Número-147
La negativa de los senadores del PRI y del PVEM para aprobar el reconocimiento de la Competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lastima el compromiso de México con la defensa y protección de los derechos humanos, coincidieron en señalar las presidentas de las comisiones de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, senadora Laura Angélica Rojas Hernández (PAN); de Derechos Humanos, senadora Angélica de la Peña Gómez (PRD); y de Relaciones Exteriores, senadora Gabriela Cuevas Barron.
Recordaron que durante la sesión de ayer en el Senado de la República, los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México impidieron, con su voto en contra, la aprobación del Dictamen de las Comisiones de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales y Derechos Humanos al Punto de Acuerdo relativo al reconocimiento de la Competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas.
Las legisladoras subrayaron que con esta decisión, los senadores lastiman el compromiso de México con el derecho internacional y con el fortalecimiento de los derechos humanos, además de obstaculizar el cumplimiento de la recomendación emitida por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
Recordaron que en su Informe de Misión a México, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en marzo de 2012, el Grupo de Trabajo recomendó al Estado mexicano aceptar la competencia del Comité sobre las Desapariciones Forzadas en materia de denuncias de particulares, de conformidad con lo establecido en los artículos 31 y 32 de la propia Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
De la Peña Gómez, Cuevas Barron y Rojas Hernández advirtieron que la actitud de quienes se opusieron al dictamen revela una profunda contradicción entre su supuesto compromiso con los derechos humanos y con el avance normativo en materia de desaparición forzada en nuestro país.
Con esta decisión asumida por las bancadas del PRI y del PVEM, se pone en duda el compromiso del gobierno de México con la promoción de los derechos humanos y, particularmente, con el combate frontal a las desapariciones forzadas en un contexto de urgencia, dictado por los trágicos eventos ocurridos en Iguala, Guerrero, y por el clamor de justicia asociado a una investigación con graves defectos e insuficiencias, según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (GIEI).
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