Número-934
- Precisa senadora Angélica de la Peña que se presentará un punto de acuerdo para que la Sedena revise sus ordenamientos.
- Necesario replantear la estrategia para dar una mejora sensible y no buscar “parchecitos”, senador Luis Humberto Fernández.
La senadora Angélica de la Peña Gómez, titular de la Comisión destacó que derivado del Conversatorio se presentarán un punto de acuerdo para para exhortar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a realizar una revisión de sus ordenamientos y que excluya el término “abatir”.
Entre otros planteamientos, se solicitará que se plantee una estrategia de retiro de tropas; crear una instancia independiente de investigaciones; pedir a la Procuraduría General de la República (PGR) que investigue la cadena de mando, para que haya un información transparente de lo que realizó la Procuraduría de Justicia del Estado de México, derivado de las inconsistencias presentadas en el informe del Centro Prodh, sobre el caso Tlatlaya.
La legisladora del Partido de la Revolución Democrática también dijo que se debe seguir discutiendo la iniciativa presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, respecto a seguridad y justicia, pues es un tema vinculado al funcionamiento de municipios y policías, en donde importa que las policías y autoridades civiles de las distintas corporaciones realmente cumplan con su responsabilidad. Asimismo, advirtió que su Grupo Parlamentario presentará un proyecto de iniciativa contra la tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes.
En tanto el senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del PRD, dijo que el primer paso es reconocer que el problema de derechos humanos y de seguridad no son dos cosas diferentes, sino dos elementos para recobrar la institucionalidad en México, “se habla de Estado de derecho, de cómo recobrar la legalidad en un estado que ha perdido capacidad para hacer cumplir la ley”.
A partir de esto, refirió que se debe reconocer que la lucha es para recobrar la legalidad en todos los espacios del territorio mexicano. Se tiene que replantear la estrategia para dar una mejora sensible, “lo que ya no podemos hacer es buscar parchecitos y buscar medidas aisladas que vayan pateando el balón para adelante porque ya no nos alcanza”.
Para Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), Tlatlaya es una oportunidad de enriquecer el debate, en términos de verdad, justicia y reparación, así como para explicar las medidas de cambio a instrumentar, para que esto no se vuelva a repetir.
Recalcó que en el informe “Tlatlaya a un año: la orden fue abatir”, presentado por el Centro, se advierte la instrucción a los elementos de tropa para que actúen de manera masiva en la oscuridad, a fin de abatir delincuentes.
Sin embargo, dijo, el término “abatir” no significa matar o ejecutar, pero al realizar un análisis en términos militares y castrenses, el significante de esta palabra es para referirse a personas muertas, por lo que se cree que la orden es un incentivo para cometer graves violaciones a derechos humanos.
No fincamos ninguna responsabilidad, pero se tiene que investigar la responsabilidad institucional por el riesgo que puede significar este tipo de disposiciones, que podrían estar emitidas de manera sistemática, agregó.
Por su parte, Ernesto López Portillo Vargas, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE), aseveró que el caso de Tlatlaya es una oportunidad para que el Senado haga exhortos concretos a las autoridades competentes a fin de que hagan su trabajo ante esa masacre.
Luego de considerar que las Fuerzas Armadas no están preparadas para hacer funciones de seguridad pública, hizo énfasis en que existe una decisión de Estado que impide profesionalizar a la policía.
Subrayó que, a 20 años de la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, éste no logra la profesionalización homologada de la fuerza pública y, además, se encuentra atorada la propuesta del Presidente de crear policías únicas estatales y en esa situación se encuentra las reformas institucionales que darían policías profesionales.
Asimismo, José Antonio Guevara Bermúdez, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, puntualizó las Fuerzas Armadas no están entrenados para realizar funciones de seguridad pública y “no parece que quieran ser entrenados para hacer tareas de seguridad pública”.
Sostuvo que la solución es establecer cuanto antes un plan de salida del Ejército (de las calles) y de regreso a sus cuarteles, en tanto que el Senado puede contribuir de manera importante al Estado mexicano, combatir la impunidad.
Es urgente que el país inicie una reflexión sobre la reforma de políticas de drogas, que se empiece a priorizar de los temas que son importantes como la extorsión, el secuestro, la privación arbitraria de la vida.
Finalmente, Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, pidió que el Senado de la República emita “una voz más fuerte y contundente” en lo que se refiere al respeto a los derechos humanos y el debate del uso del Ejército en tareas de seguridad.
Aclaró que el objetivo no es atacar a las Fuerzas Armadas, “no se trata de juzgar si los soldados son héroes o villanos, tampoco de que los soldados sean chivos expiatorios, sino de que en todos los casos de violación de derechos humanos se haga cumplir la ley”.
El objetivo es hacer valer las garantías individuales y lograr una seguridad efectiva; “la pregunta es si queremos que el Ejército esté en las calles, y lo que dice el derecho internacional es que no, porque no es el rol que le corresponde dentro de un Estado democrático”, subrayó.
Consideró que la forma de salir de la crisis actual es la construcción de policías fuertes, lo que requiere la rendición de cuentas como un asunto toral, porque “si no hay sanciones a funcionarios que violan los derechos, la impunidad seguirá rampante”.
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