Número-089

  • Se ha convertido en una industria que genera ganancias por más de dos mil millones de dólares a nivel mundial.
  • 80 por ciento de procedimientos practicados en mujeres mexicanas es a favor de extranjeros, señalan.

En la presentación del libro “Maternidad subrogada: explotación de mujeres con fines reproductivos”, senadoras y académicos consideraron necesario detener está práctica y evitar que México se convierta en un país como Tailandia o Nigeria, donde el alquiler de vientres está relacionado con el crimen organizado y la trata de personas.
La senadora del Grupo Parlamentario del PRI, Mely Romero Celis, señaló que esta práctica ha consolidado un mercado internacional y se ha convertido en un negocio multimillonario en países como India y Tailandia. Indicó que la industria de la maternidad subrogada generó dos mil millones de dólares a nivel mundial.
Refirió que en México la renta de vientres es 70 por ciento más barata que en Estados Unidos, además se ofrecen paquetes que incluyen un viaje turístico y recreativo para los solicitantes por las playas de Cancún, mientras que las mujeres de Tabasco que subrogan padecen riesgos de salud, aislamiento de sus familias, y en ocasiones, explotación cruel y despiadada.
Comentó que en nuestro país la compensación económica para las mujeres gestantes puede variar, desde los diez mil a los 150 mil pesos, pero las que se encuentran en situación de pobreza extrema son las más vulnerables a esta industria.
Dijo que este libro es una investigación seria e importante, que se llevó a cabo con el fin de esclarecer dudas y proporcionar información certera de este tema que tanto preocupa, así como conocer las numerosas historias de mujeres que “han caído en la tentación de una remuneración económica cuantiosa, sin imaginar las consecuencias graves de su decisión”.
La explotación de mujeres con fines reproductivos debe ser conocida, difundida y detenida, tanto por los tomadores de decisiones como por la población en general y, reiteró, evitar que México se convierta en un país como Tailandia o Nigeria, donde la maternidad subrogada está relacionada al crimen organizado.
Su compañera de bancada, la senadora Lisbeth Hernández Lecona, expresó que este es un tema que compete a la integración de la familia, “tal como lo establece el artículo cuarto constitucional, que dice que la Constitución protegerá a la familia”.
Aseguró que dentro de una “familia natural” un menor tiene mejor desarrollo humano, por lo que los legisladores deben estar atentos a este asunto.
En tanto, Luis Pavón Vázquez, reportero de investigación, dio a conocer la forma en que agencias de subrogación de vientres actúan en Villahermosa, Tabasco, engañando y violando los derechos de las madres sustitutas.
Para Francisco Vázquez Gómez Bisogno, profesor de la Universidad Panamericana, no existe argumento filosófico que permita justificar la existencia de un derecho a la paternidad, pues implicaría aceptar la idea de que una mujer subrogue su vientre, a cambio de su menoscabo, e incluso, la pérdida de su libertad, para permitir que otras personas accedan a ese derecho.
Opinó que el derecho reconocido en el artículo cuarto constitucional, consistente en que toda persona tiene la libertad de decidir el número y esparcimiento de sus hijos, sólo protege a aquellas personas que poseen la actitud física para procrear, por lo que pensarlo de otra manera transformaría los derechos humanos en “derechos capricho”.
Marcelo Bartolini Esparza, coautor del libro, dijo que con la subrogación de vientres se pisa una delgada línea entre la trata de personas y el tráfico de niños, además, consideró como una involución que los menores puedan ser objeto de contrato.
En este sentido, el académico cuestionó que se prohíba el tráfico de infantes, pero se aplauda el pago de éstos antes de que nazcan.
Ingrid Tapia Gutiérrez, de Early Institute, señaló que más del 80 por ciento de los procedimientos practicados en mujeres mexicanas es a favor de extranjeros, y consideró a esta práctica como una forma de explotación de mujeres con fines reproductivos.
Asimismo, señaló que los extranjeros vienen a México a realizar esta práctica, pues en sus países está considerada como un delito.
A la presentación de este libro asistieron las senadoras Marcela Guerra Castillo, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Angélica Araujo Lara, y los senadores Jesús Casillas Romero, Teófilo Torres Corzo y Humberto Mayans Canabal, todos del PRI.

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