Número- 020

• Pide también se informe sobre la calidad del servicio de telefonía celular.
• El Pleno senatorial aprobó ocho dictámenes remitidos por la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

La Cámara de Senadores llamó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a revisar las prácticas de comercialización de servicios adicionales y de valor agregado, a cargo de proveedores de servicios de telefonía móvil, a fin de verificar si los procedimientos de aceptación por parte de los usuarios, cobro y procedimiento de baja, cumplen con las disposiciones legales y administrativas aplicables.
Además, solicitó un informe de las verificaciones relativas a los índices de calidad por servicio a que deberán sujetarse los prestadores de servicios de telecomunicaciones en el país, en el que se especifique si los regulados cumplen con los estándares señalados.
El Senado también pidió a ambas dependencias un informe de la calidad del servicio en la prestación del servicio de telefonía celular, así como de las medidas y acciones que están tomando para mejorar la calidad del servicio.
En el dictamen, avalado por los legisladores, se consigna que la ley no es específica sobre los servicios de valor agregado y sólo se refiere a los servicios de telecomunicaciones en general, a pesar de que la legislación faculta a las autoridades a avalar contratos y a supervisar y verificar, con el objetivo de garantizar que la prestación de servicios se realice con apego a la ley y disposiciones del IFT.
A favor del dictamen, la senadora del Partido Revolucionario Institucional, Graciela Ortiz González, advirtió que el mercado nacional de telefonía móvil se compone por 15.9 por ciento de suscriptores con plan de renta mensual, mientras que el segmento de prepago supera el 80 por ciento de líneas habilitadas.
Al respecto, explicó que quienes cuentan con un plan de renta reciben un estado de cuenta con detalle de consumo, en tanto que a los usuarios de prepago únicamente se les proporciona información en ventanilla, situación que da lugar a abusos y excesos por parte de los prestadores de telefonía.
El usuario de servicios, dijo, se encuentra en una asimetría entre el proveedor y su capacidad de reclamación, lo que deriva en pérdida de bienestar generalizado a favor de los prestadores de servicios, que se traduce en una injusticia que puede ser lesiva para la economía del usuario.
Pide Senado se informe respecto a posible vínculo de concentración entre Telmex y MVS o su filial Dish México
El IFT también tendrá que informar acerca del resultado de las investigaciones acerca de las implicaciones derivadas de la existencia de un vínculo directo o concentración entre Teléfonos de México (Telmex) y MVS o su filial Dish México, que pudieran resultar violatorios a la Constitución, a las leyes o a sus respectivos títulos de concesión; así como de las acciones que tomará la autoridad una vez que termine de integrar y revisar el expediente en términos de estricta legalidad.
Lo anterior, luego de que el Pleno senatorial aprobó un dictamen en el que se informa que desde febrero de 2014 se hizo pública la relación comercial entre Telmex y Dish.
En el dictamen se informa que el IFT únicamente emitió resolución respecto a la omisión por parte de dichas empresas de notificar a la autoridad dicha concentración, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Competencia Económica.
A la fecha, argumentan, no ha emitido resolución respecto de los efectos relacionados con esa concentración, particularmente en lo relativo a las presuntas violaciones al título de concesión de Telmex y a las disposiciones constitucionales en materia de retransmisión gratuita de contenidos.
Por otra parte, se manifiesta que el IFT inició un procedimiento de investigación a fin de determinar la existencia de agentes económicos con poder sustancial en el mercado nacional de audio y video asociado, en términos de lo dispuesto en artículo Trigésimo Noveno Transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Solicita Senado información sobre construcción de puente vehicular en Campeche
Adicionalmente, el Senado de la República hizo un llamado al Director General de Petróleos Mexicanos para que informe el estado actual, grado de avance, condiciones técnicas y de seguridad que guarda la construcción de la obra de beneficio mutuo denominada “Ingeniería, Procura, y Construcción del nuevo Puente Vehicular “La Unidad” que va desde Isla del Carmen a Isla Aguada, sobre la carretera federal 180 del Estado de Campeche; incluye aproches y alumbrado”.
Asimismo, sugirió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realizar un estudio sobre el cumplimiento de las normas, lineamientos técnicos y materiales utilizados en la construcción de dicha obra, así como los informes sobre el resultado del mismo a esta soberanía.
El senador del PRI, Óscar Román Rosas González dijo que desde hace tres años fue anunciada la construcción del puente. No obstante, a la fecha se tiene un avance de 30 por ciento, en tanto que el puente anterior tiene más de tres décadas de vida útil y pone en riesgo a los ciudadanos y vehículos que tienen que trasladarse a la península de Yucatán.
Lo importante, expresó, es verificar la calidad de materiales, pues muchos de ellos guardan corrosión, por lo que es necesario que las autoridades determinen si se encuentran en condiciones óptimas para la construcción.
El Pleno senatorial aprobó tres dictámenes más, uno relativo a la autopista San Martín Texmelucan-Tlaxcala Molinito; otro al conflicto entre taxistas con placas de estado y federales en Quintan Roo; y uno más para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 se consideren recursos para la reparación o reconstrucción de un puente ubicado en las cercanías de Taracatío, en el río de Tuzantla, Michoacán.
Además fueron desechados dos dictámenes, uno respecto a las actividades laborales de Mony de Swaan Addati, ex presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, y otro, por el que se exhortaba al IFT a responder sobre las razones por las que no se daba cabal cumplimiento al mandato constitucional y legal en las disposiciones normativas de telecomunicaciones y radiodifusión.

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