• México ha recuperado espacios de liderazgo: PAN

• Pareciera que el Ejecutivo pretende evadir la realidad: PRI

• Hemos retrocedido en el escenario internacional: PRD

• Estamos muy cerca de un conflicto interno: PVEM

• Tráfico de armas ha costado muchas vidas: Convergencia

• Se permitió la presencia de un “minigabinete de seguridad” de EU en México: PT

Senadores de los distintos grupos parlamentarios cuestionaron a la canciller Patricia Espinosa Cantellano sobre la política exterior aplicada por el gobierno federal.

Al fijar el posicionamiento del Partido Acción Nacional, la senadora Adriana González Carrillo aseguró que se ha avanzado en la construcción de una política exterior de Estado, que ha permitido a nuestro país recuperar espacios de liderazgo e interlocución en el mundo.

Enfatizó que uno de los objetivos de dicha política “es complementar y respaldar los esfuerzos nacionales en el ámbito de la seguridad y el establecimiento de un auténtico Estado de derecho”.

La naturaleza trasnacional del crimen organizado, dijo, ha obligado a fortalecer nuestra cooperación con países y regiones clave, mediante la efectiva aplicación de los instrumentos internacionales.

En este sentido destacó las múltiples propuestas de desarme y combate al tráfico de personas, drogas y armas que impulsa desde el Consejo de Seguridad de la ONU, así como la Iniciativa Mérida como un acuerdo que “hoy no reconoce fronteras”, bajo un esquema de corresponsabilidad entre Estados Unidos y México.

A nombre del PRI, la senadora Rosario Green Macías dijo que el Informe “palidece frente a lo que se oculta”, pues el documento no contiene una sola referencia sobre la Operación Rápido y Furioso, no explica la presencia de agentes extranjeros en el territorio ni hace mención a los convenios para autorizar el sobrevuelo de aviones no tripulados.

Añadió que el apartado sobre el cumplimiento de la Iniciativa Mérida “es francamente pobre” porque “pareciera que el Ejecutivo pretende evadir la realidad”, en lugar de explicar su postura por la lentitud con la que se vertieron los recursos o la retención de los mismos por parte del Departamento de Estado.

Esto, consideró la legisladora, “es inadmisible”, pues en un sistema democrático, el gobierno tiene responsabilidad de tomar decisiones de conformidad con el interés común y la obligación de explicar a la ciudadanía los objetivos que persigue y la racionalidad que sustentan sus acciones.

La legisladora cuestionó a la canciller Espinosa sobre la decisión de adelantar cinco meses la cumbre del G-20 que presidirá México en próximo año, porque este hecho “se asemeja lamentablemente más a una mención electorera que a otra cosa”.

Por el PRD, el senador Julio César Aguirre Méndez señaló que en lugar de avanzar en esta materia “hemos retrocedido”, pues sólo hemos sido testigos de la ventaja que toman China y Brasil en el escenario internacional, no logramos aprovechar las relaciones con la Unión Europea y seguimos sin recuperar espacios en América Latina y el Caribe.

La dependencia con Estados Unidos, asentó, “nos ha mostrado como una nación cada vez más vulnerable”, por lo que la percepción internacional sobre México es que “somos un país ensimismado en su problemática interna, sin rumbo y extraviado en sus relaciones con el mundo”.

Como ejemplo de lo anterior, manifestó, destacan los episodios relativos a la Operación Rápido y Furioso y los sobrevuelos de aviones estadounidenses no tripulados en el espacio aéreo mexicano, que dieron cuenta del grado de debilidad y subordinación del gobierno mexicano frente a Estados Unidos.

En este sentido, preguntó cuál son las acciones para la construcción de un esquema de cooperación corresponsable para combatir al crimen organizado “que no sea injerencista o asistencialista como la Iniciativa Mérida”, pues a la fecha no se sabe cuál el marco que regula la presencia de los agentes norteamericanos en México.

Por el PVEM, la senadora Ludivina Menchaca Castellanos dijo que este sexenio se ha caracterizado por “la violencia intensa, así como por el tipo armamento utilizado en esta guerra, la frecuencia de los enfrentamientos, el número de muertos, heridos, desaparecidos y ejecutados”.

Por ello, consideró que ante la situación actual del país “podríamos afirmar que, de acuerdo a las definiciones internacionales, estamos muy cerca de un conflicto interno”.

Señaló que el gobierno debería firmar el protocolo segundo adicional de los convenios de Ginebra de 1944, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional.

En este sentido, cuestionó: ¿Por qué no nos hemos adherido a este protocolo y cuál sería la justificación para no firmar un acuerdo que seguramente beneficiaría a la población que sufre la guerra contra la delincuencia organizada?

En tanto, el senador Ericel Gómez Nucamendi, de Convergencia, refirió que la estrategia gubernamental para combatir a la delincuencia organizada ha tenido como resultado un serio problema de violencia, “que sin duda ha trascendido al entorno internacional” especialmente en las relaciones con Estados Unidos.

Además, agregó, el informe es tendencioso al resaltar la relación bilateral con Estados Unidos, ya que resulta parcial e incompleta.

Gómez Nucamendi se dijo preocupado por el tráfico de armas porque “ha costado muchas vidas en México”.

Por lo anterior, preguntó: ¿Cuál ha sido realmente la postura del gobierno mexicano ante esa intromisión?

En su oportunidad, el senador petista Ricardo Monreal Ávila acusó al gobierno federal de permitir “la presencia y operación en el país de un minigabinete de seguridad de los Estados Unidos”.

Advirtió que ello vulnera toda noción de la soberanía estatal, debido a que hace nugatorio el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos y el ejercicio legítimo del uso exclusivo de la fuerza pública por parte del Estado.

“Actúan como lambiscones con Estados Unidos y soberbios con los países del sur, la intromisión descarada de una potencia extranjera en asuntos de estricto interés nacional evidencian que la dimensión gubernamental del Estado mexicano se encuentra vacante, que estamos frente a un estado fallido en donde los pilares institucionales se han colapsado” apuntó.

De igual forma, subrayó que con “la fachada de la cooperación internacional” en materia de inteligencia, logística, adiestramiento, capacitación, de provisión de armas y pertrechos, se ha permitido que Estados Unidos subroguen las funciones más elementales del Estado mexicano, como la seguridad y la paz pública.

En la segunda ronda de intervenciones, el senador perredista Pablo Gómez Álvarez externó que no se puede compartir la idea de que México ha incrementado su presencia internacional positiva, proactiva y su prestigio.

Más bien --recalcó-- tenemos la convicción de que México es un país cada vez más impredecible en materia de política internacional.

Ello, explicó, porque cuando ocurren ciertos hechos, “ciertas situaciones, ciertos eventos, nunca se sabe bien a bien cuál va a ser la posición del gobierno de México”.

En tanto, el senador panista Luis Alberto Villarreal García resaltó que vivimos en una época en la que los retos económicos, sociales y de seguridad no respetan las fronteras nacionales.

Cuestionó a la funcionaria sobre cómo pueden contribuir los legisladores para consolidar el liderazgo regional de México en el G-20 y en las próximas COP?

En sus respuestas, Patricia Espinosa aseguró que “no hay sumisión ni subordinación a Estados Unidos por la cooperación que tenemos con ese país”, por el contrario, se ha impulsado por primera vez un enfoque de corresponsabilidad “que estaba ausente en el pasado”.

En este sentido, afirmó que no se esconde información en torno a la instrumentación de la Iniciativa Mérida y de ninguna manera se viola la Constitución.

Además, agregó, en el sitio Web de la Cancillería se encuentran todos los documentos que dan cuenta de su evolución.

Reiteró que “todas las acciones en materia de cooperación en el ámbito de seguridad y de fortalecimiento de las capacidades de inteligencia del Estado mexicano con Estados Unidos se ajustan estrictamente al marco jurídico vigente”.

La estancia de representantes de agencias extranjeras en nuestro país, así como el sobrevuelo de aviones para enfrentar al crimen “no es nuevo”, están mejor regulados que en el pasado y cumplen la función de promover la cooperación y el intercambio de información con autoridades mexicanas.

“Los agentes --enfatizó-- están obligados a observar estrictamente todas las leyes y las disposiciones legales de México”.

Sobre el G-20 recordó que desde la primera cumbre los encuentros se llevan a cabo aproximadamente cada siete meses y en un momento de incertidumbre en el ámbito económico internacional, “no resulta descabellado pensar en que es importante que haya una mayor continuidad en los contactos personales de los mandatarios”.

La funcionaria dijo que el Ejecutivo no actúa en aislamiento al conducir la política exterior y la concurrencia del Senado de la República en el impulso a la actividad internacional es indispensable para fortalecer nuestra capacidad de diálogo e influencia en la escena internacional.

Espinosa Cantellano subrayó que el gobierno de Felipe Calderón ha estado abierto al escrutinio internacional en todos los aspectos y también en atender las recomendaciones de todos los órganos y foros de Naciones Unidas.

Indicó que México ha recibido en los últimos cinco años a prácticamente “todos los relatores y mecanismos del sistema de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano”.

En cuanto al operativo Rápido y Furioso recordó que desde el primer momento el gobierno de México ha expresado su “rechazo absoluto” a esta operación, así como su inconformidad y rechazo a cualquier operación que pudiera haber involucrado el trasiego de armas de Estados Unidos hacia nuestro país.

Por otro lado, reiteró que la estancia en nuestro país de agentes extranjeros no es nueva y se “regula por las reglas que se conocen como reglas del 92, que fueron emitidas en su momento por el gobierno de México, por lo que el número y ubicación de los agentes son cuestiones reservadas por consideraciones de seguridad”.

Aseguró que los agentes estadounidenses no portan armas y no realizan actividades que están reservadas a las autoridades mexicanas, “por lo tanto, esta cooperación se inscribe en el marco del acuerdo que suscribimos con el gobierno de Estados Unidos en la materia”.

Sobre el atentado en Monterrey, comentó que no hay una definición acordada internacionalmente y no existe un instrumento que contenga una definición de esos fenómenos.

Sin embargo, reconoció, “los actos terroristas existen y las palabras también existen”.

En cuanto a la petición que hizo el presidente de la República al Senado para retirar la declaración interpretativa sobre el Pacto de San José, subrayó que ésta se debe al hecho de que con la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos, el Ejecutivo ha estimado que no tiene sentido mantener dicha declaración.

El retiro de esta declaración interpretativa no implica obligaciones adicionales a las que adoptó nuestro país al suscribir el Pacto de San José, ni tendría como consecuencia la modificación de las restricciones que actualmente establece la legislación penal mexicana en materia de delitos contra la vida, y en particular, la regulación en materia de aborto, aclaró.

Al referirse a los vuelos no tripulados indicó que el artículo 27 constitucional señala que corresponde a la nación el espacio situado sobre el territorio nacional, mientras que el 48 establece que el espacio situado sobre el territorio nacional dependerá directamente del gobierno de la federación.

Agregó que el artículo 31 de la Ley de Seguridad Nacional faculta a las instituciones y autoridades, que participan directa o indirectamente en la seguridad nacional, para hacer uso de cualquier método de recolección de información, “siempre y cuando no se afecten las garantías individuales ni los derechos humanos”.

Explicó que ese es el “fundamento jurídico” para la autorización de los vuelos, “que ahora son vuelos no tripulados, que reitero, anteriormente eran vuelos que sí iban tripulados”.

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