Número-012
- Contarán con asistencia legal, reserva de identidad, licencia de goce de sueldo, protección policial, cambio de residencia y ocultación del paradero del denunciante.
- Esta figura es aplicada en países Alemania, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Chile y Canadá.
El proyecto de decreto busca crear un fuero ciudadano, es decir, una vía jurídica que garantice protección contra represalias tanto de carácter físico, psíquico, moral, económico, laboral y legal.
Precisó que aquellos que atestigüen o denuncien contarán con asistencia legal, reserva de su identidad, traslados de sus lugares de trabajo, licencia de goce de sueldo, protección policial, cambio de residencia y ocultamiento del paradero del denunciante.
Estas medidas, señaló el senador Zoé Robledo, se acercan a las de la figura de los testigos protegidos, sin embargo no existen en México, pero son conocidos y aplicados en países como Alemania, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Chile y Canadá.
El legislador subrayó la urgencia de contar con un marco legal que establezca medidas y procedimientos para facilitar e incentivar denuncia de actos de corrupción, susceptibles de ser investigados y sancionados, tanto administrativa como penalmente.
La protección de la ley, mencionó, debe extenderse al funcionario público o a cualquier persona que de buena fe denuncie dichos actos o testifique los mismos.
Además destacó la importancia de este marco legal para establecer medidas y procedimientos que protejan a ciudadanos que no cuentan con fuero y, por lo tanto, son susceptibles a amenazas, calumnias o difamaciones, agravios de carácter económico o laboral, e incluso, agresiones físicas o psicológicas.
Muestra de ello, dijo, es el caso de la plataforma “Méxicoleaks”, cuyo objetivo fundamental es publicar información sobre actos antiéticos o ilícitos y proteger a quienes la proporcionan, mediante una garantía de anonimato.
Refirió que un factor de riesgo de los informantes o whistleblowing son los ataques contra periodistas. Ejemplo de ello es el índice de "Libertad expresión 2015” publicado por la organización no gubernamental Freedom House, que ubica a México como uno de los 65 países más peligrosos para ejercer periodismo, de un total de 190 analizados en dicho estudio.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen.
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