El senador perredista Armando Contreras Castillo presentó una iniciativa que busca crear la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas, además de reformar el Código Penal Federal.

Explicó que el objetivo de su propuesta es dotar al Estado y a las víctimas de mejores herramientas legales para prevenir, sancionar y erradicar este delito.

Señaló que desde 2006 a la fecha, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha registrado más de 5 mil personas extraviadas o ausentes, mientras que otras fuentes informan de más de 10 mil personas.

Sin embargo, consideró que “independientemente del juego de las cifras, lo cierto es que este delito se ha cometido y se sigue cometiendo en México porque las autoridades hacen poco o nada para terminar con la impunidad del pasado y del presente”.

Acusó que este tipo de delito se ha cometido en México por agentes del Estado, policías de todos los niveles, elementos del Ejército y la Marina, así como por servidores públicos, que desde posiciones políticas han sido autores intelectuales, omisos o claramente tolerantes de la desaparición forzada.

Recordó que en marzo de este año organizaciones civiles plantearon ante un grupo de trabajo de Naciones Unidas, la urgencia de armonizar el derecho interno mexicano con los más altos estándares internacionales y la creación de una ley general en contra de la desaparición forzada.

Por ello, indicó que con su iniciativa se pretende establecer medidas concretas y eficaces de protección, derecho a la justicia y reparación integral del daño a las víctimas directas e indirectas de esta práctica.

Contreras Castillo mencionó que la ONU ha señalado que en nuestro país no existe una política que se ocupe de los diferentes aspectos de prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas.

Además –agregó-- el delito es continuado, al igual que el sufrimiento de las familias, por lo que es urgente detener esta práctica.

El Estado mexicano --puntualizó-- no puede, ni debe permanecer ajeno a la imperiosa necesidad de utilizar todos los medios legales a su alcance para evitar que los perpetradores de la desaparición forzada queden impunes.

La iniciativa se remitió a las comisiones de Derechos Humanos y Estudios Legislativos para su análisis y dictaminación.

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