Número-724

• Se requiere también fortalecer el sistema de recaudación para garantizar pago de pensiones.
• Riesgo de que aumente la pobreza en México, si no se ofrecen pensiones dignas.

La Comisión de Seguridad Social del Senado de la República analizará y elaborará diversas propuestas de reformas en materia de pensiones y jubilaciones, a partir de las conclusiones de organismos y expertos internacionales sobre la universalidad de la cobertura en materia de pensiones, jubilaciones y seguridad social.
Entre estas conclusiones, vertidas durante la Semana de Seguridad Social que se llevó a cabo del 27 al 30 de abril, destaca la advertencia en el sentido de que si el mercado no ofrece empleo y mejores salarios, no será posible un sistema que ofrezca pensiones suficientes, lo que conlleva el riesgo de que aumente la pobreza entre las personas de la tercera edad.
Además existe la necesidad de fomentar la cultura de aportaciones voluntarias a las cuentas individuales para el retiro; y de revertir los bajos niveles de cobertura, bajas aportaciones y mínimas pensiones, que ubican a México como uno de los países con mayor rezago en la región.
Adicionalmente, en México se registra una de las tasas de cobertura más bajas en América Latina, pues sólo 27 por ciento de las personas mayores de 65 años reciben una pensión; es decir, sólo uno de cada cuatro adultos mayores cuenta con este recurso.
Además, sólo se destina 6.5 por ciento del salario al ahorro para el retiro, y la tasa más baja de reembolso es de sólo 20 y 40 por ciento, según el nivel salarial de los trabajadores; cuando las tasas promedio de la región son de 11 y 60 por ciento, respectivamente.
Otro riesgo en el sistema de pensiones es la eventual falta de financiamiento por parte del gobierno, tanto a los trabajadores del Estado jubilados como a los del sistema no contributivo --como el programa 60 y Más--, debido a la baja recaudación fiscal, de apenas 11.8 por ciento.
Tomas Wissing, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sugirió que para revertir este escenario se impulsen esquemas mixtos contributivos y de pensión no contributiva, para alcanzar 40 por ciento de la cobertura del salario actual y garantizar pensiones suficientes; incrementar la capacidad de recaudación fiscal a fin de dar soporte a las finanzas públicas; y aumentar el trabajo formal.
El representante del Banco Mundial (BM), Gonzalo Reyes Hartley, propuso que México emprenda esquemas para la disminución de las comisiones por parte de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), en las que la competencia por el mercado se sustente en una mesa rentable; el gobierno puede contribuir a este propósito a partir de un mecanismo en el que los nuevos afiliados --sin cuentas anteriores de retiro-- sean asignados por un periodo determinado a la administradora que ofrezca menores tasas de comisión.
A fin de garantizar el retorno de fondos de pensiones con los mejores rendimientos, sin poner en riesgo los recursos de trabajadores próximos a la jubilación, propuso la diversificación de inversiones al asignar los ahorros de los afiliados de mayor edad en sistemas de capitalización estables, y los de los jóvenes en aquellos de mayor riesgo, que les darán mayores rendimientos a largo plazo.
David Kaplan, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), consideró que para alcanzar la universalidad de la pensión, debe bajar la tasa de aportación de los trabajadores que ganan menos, a la par de establecer un porcentaje de cotización superior al marcado por ley para quienes registran mayor ingreso.
Para mantener a salvo los derechos de los trabajadores, este porcentaje mayor al establecido por la ley deberá reducirse en caso de que así lo soliciten los trabajadores, entre los que también deberá de fomentarse la educación financiera.
En representación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Roberto Martínez Yllescas hizo énfasis en que el reto para México es lograr un esquema integral incluyente, que establezca la portabilidad de los recursos entre los distintos sistemas de pensiones contributivas y no contributivas, con lo que se darán garantías a aquellos que, al pasar del sistema privado al público o viceversa, o al entrar en sistema no contributivo, puedan mantener sus cotizaciones.
Hernán Gómez Bruera, de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), reiteró la preocupación ante el riesgo de mayor pobreza en la región, por la insuficiencia de las pensiones para personas mayores, que incluso alcanza a las familias. Aludió en lo particular la pobreza rural que disminuyó en México de 27 a 21.3 por ciento, de los 90 al año 2009; sin embargo, en naciones como Brasil descendió de 46 a 15.2 por ciento en el mismo lapso.
Ante ello, apuntó, se requiere una nueva reforma, añadió, que cumpla con el objetivo de generar el ahorro necesario, lograr sistemas incluyentes y mejorar los ingresos de los trabajadores al momento de su retiro.
Ernesto Acevedo, del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS), llamó a establecer mecanismos que eviten la volatilidad en el mercado del trabajo, lo que requiere de una visión integral en el nuevo esquema de seguridad social para México.
De esta forma, consideró, se podrá revertir una de las principales afectaciones a la seguridad social: la flexibilización del mercado laboral, que facilita la entrada y salida de los trabajadores de los diversos sistemas de pensiones y, por tanto, no propicia seguridad en las contribuciones y deja fuera de cualquier programa a un gran porcentaje de la población económicamente activa.
A esta advertencia se sumó Hugo Cifuentes Lillo, integrante de la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones 2014, en Chile, al subrayar: “si el mercado no da empleo y mayores salarios, difícilmente la seguridad social dará mejores pensiones”.
Se pronunció porque en México se analice a fondo lo referente a la correlación entre el monto de las pensiones y el incremento real de los salarios, a fin de que no se genere una gran carga sobre las finanzas públicas, pues para garantizar el pago digno a jubilados se requiere un sólido sistema fiscal.
Adicionalmente, concluyó, se requiere revisar la tasa de comisión de las Afores, a fin de que estas no mermen los recursos de los trabajadores, sino por el contrario, sea más atractiva su perspectiva de jubilación.
El vicepresidente de Argentina, Armando Boudou, propuso una visión en la que el Estado tenga un rol fundamental en las transformaciones económicas, para lograr sustentabilidad social en la economía global, lo que incluye al sistema de seguridad social como institución clave.
Consideró que los ahorros para el retiro no deben destinarse a inversiones de riesgo, pues no es coherente ni sustentable, como tampoco socialmente deseable, “a menos que se explicite que se está de acuerdo en que el sector empresarial traslade sus riegos a los adultos mayores de una población. No creo que sea una opción mayoritariamente compartida”.
En lo anterior coincidieron los economistas Ignacio Raúl Apella, de Argentina; Ariel Ferrari Ibarra, de Uruguay; y Héctor Vásquez, de Colombia; al apuntar que al considerarse la seguridad social como un derecho humano, no pueden trasladarse los fondos de retiros a manos privadas, cuyo único objetivo es generar lucro, no garantizar beneficios a la población.
Se pronunciaron a favor de fortalecer el sistema de pensiones no contributivas, sin embargo, advirtieron sobre la necesidad de que se generen trabajos con mejores remuneraciones, pues de lo contrario no será posible que los jubilados alcancen pensiones suficientes para una vida digna y no permanezcan como una deuda social.
Ante este escenario, el presidente de la Comisión de Seguridad Social, Enrique Mayans Canabal, anunció que se conformará un grupo de expertos nacionales para llevar a buen puerto la reforma de seguridad social y, como parte de los trabajos de la comisión, se promoverá el aumento paulatino de los salarios a fin de fortalecer las pensiones, a fin de atender las propuestas de los especialistas.

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