Número-137
- Legislativo debe mantener reflexión y diálogo abierto con la sociedad, principalmente con los jóvenes: senador Rosas Aispuro.
- Establecer lineamientos para conocer los avances y resultados de la ley, coinciden.
Al inaugurar el foro “Presupuestos Públicos para la Atención Integral de la Niñez y la Adolescencia, desde un enfoque transversal”, el vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, José Rosas Aispuro Torres, señaló que el Poder Legislativo debe mantener la reflexión y diálogo abierto con la sociedad, principalmente con los jóvenes quienes demandan políticas públicas orientadas a atender sus necesidades.
“Muchos años hemos tildado a los jóvenes de apáticos, hemos dicho que no les interesa la política, pero poco a poco nos han demostrado que no les interesa la política como la hemos venido haciendo en las últimas décadas”, resaltó.
Manifestó que los tres poderes deben trabajar de manera conjunta con la sociedad para garantizar la protección a este grupo de la población, toda vez que el incumplimiento legal tiene repercusiones legales en nuestra dinámica social y cada día que pasa sin atenderlo se incrementa la deuda del Estado mexicano con este grupo de ciudadanos”, dijo.
Recordó que en diciembre de 2014 fue publicada la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en la que se establece el Sistema Nacional de Protección Integral facultado para establecer criterios y lineamientos de políticas públicas y la obligación de promover el desarrollo de presupuestos orientados a la protección de sus derechos.
La presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Martha Elena García Gómez, hizo un llamado a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016 se incluyan lineamientos e indicadores de resultados que ayuden a conocer la forma en que serán gastados los recursos y que, al mismo tiempo, éstos permitan conocer los resultados de la ley.
Destacó que en el Anexo 18 del PEF hay un incremento del 4.6 por ciento respecto al 2015, lo que representa un aumento de 734 mil millones de pesos para niños, niñas y adolescentes, con ello se atiende al 32 por ciento de la población total del país. En 2016 se estarían gastando 18 mil 335 pesos anuales por cada niña, niño y adolescente, agregó.
El presidente de la Comisión de Educación, Juan Carlos Romero Hicks, destacó que la ley está planteada con principios de enfoque garantista a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y deja de lado la orientación proteccionista con que se contaba para este grupo poblacional.
Además de su implementación y diseño requiere presupuesto y voluntad política. “Decisiones que no se traducen en dinero son demagogia, las políticas públicas que no tienen el apoyo presupuestal son demagogia”, señaló.
A su vez, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación, Roberto
Campa Cifrián, resaltó la importancia de gastar en este sector, ya que en un futuro pueden representar diversos problemas de seguridad y violencia. Actualmente se ha contabilizado que alrededor de seis mil adolescentes tienen problemas con la ley, de no atender a este grupo, en un futuro representarán una situación de violencia.
El subsecretario hizo patente el compromiso de la Secretaría de Gobernación para dar protección a este sector de la población, toda vez que forma parte de las prioridades de la presente administración en la protección de derechos humanos.
“Nuestra sociedad y sus instituciones tenemos una gran deuda con la infancia, por ello se debe rediseñar la planeación y elaboración de presupuestos para garantizar la plenitud del goce de sus derechos”, dijo.
El director general adjunto de programación y presupuesto de salud y seguridad social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, David Méndez Santa Cruz, explicó que en el PEF del próximo año, se hizo una reingeniería para eliminar duplicidad de funciones y programas destinados a la protección de niñas, niños y adolescentes. En éste hay cuatro programas de nueva creación, de los cuales, tres tienen impacto directo en la protección integral de la niñez.
Ricardo Bucio Mujica, subsecretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, precisó que debe haber un cambio en el tema presupuestal para tener una nueva forma de redistribución del gasto aunado a una regulación para la aplicación de los recursos.
La representante de UNICEF en México, Isabel Crowley, advirtió que si el interés superior de la niñez es considerado como un tema principal, es vital que éste tenga reducción en su presupuesto. “Apostar por la defensa de la niñez, también es apostar por el desarrollo económico de México”, señaló.
Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, resaltó que la inversión en cada niño, mediante la protección de sus derechos, representa la atención a futuras problemáticas que como sociedad puedan presentarse. “Por cada niño al que se le invierte un dólar, éste, al cumplir los 18 años de edad devuelve 11 dólares al Estado”, precisó.
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