Número-142
- No basta el dinero destinado a este tema, debe haber voluntad, integridad y transversalidad, aseveró el senador Juan Carlos Romero Hicks.
- Invertir políticamente en la infancia y adolescentes, contribuye a la construcción de una sociedad más democrática y equitativa, Joaquín González Alemán de UNICEF.
Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación del Senado, subrayó que en lo relativo a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, no basta con el dinero destinado a este tema, sino que se debe tener la voluntad, la integridad y la transversalidad.
Aseveró que si de dinero se trata, probablemente se harían más simulaciones. Expresó su deseo de que la evidencia del mal manejo no nos explote en la cara, como fueron los casos de Enciclomedia y de las tabletas, toda vez que ninguno de estos dos programas han mostrado resultados específicos o trascendentes.
Indicó que en estos casos se asignan recursos específicos, sin embargo, no se han mostrado resultados concretos, por lo que la lógica transversal aplicada y sin mejora de indicadores lleva, dijo, a una mala distribución de presupuesto, a pesar de que exista dinero, éste no está bien repartido.
Joaquín González Alemán, consejero regional en Políticas Públicas del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), al dictar su conferencia magistral con el tema de: “Inversión Pública en la infancia, una herramienta para fortalecer el Sistema Nacional de Protección Integral de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, consideró que invertir políticamente en la infancia y en los adolescentes es de suma importancia, toda vez que contribuye a construir una sociedad más democrática y equitativa.
Expuso que en la discusión de un presupuesto, debe de prevalecer el interés superior de este grupo social y tenerlos en el centro de la discusión a fin de no perder de vista sus necesidades, por lo que es indispensable priorizar a la infancia en tiempos de austeridad presupuestaria.
Durante el panel “Retos y desafíos en materia de presupuestación con enfoque de derechos de la niñez en el marco de la nueva Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, José David Méndez Santa Cruz, director general adjunto de Programación y Presupuesto de Salud y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, indicó que existen programas presupuestarios diseñados especialmente para la atención de niñas, niños y adolescentes, como es el caso de las instancias infantiles.
Señaló que, en el marco del presupuesto de 2016, se realizó un trabajo más cuidadoso debido a la fusión de proyectos y que deben estar enfocados a los 40 millones de niñas, niños y adolescentes existentes en el país.
Pedro Contreras López, director general del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, comentó que del 2013 al 2016, se ha observado un crecimiento en la tasa media anual de 3.5 en el presupuesto asignado para la atención de este sector de la población.
Precisó que en el 2013 se tuvo un presupuesto de 598 mil 929.9 millones de pesos y para el 2016, de acuerdo a los diferentes programas, se habrán de asignar 734 mil 644 millones de pesos, que corresponden al 15.5 por ciento de los recursos asignados al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Resaltó que es más rentable la inversión del gasto público en etapas tempranas de las personas, toda vez que esta inversión reditúa en un alto coeficiente intelectual, mejor rendimiento en pruebas de matemáticas y lectura y mayor escolaridad y 23 por ciento más probabilidad de asistir a la universidad y menor posibilidad de participar en actividades delictivas.
Erika Strand, Jefa de Política Social de Unicef México, aseveró que generalmente se gasta poco en todos los rubros de la infancia, cuando es en ésta cuando se debe de invertir más, ya que es mucho más rentable este gasto a futuro.
Alfredo Dájer Abimerhi, secretario de Administración y Finanzas del estado de Yucatán, destacó el contenido de la Ley General en esta materia, pues dijo que los niños dejan de ser objeto de tutela para pasar a ser considerados auténticos sujetos de derechos humanos y para su desarrollo.
En el panel “Mecanismos de coordinación, seguimiento, evolución y rendición de cuentas de los programas públicos dirigidos a la niñez y a la adolescencia, con miras el Programa Nacional de la Infancia”, Erika López García, directora de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), señaló que el anexo 18 del PEF muestra la instrumentación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que actualmente representa a unos 40 millones de personas.
Detalló que la programación para atender a este sector de la población, conjuntó el presupuesto de 86 programas relacionados a la atención a la niñez y adolescencia.
Thania Paola de la Garza Navarrete, directora general adjunta de Evaluación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), sostuvo que la tarea de este organismo es el de proveer información a los tomadores de decisiones, a fin de que ellos den una mayor claridad en el destino de los recursos.
Diego de la Mora Maurer, coordinador del área de presupuesto y políticas públicas de FUNDAR, comentó que construir, coordinar y evaluar un programa con enfoque de derechos implica cambiarse los lentes con que se analizan las acciones de un gobierno y de la política pública en general, por lo que se busca contar con políticas eficientes y orientadas al cumplimiento de las obligaciones de derechos.
Fernanda Paredes Hernández, oficial de Políticas Sociales de Unicef México, dijo que lo que se busca es garantizar el cumplimiento integral de los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes, lo cual, abundó, se viene haciendo pero de forma fragmentada y sin mucha coordinación entre órdenes de gobierno y las diferentes secretarias.
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