Número-124

  • La tipificación del ecocidio es un tema que se ha postergado en el marco legislativo de nuestro país, senador Alejandro Encinas.
  • México, a pesar de tener su propia ley en la materia, necesita pasar del papel a la acción, senadora Silvia Guadalupe Garza Galván.

Senadores de la República y especialistas aseguraron que la defensa de la Madre Tierra, la protección del medio ambiente y la defensa de los recursos naturales, deben ser una prioridad de los gobiernos y ciudadanos de los países de América Latina y del mundo.
El senador Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, explicó el proyecto de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, que pone en el centro de atención los derechos de la Madre Tierra traducidos como la justicia ambiental, y plantea medidas específicas para atacar los problemas de fondo que dañan el medio ambiente.
En su mensaje durante la Jornada Internacional por los Derechos de la Tierra, realizada en la sede del Senado, Encinas Rodríguez aseveró que la tipificación del ecocidio es uno de los temas centrales que se han postergado en el marco legislativo de nuestro país.
El legislador consideró importante el tema de la tipificación de los delitos ambientales, la creación de órganos de procuración e impartición de justicia en materia ambiental y el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y de la sociedad.
Coincidió en el planteamiento de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz y el proyecto de los Hijos de la Madre Tierra, en el sentido de que deben impulsarse tareas de educación y comunicación por un desarrollo sustentable y una ciudadanía verde, pues la defensa de la tierra es una tarea no sólo del Estado mexicano sino de la sociedad misma, apuntó.
Destacó que México cuenta con la Ley General de Cambio Climático, y es el segundo país en el mundo en establecer una ley de esta naturaleza, con metas y objetivos en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, aunque advirtió en que muchas de estas metas se han querido posponer.
La senadora Silvia Garza Galván, presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático, subrayó que a pesar de que México tiene su propia ley en la materia, necesita pasar del papel a la acción, a fin de difundir que es necesario cuidar los recursos para vivir, y que la tierra no es nuestra sino que somos parte de ella.
Indicó que México, en materia de justicia ambiental, enfrenta serias dificultades tanto institucionales, económicas como jurídicas, por lo que expresó su adhesión a la idea de crear la Corte Interamericana de los Derechos de la Madre Tierra a fin de defender los intereses de los habitantes de los ciudadanos del país.
Debemos entender, dijo, que la tierra es un ser vivo, por lo que es indispensable cuidar del medio ambiente si se quieren evitar resultados catastróficos, pues señaló que sólo nos acordamos del cambio climático cuando se acerca la Conferencia de las Partes (COP) para estar en el reflector.
Anunció que en el mes de diciembre se realizará en Francia la COP 21, y subrayó que es indispensable que los ciudadanos exijan a los gobernantes cambiar el modelo de crecimiento y dejar de depender de los hidrocarburos, del carbono, e impulsar las energías renovables.
William Soto Santiago, presidente de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, sostuvo que los parlamentarios tienen en sus manos crear el marco legislativo que demande el reconocimiento de la Madre Tierra como ser vivo, que sea titular de derechos reconocidos y respetados por todos, y un compromiso de los Estados para su implementación en sus respectivos países.
Precisó que en el marco de este proyecto, promueven ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el estudio, tipificación, prevención y sanción del delito de ecocidio en las legislaciones nacionales; y que en el Estatuto de Roma se incluya el ecocidio como quinto delito, competencia de la Corte Penal Internacional.
Explicó que el ecocidio debe entenderse como deterioro total o parcial de uno o varios de los ecosistemas; la caza y pesca indiscriminada que provoque o amenace la extinción de cualquier especie animal; la explotación más allá del uso racional del uso de los suelos; la contaminación del agua o aire, y daño grave que se cause al medio ambiente y que ponga en peligro a cualquier forma de vida.
Gustavo López Mendoza, gerente de la Comisión Nacional Forestal en el Distrito Federal, invitó a los integrantes de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz para que a través de su proyecto, Hijos de la Madre Tierra, establezcan vínculos y sinergias con los programas de la Comisión Nacional Forestal en Pro de los recursos naturales y del medio ambiente de nuestro país.
José Nelson Montoya, director del Departamento de Agroecología de la Universidad Autónoma de Chapingo, solicitó al Senado de la República que se incluya a la Agroecología en su agenda para generar políticas públicas, no solo para el cambio climático sino también para la soberanía alimentaria.
Francisco Javier Guerra González, coordinador Nacional de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz en México, consideró que los países de América Latina pueden establecer un acuerdo regional para que se pueda tipificar el delito de ecocidio, e indicó que también es posible que en la región se pueda crear la corte regional para defensa de los derechos de la Madre Tierra, que se encargue de castigar esos delitos.

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