Número-1116

  • Presentan en Palacio Nacional iniciativa de Legislación Secundaria en Materia de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
  • Se trata de mantener la conducción ordenada de la economía del país, a fin de asegurar la estabilidad de las finanzas públicas en estados y municipios.

En la presentación de la Iniciativa de Legislación Secundaria en Materia de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Miguel Barbosa Huerta, dijo que esta propuesta debe ser vista como parte del fortalecimiento al federalismo y no como una injerencia en las decisiones de los estados.
Ante el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aseguró que se trata de mantener la conducción ordenada de la economía del país, a fin de asegurar la responsabilidad hacendaria y la estabilidad de las finanzas públicas en estados y municipios, lo cual fortalece el federalismo.
Durante su participación en esta presentación, realizada en Palacio Nacional, Barbosa Huerta expresó que es fundamental establecer el compromiso de garantías soberanas para que los estados y municipios puedan conseguir mejores condiciones en sus empréstitos y obligaciones frente al sistema financiero.
Manifestó que el que haya un registro único de deudas, empréstitos y obligaciones, significa transparencia “y desde luego con ello se evita la corrupción”.
En menos de tres años, agregó, los modelos existentes en el país, como el jurídico o democrático, se modificaron, ya que no eran asimétricos con la realidad de la sociedad y por ello hubo transformaciones denominadas reformas estructurales.
Al inicio de la Legislatura se vivía mucha tensión en la opinión de la sociedad mexicana por los adeudos de muchas entidades federativas y municipios; pero mientras haya una legislación mucho más clara, abundante y que establezca verdaderas atribuciones de cada uno de los servidores públicos podemos rendir mejores cuentas a la nación, puntualizó.
El presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, aseguró que este nuevo ordenamiento, que deriva de la reforma constitucional, establece la responsabilidad del Estado en su conjunto de velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero, a efecto de coadyuvar en la generación de condiciones favorables para el crecimiento económico y la generación de empleo.
Dijo que su objetivo es lograr una gestión más eficiente de los recursos públicos, así como una correcta rendición de cuentas en el ámbito local, lo que constituye también una demanda sentida de la sociedad mexicana.
Frente a este complejo entorno mundial, resaltó, México debe seguir distinguiéndose por su compromiso inquebrantable con la estabilidad macroeconómica y por el manejo responsable de sus finanzas públicas y estas medidas reflejan en los hechos el compromiso del gobierno de la República con la responsabilidad hacendaria, concluyó.
El secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, afirmó que México es un país con un bajo nivel de endeudamiento en estados y municipios, con 2.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), porcentaje menor al de Estados Unidos y Argentina, con 18 y siete por ciento, respectivamente. Sin embargo, puntualizó, hay entidades que constantemente han incrementado su deuda y llegan a tener problemas de pago, por lo que es necesario establecer reglas para mejorar la estabilidad de las finanzas públicas, a nivel local y federal.
El presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, Julio César Moreno Rivera, sostuvo que la legislación para garantizar transparencia en el endeudamiento se ha impulsado sin filias partidistas ni dedicatoria a gobierno alguno; el objetivo es atender la preocupación del recurrente endeudamiento en estados y municipios, que llega a superar el presupuesto de sectores altamente significativos, como es el de la educación.
El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, apuntó que “gastar menos y mejor, es el objetivo de todo gobierno”, por lo que la ley propuesta por el Ejecutivo federal es un paso más en la arquitectura institucional para que México cuente con una disciplina que garantice efectividad en el gasto.

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