Número-188
- Elaborada por organizaciones de la sociedad civil, entre ellas RENACE, Reintegra, la Red por los Derechos de la Infancia en México, Cauce Ciudadano A. C., y el Instituto de Justicia Procesal Penal.
- Contó con la participación del Fondo de las Naciones Unidas en México (UNICEF) y de la Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) de la Secretaría de Gobernación.
Por su parte, la senadora García Gómez se comprometió a impulsar un Sistema Único de Justicia Penal para Adolescentes que garantice la oralidad de los procesos, así como la especialización de los encargados de operarlo, y que brinde a las y los adolescentes la responsabilidad ante una conducta en conflicto con la ley penal, además de contar con opciones eficaces de reinserción social.
Asimismo, José Alberto Rodríguez Calderón, titular de la Subprocuraduría Jurídica y Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), señaló que la reforma constitucional de 2005, en materia de justicia penal para adolescentes, permitió que el Estado Mexicano cumpliera con algunos de sus compromisos internacionales y de esta manera proteger a niñas, niños y adolescentes.
Comentó que esta reforma permitió superar el concepto de readaptación social, pero también facultar al Congreso de la Unión para homologar los sistemas en materia de justicia penal para adolescentes en todas las entidades federativas con el sistema de justicia penal acusatorio.
La reforma que hoy estaremos discutiendo demuestra el interés que el Estado Mexicano tiene con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, como Estado y gobierno, dijo, por lo que debemos brindar certeza y seguridad jurídica a los adolescentes, por lo que requerimos contar con herramientas que nos permitan protegerlos.
Manifestó que desde la PGR se plantean algunos criterios centrales que deben incorporarse en la discusión. Destacó que deben establecerse los principios que regirán el sistema de justicia penal para adolescentes y señalar a las autoridades y órganos que estarán a cargo de la ley; así como establecer una clara distribución de competencias e implementar reglas claras en los casos que se le atribuya a un adolescente la comisión de un delito; destacó la necesidad de contar con un procedimiento para llevar a cabo el tratamiento de los adolescentes así como la obligación de evaluar la conducta en la que ha incurrido el adolescente para establecimiento de una medida privativa; y finalmente establecer un procedimiento de supervisión y seguimiento de medidas cautelares aplicadas al adolescente.
Al respecto, la doctora María de los Ángeles Fromow, titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), agradeció a la senadora Martha Elena García por el esfuerzo para convocar este foro.
Señaló que en este momento, en nuestro país, nos encontramos en un proceso de actualización para un nuevo sistema de justicia penal acusatorio para adultos. No obstante, la ley de justicia para adolescentes tiene grandes retos y por ello celebró la realización de este foro en donde sociedad civil, academia, las y los integrantes de los poderes del Estado y los estudiantes reflexionaron sobre la aplicación del sistema de justicia penal para adolescentes en conflicto con la ley.
Comentó que desde la perspectiva de la CETEC se debe tener en cuenta, algunos criterios importantes tales como: la sistematización del modelo de justicia para adolescentes en las entidades federativas; favorecer la concurrencia entre los niveles de gobierno, así como la reinserción efectiva del adolescente a su núcleo familiar y respetar los derechos especiales que tienen los adolescentes.
Señaló que debe dotarse de un sistema integral apegado a la protección de los derechos de los adolescentes bajo los estándares internacionales, en el que se contemple un trato diferencial para ellos y se dé prioridad a las medidas cautelares y los mecanismos de solución de controversias, así como a la prevención social.
Por su parte, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños, señaló que los legisladores deben cumplir con las disposiciones transitorias de la reforma constitucional de junio de 2015 y valoró que en los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo para armonizar la legislación en materia de justicia penal para adolescentes.
Manifestó que la reforma, debe ajustarse al nuevo sistema de justicia penal acusatorio; y que la legislación debe realizarse acorde con lo dispuesto a los tratados internacionales en donde se proteja los derechos de los niños y los adolescentes.
Puntualizó la responsabilidad de los poderes públicos para incorporar políticas y expedir normas que garanticen el pleno respeto a los derechos humanos de los adolescentes.
La senadora Pilar Ortega, vicecoordinadora Jurídica del GPPAN, comentó que esta reforma viene a reforzar lo que se legisló en el año 2006, específicamente lo dispuesto por los artículos 18 y 73 fracción 21 constitucional, relativa a las bases para la expedición nacional del sistema justicia para adolescentes.
Dijo que de los 51 centros de readaptación que existen en el país en los que se encuentran adolescentes, diez mil 900 han infringido la ley bajo con el delito de robo. No obstante, consideró importante que el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes se establezca como una garantía de debido proceso legal, en la que se contemple tanto la reinserción social como la familiar del adolescente.
Señaló la necesidad de contar con una legislación que ayude a fortalecer el sistema de justicia penal y se garanticen todos los derechos de los adolescentes. Destacó algunos aspectos fundamentales que la reforma debe considerar, tales como el establecimiento de procedimientos de justicia apegados a las bases y principios del sistema penal acusatorio, es decir, apegadas a las reglas del debido proceso; consideró la necesidad de establecer mecanismos especializados para atender la justicia penal para adolescentes y establecer instancias especializadas de procuración de justicia.
La diputada Mariana Benítez Tiburcio consideró que el interés en el tema de justicia penal para adolescentes se incorporó a partir de la reforma de 2008. Señaló que, a diferencia del sistema para adultos, el sistema penal para adolescentes debe implicar que el proceso penal y las sanciones estén íntimamente ligados con las acciones de prevención. Manifestó que en el ámbito federal hay un rezago importante aun cuando hace siete años se expidió la reforma constitucional en materia de justicia penal para adolescentes.
Consideró importante igualar la justicia para adolescentes en todo el país y desarrollar los principios constitucionales en armonía con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio.
Puntualizó como puntos centrales para la discusión la incorporación de la prevención, ya que implica que se pueda incorporar la posibilidad de reinserción y reincorporación de los menores a la sociedad; señaló que deben indicarse los plazos máximos de la sanción de internamiento de los adolescentes así como la homologación de los rangos de edad para establecer las medidas sancionadoras.
Expuso que debe cuidarse la regulación en materia de medidas cautelares, ya que se ha visto que en las entidades federativas, éstas han sido implementadas de manera que se le impide al menor dar seguimiento a su proceso.
Señaló que es necesaria la especialización de quienes operan el sistema, ya que implica que las autoridades conozcan la legislación que protege los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Concluyó que es necesaria la implementación de programas de capacitación para ministerios públicos, jueces, peritos y policías; así como evitar el duplicar disposiciones ya contempladas en el código de procedimientos penales y otras disposiciones en materia penal.
La representante del UNICEF Isabel Crowley, comentó que México atraviesa un momento histórico en el reconocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Expuso que este momento es una oportunidad para establecer mecanismos que nos permitan seguir avanzando en el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y para que cada niño o niña alcance su pleno potencial.
Explicó que, en materia de justicia penal para adolescentes, se deben uniformar criterios que permitan responder de una forma adecuada cuando un adolescente ha cometido un delito. Manifestó su preocupación por que en algunas entidades federativas se apliquen penas hasta de 18 años de prisión, cuando esta sanción debería de ser considerada como último recurso para los adolescentes que hayan cometido un delito. De igual manera dijo, que algunos estados no han desarrollado opciones alternativas a la privación de la libertad y programas que les ayuden a los adolescentes a construir proyectos de vida.
Manifestó que este foro constituye una oportunidad para analizar y discutir los elementos que una nueva legislación requiere para responder de manera efectiva a los retos que plantea la nueva justicia para adolescentes.
Expuso que UNICEF está comprometido para que en concordancia con el sistema nacional de protección de niñas, niños y adolescentes se consolide un nuevo sistema de justicia penal para adolescentes, porque concluyó que apostar por los derechos de los adolescentes, es apostar por el desarrollo efectivo de México.
Martín Carlos Sánchez Bocanegra, director general de la Institución Renace, señaló que hace más de un año la sociedad civil se encuentra trabajando en un proyecto de ley para influir en la discusión de un nuevo sistema de justicia penal para adolescentes. Dijo que es necesario homologar todo el tema de la justicia en México, pues todavía hay estados de la República que continúan con prácticas tutelares, mientras que los adultos si tienen un sistema penal acusatorio bajo los más altos estándares internacionales los adolescentes no, lo cual es desproporcional e injusto para ellos.
Demandó que no existen recursos suficientes para proteger los derechos de los adolescentes en los centros de readaptación, además, hizo la entrega oficial de la propuesta de Iniciativa para expedir un Código Nacional de Justicia para Adolescentes, de conformidad con la Reforma Constitucional a los artículos 18 y 73, recién aprobada por el Congreso de la Unión.
El senador José Rosas Aispuro Torres, señaló que como parte transversal a las reformas estructurales, fue aprobaba la reforma que protege los derechos de niñas, niños y adolescentes, reforma que permite generar certidumbre jurídica entre los tres órdenes de gobierno que trabajan en favor de los adolescentes en conflicto con la ley.
Afirmó que la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil así como de los operadores de los sistemas de justicia penal será de gran importancia para enriquecer la discusión de la reforma. Señaló que el papel del Estado debe consolidar la construcción de la práctica cotidiana de los valores cívicos.
Apuntó que los legisladores tienen una gran responsabilidad para implementar un sistema de justicia penal y que este sistema debe considerar recursos suficientes para proteger los derechos de los adolescentes, reparar el daño a las víctimas y fomentar la reinserción social del adolescente, atendiendo especialmente su situación familiar, a nivel federal, estatal y municipal.
Finalmente, agradeció y felicito a la senadora Martha Elena García por la organización del foro y dio por inaugurados los trabajos.
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