Número-879
- Se espera que 60 mil trabajadores sindicalizados sean despedidos en los próximos meses, indican legisladores.
- También se acordó pedir información sobre posibles anomalías entre funcionarios del Estado de México y la empresa OHL.
Asimismo, los legisladores de este órgano de trabajo acordaron hacer un llamado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que salvaguarde los derechos de los trabajadores del sector energético del país.
En el documento se señala que durante la promoción de la reforma energética el gobierno federal sostuvo que ésta generaría 500 mil empleos adicionales en 2018 y 2.5 millones en 2025; no obstante, a partir del recorte de 62 mil millones de pesos en su presupuesto para este año, se han realizado múltiples despidos en los últimos meses.
Senadores y diputados manifestaron su preocupación y señalaron que tan sólo el 15 de marzo en Coatzacoalcos, Veracruz, se despidieron a 400 trabajadores sindicalizados, que se suman a los más de 10 mil trabajadores contratados por outsourcing, los cuales dejaron de laborar desde el 1 enero de este año.
Aunado a ello, informaron se espera que otros 60 mil trabajadores sindicalizados sean despedidos en los próximos meses. Actualmente, el número de personal sindicalizado y de confianza ha descendido de manera considerable, apuntaron.
Precisaron que la Tercera Comisión es consciente de lo que implica la reducción en los ingresos de Pemex, pero considera de vital importancia que todas las decisiones que se tomen en esa empresa tengan el menor impacto en términos de despido de trabajadores, y en su caso, éstos se realicen respetando los derechos laborales de los empleados.
Recordaron que esta empresa productiva del Estado cuenta actualmente con aproximadamente 150 mil trabajadores, de los cuales 100 mil son sindicalizados y casi 50 mil de confianza o eventuales.
Informe sobre posibles anomalías entre funcionarios del Estado de México y la empresa OHL
Los legisladores avalaron solicitar al Poder Judicial del Estado de México, a través de su Consejo de la Judicatura, un informe sobre las investigaciones que se llevan a cabo en torno a la probable comisión de irregularidades, por parte de jueces o magistrados adscritos a ese Poder en relación a los juicios en los que se encuentra involucrada la empresa OHL.
Lo anterior, debido a que se dieron a conocer grabaciones telefónicas, entre directivos de OHL y funcionarios del Estado de México, para incrementar los precios de peaje en el Viaducto Bicentenario de dicha entidad; así como una grabación en la que se deduce la posible entrega de dinero a los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, para agilizar y resolver favorablemente el trámite de juicios que lleva la empresa española
El documento avalado por los legisladores señala que México actualmente vive un clima de desconfianza de la ciudadanía hacia las autoridades gubernamentales, derivado de la mala actuación de las mismas y la corrupción que se ha hecho presente en todos los niveles de gobierno.
Por ello, es conveniente solicitar información para estar en posibilidades de saber con precisión si dichas investigaciones no se están llevando a cabo aún, puntualiza.
Prestadores de servicio de telefonía celular y de uso de datos
Posteriormente los legisladores hicieron un llamado al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal del Consumidor para que lleven a cabo una investigación sobre la eficiencia en el cumplimiento de los servicios que ofrecen los prestadores de servicio de telefonía celular y de uso de datos, y en caso de no cumplirlos fijar las multas correspondientes conforma además de resarcir económicamente el daño a los usuarios.
También exhortaron a la Procuraduría Federal del Consumidor para que lleve a cabo una campaña nacional de información sobre el procedimiento para interponer las denuncias en contra de los prestadores de servicios de telefonía celular y uso de datos.
Asimismo, plantearon que el Instituto Federal de Telecomunicaciones lleve a cabo una investigación sobre las violaciones recurrentes de las compañías prestadoras del servicio de telefonía celular y del uso de datos, en contra de los consumidores, y fijar las penas que conforme a la ley procedan.
Consejo para la Competitividad en entidades del país
La Tercera Comisión también aprobó un dictamen que exhorta a los congresos y gobiernos estatales para que --con base en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa-- consideren la viabilidad de conformar un Consejo para la Competitividad en sus respectivas entidades, con la finalidad de incentivar el desarrollo de este sector.
El documento también propone hacer un llamado al gobierno federal para que el presupuesto asignado al Programa de Compras del Gobierno para el ejercicio fiscal 2016, aumente con respecto al año en curso, para detonar el crecimiento de las empresas. Y, exhortar a las dependencias federales para que mediante el mismo programa, el próximo año, ejerzan más recursos para apoyar el desarrollo de las Pymes del país.
Acciones para apoyar a los trabajadores de San Quintín
Otro dictamen aprobado por la Tercera Comisión solicita a la Secretaría de Desarrollo Social un informe sobre las acciones realizadas, mediante el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, para apoyar a los trabajadores de San Quintín, Baja California, con la finalidad de mitigar los índices de pobreza y marginación que padecen.
Dicha información deberá ser remitida a la Cámara de Senadores en un lapso no mayor a 15 días naturales, especifica el dictamen que votaron a favor los legisladores integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente.
Los legisladores también aprobaron 21 dictámenes sobre temas como garantizar las actividades en el desarrollo de la industria petrolera; exhortos en materia laboral y ambiental; un plan de capacitación para miembros comunitarios de bancos indígenas; energías limpias en la administración pública; servicios de eventos sociales; apoyo a industrias; tráfico de especies; y apoyos a municipios marginados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
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