Número-889

• 47 por ciento de las personas que padecen esclerosis múltiple carecen de seguridad social o se atienden en el sector privado.
• En otro dictamen, legisladores piden implementar campaña de difusión de valores y actitudes que permitan la sana convivencia de las niñas, niños y adolescentes.

En México, la principal causa de discapacidad neurológica entre la población económicamente activa es la esclerosis múltiple, pues afecta al menos a 15 mil personas, de las cuales, 70 por ciento tiene entre 20 y 40 años de edad, y se presenta con mayor frecuencia en mujeres que en hombres.
Aunado a estos datos, según la Asociación Mexicana de Neurología, 47 por ciento de las personas que padecen esclerosis múltiple carecen de seguridad social o se atienden en el sector privado, y el restante 53 por ciento en los sistemas de salud públicos.
Por ello, la Comisión Permanente urgió a la Secretaría de Salud del gobierno federal, y a sus homólogas en las entidades federativas, a establecer un programa de capacitación al personal de la salud desde los primeros niveles de atención sobre los síntomas, diagnóstico y tratamiento de la esclerosis múltiple, con el objeto de atender de manera inmediata y oportuna dicha enfermedad.
En el mismo sentido, solicitó brindar a los pacientes con esclerosis múltiple información sobre las instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales que ofrecen apoyo médico complementario.
En otro resolutivo, la Comisión Permanente llamó al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Salud y del Consejo de Salubridad General, se defina a la esclerosis múltiple como una enfermedad catastrófica, a fin de que cuente con recursos presupuestales para su tratamiento, a partir del Fondo de Protección contra Gastos Catastrófico del Sistema de Protección Social en Salud.
Adicionalmente, los legisladores exhortaron a la Secretaría de Salud del gobierno federal y a sus homólogas en las entidades federativas, para que en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), realicen un censo para conocer el número de personas con esclerosis múltiple en el país, así como su situación médica, laboral y económica.
Al respecto, los legisladores dejaron de manifiesto en el texto del dictamen que la falta de una estadística oficial del problema representa un desafío para los diseñadores de políticas de salud y la efectividad de cualquier programa que se llegue a plantear a nivel nacional en atención a la esclerosis múltiple.
Al referirse al dictamen, el senador Arquímedes Oramas Vargas, del Partido Revolucionario Institucional, recalcó que desafortunadamente no hay cura para la esclerosis múltiple y es catalogada como de bajo riesgo en el país, al presentarse 15 casos de cada 100 mil personas.
La esclerosis múltiple, dijo, es una enfermedad del sistema nervioso central que afecta el cerebro y en forma especial a la médula espinal por lo que de forma progresiva se presenta la invalidez. Resaltó que sólo 40 por ciento de los enfermos cuentan con cobertura de seguridad del Estado.
El legislador informó que, según estimaciones, hay más de cinco mil pacientes registrados y podrían llegar a 20 mil, además subrayó que el Consejo de Salubridad General la denominó como de alto costo, por lo que se sumó al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular.
Por su parte, la diputada María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza, señaló que en el mundo más de 2.5 millones de personas padecen esclerosis múltiple. En el país, agregó, aproximadamente 20 mil mexicanos la padecen, “90 por ciento residentes de la región norte de México, con una alta incidencia en mujeres jóvenes y es la primera causa de discapacidad, no traumática, en hombres jóvenes”.
Además, subrayó que a pesar de los estudios y revelaciones de las investigaciones, aún no existe una política en materia de salud pública para la atención preventiva, en tanto que el costoso tratamiento de la enfermedad hace que muchos de los que la padecen lo abandonen.
Por otra parte, la Comisión Permanente aprobó un dictamen para que la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, implementen una campaña de difusión de valores y actitudes que permitan la sana convivencia de las niñas, niños y adolescentes.
En el dictamen, los legisladores reconocieron que los derechos del niño son un conjunto de normas de derecho internacional que protegen a las personas hasta determinada edad y que todos y cada uno de estos derechos son inalienables e irrenunciables, por lo que nadie puede vulnerarlos o desconocerlos.
Además, precisaron la necesidad de la formación, difusión y desarrollo de valores y principios sociales, a fin de lograr la sana convivencia de las niñas, niños y adolescentes, pues tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus derechos, que garantice el respeto a su dignidad humana y al desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad.

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