Número-176
- No caigamos en la tentación de sólo tener leyes bien hechas, sino hay que garantizar que la ley se cumpla: senadora Laura Rojas.
- El Sistema Anticorrupción debe llevarnos como conjunto social a alcanzar un modo de ser: senador Enrique Burgos.
Durante el Seminario para Promover la Integridad y Combatir la Corrupción: Perspectivas Comparadas de los Países de la OCDE, la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales señaló que la implementación del Sistema Anticorrupción será efectiva mediante la coordinación entre las distintas instituciones que combaten este problema
Señaló que es necesario un cambio cultural que fortalezca los mecanismos de capacitación institucionales para la ejecución de la reforma, pues no se trata sólo de tener leyes bien hechas ni de caer en la tentación de que todo se quede en el discurso, sino que existan los recursos necesarios para implementarla.
El senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD, señaló que la discusión del proceso anticorrupción en México no debe quedarse sólo en un análisis genérico o en la búsqueda de una ley, sino que requieren atenderse las experiencias internacionales, pues de lo contrario “vamos a hacer una discusión muy en corto”.
Señaló que es necesario un Sistema Nacional Anticorrupción robusto para evitar que vuelvan a presentarse casos como el de Ayotzinapa, la fuga el criminal más perseguido del mundo, o para que no existan conflictos de interés que involucren a la más figura política más importante del país: el Presidente de la República.
Por su parte, el senador Enrique Burgos García, del Grupo Parlamentario del PRI, manifestó que es necesario profundizar en la prevención de los actos de corrupción como una tarea de Estado, lo cual implica el perfeccionamiento de las instituciones y la participación del conjunto de la sociedad.
“El Sistema Anticorrupción debe llevarnos como conjunto social a alcanzar un modo de ser, una forma de conducta inherente que probablemente parta de la educación, de la formación más elemental, sin detrimento de toda la estructura institucional y todo el diseño constitucional”, expuso.
En la sesión “Garantizando la ejecución penal y combatiendo el soborno extranjero”, moderada por el senador Armando Ríos Piter, se analizaron los instrumentos de la OCDE para fortalecer la integridad en el sector público, los cuales están desarrollados y basados en los resultados de buenas prácticas internacionales.
En esta mesa, los ponentes coincidieron en que los principales resultados de los sistemas de integridad exitosos son aquellos que inculcan valores éticos en el personal, desalientan la mala conducta, fomentan la confianza en los servicios y las instituciones gubernamentales, y legitiman la formulación de políticas y procesos democráticos.
Participaron Julio Bacio Terracino, subdirector de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial de la OCDE; Manuel Luciano Hallivis, magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; el presidente de la Red por la Rendición de Cuentas, Mauricio Merino, José Roldán, investigador del CIDE y Luis de Mello subdirector de gobernanza Pública y Desarrollo Territorial de la OCDE.
En la segunda mesa, denominada: “Garantizando la ejecución penal y combatiendo el soborno extranjero”, se mencionó que la OCDE hizo una serie de recomendaciones a México para mejorar la implementación de la convención contra soborno y, a través de ella, se está construyendo una nueva arquitectura institucional para la aplicación de leyes penales sobre corrupción con el fin de castigar este tipo de hechos.
Expusieron en este tema el jefe adjunto de la División Anticorrupción de la OCDE, William Loo y José Gabriel Carreño Camacho, director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública.
Durante la tercera sesión “Haciendo que la reforma en integridad y anticorrupción sea una realidad: Factores críticos de éxito en los países de la OCDE”, los ponentes señalaron que la coordinación entre las instituciones y los diferentes niveles de gobierno son los desafíos más comunes para implementar una reforma anticorrupción.
Además, el desarrollo de capacidades, la secuenciación de los diferentes pasos de una reforma y el monitoreo de los avances, pero especialmente contar con instituciones sólidas y fuertes. De acuerdo con los especialistas, los países de la OCDE deben llevar las reformas anticorrupción a un escenario práctico e impactar la manera en que se maneja la función pública.
En esta mesa de análisis participaron David Arellano Gault, director de la División de Administración Pública del CIDE; Jacobo Pastor, especialista senior en Integridad y Políticas de Procuración, División de Integridad del Sector Público de la OCDE; Jorge Pulido Vázquez, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SFP y Víctor Manuel Andrade Martínez, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF.
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