Número-059
- Para los senadores, la legislación debe fortalecer el Estado de Derecho y garantizar la buena calidad en el contenido de las instituciones de educación superior.
- La reforma debe contemplar la regulación de la prestación de servicios y lograr el acceso a una eficaz y efectiva impartición de justicia para la sociedad: Elías Huerta Psihas.
Al concluir las audiencias públicas sobre el fomento a la calidad de los servicios de los profesionales del derecho, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, senador Enrique Burgos García, señaló que el objetivo principal, de impulsar una reforma para la regulación de los servicios profesionales, es la existencia y prevalencia del Estado de Derecho.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, dijo que existe una amplia demanda de la sociedad para acceder a las instituciones de educación superior, por lo que muchas “instituciones fraudulentas” engañan a sus alumnos al no establecer contenidos y calidad en la curricular académica para garantizar el buen ejercicio de la profesión.
Dijo que es necesario legislar en esta materia, a fin de establecer las medidas necesarias para que el acceso a las instituciones de educación superior se lleve a cabo bajo requisitos “leales”, de tal forma que los egresados de las escuelas, donde predominan las licenciaturas o posgrados de Derecho, sean supervisados y que las autorizaciones garanticen la buena calidad en su contenido educativo.
En su oportunidad, el presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Ricardo Ríos Ferrer, advirtió que en México no se ha generado el acceso a servicios legales cualificados, por lo que se debe establecer una salvaguarda esencial para proteger la independencia de los colegios de abogados, que a su vez es indispensable para respaldar a sus agremiados en la defensa de los derechos fundamentales de los mexicanos
En la actualidad existen cada vez más individuos que, a pesar de que no cuentan con una cedula profesional para ejercer la abogacía, prestan sus servicios legales. De ahí la necesidad de insertar la colegiación y certificación obligatorias que contribuyan al beneficio de todos los consumidores de esta actividad, al fortalecimiento del Estado de Derecho y al desarrollo económico de México, puntualizó.
En tanto, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, Alfonso Pérez-Cuellar Martínez, aseguró que la colegiación obligatoria escribirá un nuevo y fundamental capitulo para la abogacía y la vigencia del Estado de Derecho en México, “porque la calidad de los servicios profesionales del derecho tienen como principal destinatario a los ciudadanos”.
El reclamo para contar con mejores servicios legales no puede ser ignorado, nuestra sociedad exige abogados ética y técnicamente regulados, y la colegiación es una medida decisiva para ello, a fin de brindar un pleno acceso a la justicia, puntualizó.
El presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados en México, Juan Francisco Alcaráz García, expresó que la colegiación y la certificación deben aprobarse bajo los principios democráticos de autorregulación y autocontrol, y los propios abogados deben ser quienes marquen los límites en su actuación profesional a partir de códigos de ética, que controlen y sancionen sus actividades a través de un marco normativo que permita su reconocimiento por el Estado mexicano.
Propuso la creación de una Ley General de Profesiones, Colegiación y Certificación que incluya requisitos estrictos a particulares que pretendan impartir educación profesional, que cuente con reglas y estándares claros sobre quienes estarán facultados por el Estado para colegiar y certificar, “porque este tema es un punto fundamental que regula uno de los derechos esenciales”.
El presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (ANADE), Ricardo Cervantes Vargas consideró que la reforma constitucional que se plantea logra el objetivo de beneficiar a la sociedad, al evitar que exista servicios profesionales deficientes que afecten el patrimonio, la libertad o la seguridad jurídica de las personas. El bien común siempre debe estar por encima del bien individual, dijo.
Aseguró que la certificación y colegiación de los profesionales del derecho no es “la cura mágica” al problema, pero sí una herramienta importante para revertir las deficiencias en esta rama. Estamos en un momento histórico para dotar al país de algunos mecanismos que permitan mejorar el acceso a una adecuada justicia para la sociedad.
A su vez, el presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Elías Huerta Psihas, afirmó que la reforma que pretende regular los servicios legales debe asegurar a la población el derecho a una tutela judicial efectiva, y promover la prestación de servicios jurídicos con calidad profesional y elevado sentido ético, cumpliendo en todo momento, con la transparencia y rendición de cuentas.
Manifestó que la regulación no es un asunto aislado ya que esto integra tres vértices: el proceso educativo de la formación de los abogados, la regulación de la prestación de sus servicios y el acceso a una eficaz y efectiva impartición de justicia para la sociedad.
Propuso que en la reforma constitucional que se plantea para la regulación de los servicios legales, se debe establecer la forma en la que las autoridades van a certificar a los profesionales de derecho; de ser aprobada, debe darse un plazo de un año para aprobar las leyes generales.
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