Número-971

• Urgen a Fepade a realizar los procedimientos contra los ilícitos que se hayan denunciado en el pasado proceso electoral.
• Exhorto al INE para que, en cuanto a las quejas que recibió, proceda a fiscalizar con apego a los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia y certeza.

La Comisión Permanente aprobó un dictamen para exhortar a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (Fepade) para que desahogue las denuncias o procedimientos por delitos que hubiesen iniciado durante el pasado proceso electoral, además de realizar un informe sobre éstos.
Asimismo, llamó al Instituto Nacional Electoral para que proceda, conforme a la normatividad vigente en cuanto a las quejas que recibió, y lleve a cabo los procedimientos de fiscalización que correspondan, con apego a los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia y certeza.
En el dictamen se menciona que de acuerdo a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Fepade está facultada para desarrollar mecanismos de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y el órgano político-administrativo de cada territorio, a fin de fortalecer el combate de los delitos previstos en dicha Ley.
El diputado Danner González Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, dijo que la Fepade hace caso omiso de los delitos denunciados durante el proceso electoral 2014-2015; y señaló que la justicia electoral en México tiene una alta complejidad, porque se debe valorar el ejercicio de las instituciones y de los actores vinculados.
La violación sistemática a la Constitución y a la normatividad electoral fueron las notas distintivas del pasado proceso electoral; “la lección de esta elección es el fracaso de una reforma político-electoral, que muestra que no basta con reformar leyes para darle sentido a los principios electorales”, argumentó.
Por su parte la diputada Graciela Saldaña Fraire, del PRD, exigió a la autoridad electoral que ejerza sus facultades y no dude en aplicar las sanciones correspondientes, porque si no se procede conforme a la ley, estaría en riesgo el proceso electoral para elegir al próximo presidente de México en 2018.
La legisladora dijo que su partido ha denunciado diversos delitos electorales en Quintana Roo, estado que representa; sin embargo, no han obtenido respuesta y las autoridades electorales “con su actitud pasiva dañan el proceso y lesionan su propia imagen ante los mexicanos”.

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