Número. 853
- El combate a este tipo de ilícitos debe darse mediante una efectiva coordinación entre los tres niveles de gobierno, coinciden senadores.·
- Respaldan castigar con cinco años de cárcel a quienes nieguen atención médica a mujeres en labor de parto.
En el dictamen aprobado se menciona que los delitos de alto impacto, entre los que se encuentran el homicidio, secuestro, extorsión, robo con violencia, de vehículos y violación, continúan en niveles alarmantes.
Ante ello, los senadores consideraron que su combate sólo puede darse mediante una efectiva coordinación entra las distintas autoridades encargadas de la seguridad pública y de prevención del delito.
La coordinación, agregaron, debe darse en el marco en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que es la instancia nacional en la cual convergen todas las autoridades de seguridad pública, procuración y administración de justicia.
Todas ellas, deben compartir la información y estrategias de prevención y combate a la delincuencia y a la violencia social, apuntaron.
En otro tema, los legisladores respaldaron un dictamen que modifica la Ley General de Salud, a efecto de imponer de seis meses a cinco años de prisión y multa de cinco a 125 días de salario mínimo, al profesional, técnico o auxiliar de la atención médica que sin causa justificada impida el acceso a un hospital, clínica o centro de salud a una mujer en labor de parto.
En el documento se señala que es evidente en el país la falta de infraestructura, el sobrecupo en hospitales y falta de pericia o de sensibilidad, aunado a la escasez de personal capacitado para atender emergencias médicas.
Sin embargo, se precisa, esa situación no es justificación para que el Estado y el personal médico deje a un lado su responsabilidad para garantizar la salud de personas, más aún a las que están en trabajo de parto o en condición de emergencia producto de accidentes, lesiones graves o descompensaciones que ponen en riesgo su vida.
Se destaca que es fundamental lograr que cada una de las instancias responsables de brindar servicios de salud, así como sus integrantes, cumplan con sus funciones, pues el país cuenta con un marco normativo amplio y actualizado con sus obligaciones y compromisos contraídos mediante la suscripción de instrumentos internacionales.
En la misma reunión de trabajo se aprobó un dictamen para reformar el Código Federal de Procedimientos Civiles, con el objetivo de establecer que en los juicios en los que intervengan personas con discapacidad se incorpore un formato de fácil lectura, que estará determinado por la discapacidad concreta de la o las partes.
Los senadores indicaron que todas las personas en esta situación tienen el derecho de acceder plenamente a la justicia y atender las necesidades particulares de cada una de ellas.
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