Lo anterior, dijo, con el objetivo de que la obligación de alimentos deba ser cumplida completa y debidamente.
Explicó que esta reforma contempla que el Poder Judicial de los estados cuente con un registro de información relacionada con los obligados alimentarios que hayan incurrido en morosidad o en acuerdos conciliatorios.
Propuso que la información contenida en este registro sea pública, de conformidad a lo que determine la ley en la materia.
Señaló que en caso de que no esté debidamente garantizado el cumplimiento de la asignación anticipada o pensión alimentaria, un juez podrá prohibir al obligado alimentario ausentarse del país, cambiar de residencia o salir de una entidad federativa.
Además, mencionó que el deudor alimentario que haya incurrido en morosidad sin causa justificada, será sujeto de sanciones penales, civiles y administrativas en los términos que establezcan las leyes respectivas.
Velázquez López consideró que con estos cambios se podrá garantizar en todo momento la satisfacción de las necesidades básicas de los niños, y permitirá impulsar nuevas medidas para evitar que deudores alimentarios se sustraigan de su obligación.
Refirió que en México las estadísticas muestran que el 67.5 por ciento de las madres solteras no reciben pensión alimenticia como consecuencia de la serie de argucias que los deudores alimentarios implementan para evadir esa responsabilidad.
En muchos casos los deudores alimentarios cambian de empleo o incluso de ciudad para evadir su responsabilidad, dejando a sus familias con problemas económicos, enfatizó..
La iniciativa se remitió a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.
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