Número-163

• PRI y PVEM se pronunciaron a favor de que se esclarezca a fondo el caso de la desaparición de los normalistas.
• PAN, PRD y PT consideran que están en duda las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR).

Legisladores integrantes de los diversos grupos parlamentarios que integran el Senado de la República debatieron largamente en torno al caso Ayotzinapa y, en especial, sobre el informe sobre que realizaron expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual a consideración de legisladores del PAN, PRD y PT pone en duda las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR).
En tanto, senadores del PRI y PVEM se pronunciaron a favor de que se esclarezca a fondo el caso de la desaparición de los normalistas, incluso con un posible tercer peritaje, pero sin que existan descalificaciones a las instituciones de gobierno y acusaciones que carezcan de fundamentos.
El senador Manuel Bartlett Díaz, coordinador del Grupo Parlamentario del PT, lamentó que desde el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se trate de “echar por tierra” el informe de especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se pretenda minimizar el señalamiento de que durante los hechos estuvieron presentes elementos del 27 Batallón de Infantería y agentes de la PGR.
Calificó de “indignante” que se pretenda responsabilizar de la muerte de los normalistas a Andrés Manuel López Obrador, con la única pretensión --sostuvo-- de ocultar la falsedad de los argumentos presentados por la PGR.
“El responsable formalmente, constitucionalmente, legalmente, es el presidente Peña Nieto”, subrayó al afirmar que el informe de los especialistas se basa en el expediente de más de 80 tomos de la PGR, donde se señala que al momento de la detención y asesinato de los normalistas se registró la presencia de elementos militares y agentes.
La senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD, dijo que la Presidencia de la República debe una explicación a la opinión pública nacional e internacional, sobre la investigación que realizó la PGR; “en cualquier nación democrática, la mentira institucionalizada, ya habría costado la caída del gobierno”, comentó.
Señaló que con el informe de los expertos, se perdió la confianza en las instituciones, por lo que resulta indispensable que, para encabezar una comisión investigadora, se cuente con especialistas, organizaciones de derechos humanos y los familiares de las víctimas; dijo que ahí radica el reto de transitar del debate a los hechos.
Abundó en que los senadores no son Ministerio Público ni Poder Judicial, pero como legisladores pueden iniciar un proceso de seguimiento y revisión a la investigación que tendrá que desarrollar la PGR al interior, para deslindar responsabilidades en este caso donde ha habido violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
En su turno, la senador a Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del PAN, dijo que la desaparición forzada es un delito que se ha vuelto una preocupación constante para la mayoría de los mexicanos, porque México está en un momento de debilidad institucional.
Señaló que los mexicanos esperan explicaciones convincentes y demandan justicia integral por parte de las instancias encargadas de impartirla. Opinó que los argumentos de las autoridades deben consistentes, y será posible aclarar los hechos sólo con argumentos científicos y no con descalificaciones.
Dijo que se ha insistido en la creación de una fiscalía especializada para el caso con la finalidad de evitar impunidad; así como continuar con las investigaciones y dar seguimiento a los resultados del grupo de expertos independientes.
El senador Manuel Cavazos Lerma, del Grupo Parlamentario del PRI, reiteró que el caso no está cerrado, que ninguna línea de investigación está cancelada y las indagatorias seguirán hasta sus últimas consecuencias, hasta que sean consignados, juzgados y sentenciados todos los presuntos responsables, intelectuales y materiales.
“Son bienvenidos --dijo-- todos aquellos que quieran enriquecer la investigación”, así como la aportación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para que se valoren sus análisis, se contrasten con otros peritajes y si hay discrepancia entre expertos, que se convoque a otros peritos de más alto nivel para generar certezas y despejar dudas.
Agregó que “para que casos como este sean sólo una pesadilla irrepetible”, al Poder Ejecutivo le toca seguir con las indagatorias hasta castigar a los culpables, continuar con la búsqueda de los desaparecidos y preservar la atención integral a las víctimas; al Poder Judicial le corresponde valorar las pruebas, garantizar el debido proceso y sentenciar; y al Legislativo perfeccionar el orden jurídico y las instituciones.
Por el Grupo Parlamentario del PT, la senadora Layda Sansores San Román insistió en que el Presidente de la República “es el principal responsable y encubridor de la tragedia de Ayotzinapa”, toda vez que es el jefe de Estado, de la Administración Pública Federal, del Consejo de Seguridad Nacional y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.
“Éste es un crimen de Estado, y por eso es que estamos obligados” a que se sepa la verdad, pero “el Procurador no sólo tuvo acciones de encubrimiento” sino que violó el principio a la presunción de la vida, al declarar muertos a los desaparecidos y se condenó de manera sumaria y sin juicio previo a individuos interrogados en contextos de tortura, expresó.
Por su parte, el senador del Grupo Parlamentario del PRD, Alejandro Encinas Rodríguez, sostuvo que las conclusiones de los expertos en sobre el caso han demolido no sólo la investigación de la PGR, sino que han sepultado la poca credibilidad que existía en las instituciones mexicanas para la impartición de la justicia.
Aseveró que se le deben pedir respuestas claras y acciones contundentes a la PGR, sin que haya nuevos peritajes, como tampoco dilación, y que digan en dónde están los estudiantes.
La senadora del Grupo Parlamentario del PRI, Graciela Ortiz González, señaló que en la discusión de este tema se ha incurrido en la irresponsabilidad de decir que la averiguación miente y de denostar a las autoridades e instituciones que han colaborado en la investigación.
Insistió en que es un error descalificar personas, instituciones y averiguaciones, y señalar que nada de lo que se ha hecho sirve y por lo tanto se tiene que hacer todo nuevamente buscando con ello la posible salida.
El senador del Grupo Parlamentario del PRD, Armando Ríos Piter, hizo un llamado a los legisladores del PRI para que el debate sobre la desaparición de los estudiantes normalistas, no tenga una visión partidista, por el contrario, que sea visto con una dimensión de Estado.
El intercambio de argumentos en la sesión de este día, debe llevar a un planteamiento en el que se resuelva dar seguimiento al caso, y que el Estado sea capaz de garantizar, a cualquier persona en territorio mexicano, que estos hechos no volverán a ocurrir, señaló.
Su compañero de bancada, senador Zoé Robledo Aburto, afirmó que Ayotzinapa cambió todas las coordenadas de la vida pública, política y social del país, y al mismo tiempo exacerbó la desconfianza de la sociedad hacia las instituciones políticas y de procuración de justicia, especialmente después de que se presentaron los resultados de las averiguaciones de lo sucedido en Iguala, Guerrero.
Reprochó al partido gobernante el rumbo que le ha dado al país, ya que después de la desaparición de los normalistas se han callado las “ocho columnas” de medios internacionales, donde se señalaron las “revueltas contra el Estado-mafia mexicano”.
Para el senador Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del PVEM, el informe presentado por el grupo de expertos tiene un “tinte político”, pues en el documento justifican la forma en que se han desenvuelto los estudiantes de las escuelas normales rurales: “se hace una especie de defensa, de cómo han actuado durante muchos años, para pasar después a revisar la parte de la actuación de las autoridades”.
Además, criticó que, previo a la difusión de este informe, el propio grupo ya tenía abierta una cuenta en redes sociales, donde difundían información y “haciéndose publicidad”, lo cual “le quita seriedad a un informe de este tamaño”.
Del PRI, la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo aseguró que el presidente Peña Nieto asumió su responsabilidad atrayendo la investigación, a través de la PGR, la cual ha realizado una exhaustiva indagatoria, que aún no concluye y se mantiene abierta.
Mencionó que fue el propio jefe del Ejecutivo quien pidió la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tener una visión externa, y que no quedará duda del interés por encontrar la verdad y hacer justicia. “Hasta ha tenido hasta el valor civil de dar la cara a los familiares de estas personas”; apuntó.
El senador del Grupo Parlamentario del PRI, David Penchyna Grub, aseguró que no se busca desacreditar a nadie, sino de honrar a los 43 desparecidos, “porque no seremos los senadores los que resolvamos tan lamentable evento, ni debemos ser omisos para aportar ideas a partir de los hechos en la búsqueda de la verdad, disponiendo de todo lo que esté a nuestro alcance para que estas historias no se repitan”.
El senador Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del PAN, dijo que este caso involucra a autoridades en contubernios con el narcotráfico y está lleno de omisiones que pusieron a “la verdad histórica” en duda. Ante ello debemos crear un sistema al que le tengamos confianza, a fin de que se esclarezca este y muchos otros casos que no tienen la misma fuerza política.
Finalmente la senadora Silvia Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN, llamó a la Asamblea a terminar el debate y construir un acuerdo, para respetar a los padres que en reunión con el Presidente este día, le han hecho ocho peticiones.
México necesita este acuerdo en respeto a lo que pasó, dijo, a los padres de los normalistas y por respeto al dolor que vive el país México, al dolor que se vive en cada rincón del país, en mi tierra natal Coahuila con los desaparecidos, en Tamaulipas, Veracruz y en todas las entidades federativas de esta nación.

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