Número-184

• Especialistas piden al Senado sea cuidadoso al establecer medidas de sanción y que la privación de libertad se aplique en casos extremos.
• Solicitan recursos financieros suficientes para capacitación de policías y jueces, así como para infraestructura adecuada.

Especialistas solicitaron al Senado de la República que sea cuidadoso al elaborar la nueva ley de justicia para menores, a fin de garantizar que se erradique cualquier rasgo de violencia del proceso que se siga a menores infractores --desde su detención hasta la aplicación de la medida de sanción correspondiente-- pues sólo de esta forma será posible hacer valer el interés supremo de la infancia, como lo establece la Constitución Política y los acuerdos internacionales firmados por México.
Durante el Foro Nacional sobre Justicia para Adolescentes, expertos en materia penal advirtieron que México tiene una deuda en el sistema de justicia para menores, pues hace diez años, en diciembre de 2005, se reformó el artículo 18 de la Constitución para que los estados y el Distrito Federal establecieran, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia aplicable a los menores infractores.
Agregaron que la mayoría de los congresos locales ya han actualizado sus respectivas leyes; sin embargo, en el ámbito federal el proceso está inconcluso. Hoy se tiene un plazo de 180 días para que la ley se armonice en todo el país, y se establezca en concordancia con el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Rubén Vasconcelos, titular de la Asesoría Jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, expuso en conferencia magistral que “es necesario construir nuestra legislación tomando en cuenta las amplias posibilidades que hay de que se ejerza violencia contra los niños dentro del propio sistema penal”.
Refirió que al existir, en diversas entidades, registros de excesos en el procesamiento de menores infractores, “ahora que se expedirá la legislación única en la materia es momento de trabajar en este problema y establecer mecanismos para prevenir la violencia a la que están expuestos los niños cuando enfrentan la justicia”.
Propuso que la ley se “regule con cuidado”, sobre todo en lo relativo a las medidas para adolescentes responsables de delitos; los criterios al individualizar las sanciones y, particularmente, que las privación de la libertad se aplique en casos extremos, o se agilicen los mecanismos que permitan suspender, modificar o sustituir esta pena, a fin de reincorporar lo más pronto posible al adolescente a su medio social y familiar.
En lo anterior coincidió Leticia Rocha Licea, jueza de Justicia para Adolescentes del Sistema Procesal Penal Acusatorio en el Distrito Federal, al apuntar que debe tenerse una gran disciplina jurídica y dotar a los jueces de todos los elementos para salvaguardar el interés superior de la infancia, sobre todo cuando se trate de casos en que tanto el infractor como la víctima son menores de edad.
Por esta razón, puntualizó, es necesario que se brinde a los jueces la capacitación necesaria, para que se siguen procesos con toda racionalidad y argumentación del Derecho, para que no haya huecos que violenten las garantías de niñas, niños y adolescentes.
Luis Francisco de León Merino, juez para adolescentes del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua, consideró que la norma de infracciones y sanciones no es suficiente para atender cabalmente el interés superior de los niños, y se pronunció porque el sistema de justicia para adolescentes cuente con un código de principios, fundado en los derechos de la infancia, que se generalice en todo el país.
Lo anterior, acotó, requiere que se asignen los recursos económicos suficientes para capacitar a los policías responsables de la detención de infractores; a Ministerios Públicos y jueces responsables de aplicar la ley; así como invertir en difusión en los medios de comunicación de la norma dirigida a niños, niñas y adolescentes, para que sean conscientes de que tienen derechos, pero también obligaciones, y de las consecuencias que enfrentarían en caso de incurrir en un delito.
Alma Meneses Bernal, representante de la Red por los Derechos de la Infancia en México, agregó que es necesario establecer un presupuesto específico para la operatividad de la nueva ley, pues se requiere contar con espacios de internamiento adecuados; personal y mecanismos para dar seguimiento a las sanciones en libertad, y programas de reeducación, readaptación y reintegración de los menores a la familia y sociedad.
Erika Bardales, directora de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, anunció que trabajan junto con grupos sociales y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a fin de que, desde la perspectiva de políticas públicas, en la norma se incluyan protocolos para la correcta ejecución del proceso, desde la detención del menor, su presentación ante la autoridad, y la aplicación de la sanción correspondiente.
Esto, apuntó, porque la reforma no podrá aplicarse adecuadamente si no se establecen políticas públicas de forma transversal, que implican capacitación, aplicación de recursos, y principios y mecanismos al seguir un procedimiento a un menor infractor. Además consideró que, en lugar de que se construya una nueva ley, se debe elaborar un código nacional de justicia para adolescentes, pues su estructura permite integrar todos estos elementos, incluso más que una ley nacional.

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