del máximo tribunal de nuestro país”, aseveró en conferencia de prensa posterior a la reunión.
Explicó que el Presidente de la República debe mandar una terna y el Senado debe estudiarla. “Si cada uno de los poderes hace la parte que le corresponde, en términos de responsabilidad política, no habrá ninguna duda de que tendremos un buen resultado en cuanto a la integración del máximo tribunal de nuestro país”.
Finalmente, el senador Gil Zuarth reiteró la preocupación sobre el estado de cosas con respecto a los derechos humanos; pero también aclaró que hubo una respuesta clara y contundente del Senado de la República, de que está trabajando, con una agenda muy intensa, y que ha ido avanzando en esos temas.
El senador Manuel Bartlett Díaz, coordinador del Grupo Parlamentario del PT, coincidió con que el tema de los ministros de la SCJN es crucial: “si la Suprema Corte está integrada por ministros al servicio del Presidente de la República, pues no va a funcionar”. Advirtió que hay una inquietud en la sociedad mexicana y en el Poder Judicial porque no se repitan nombramientos que no dan garantías de justicia.
La senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, destacó la pluralidad de senadores en la reunión con la CIDH, y subrayó que hay dos aspectos importantes a destacar: la opinión formal y oficial del trabajo concreto para reformar la Constitución o para impulsar algunas leyes; y las opiniones particulares que cada uno tiene sobre estos aspectos.
Lo anterior lo expresaron en una conferencia de prensa conjunta, luego de que senadores de la República se reunieron en privado en el Salón de Protocolos de la Mesa Directiva con un grupo de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para dialogar sobre la situación de los derechos humanos en el país.
A la reunión acudieron también los senadores Luis Sánchez Jiménez, Gabriela Cuevas Barrón, Adriana Dávila Fernández, Mariana Gómez del Campo Gurza, Layda Sansores San Román, Hilda Flores Escalera, Luis Humberto Fernández Fuentes, Miguel Barbosa, Armando Ríos Píter, Alejandro Encinas y Fernando Yunes Márquez.
En el encuentro se abordaron temas como el fortalecimiento del Poder Judicial, las condiciones de acceso a la justicia, la protección de los derechos de las víctimas, desaparición forzada, tortura, migración, desplazamientos internos y derechos de la niñez.