La propuesta contempla establecer un Registro Nacional de la Situación Patrimonial de Servidores Públicos, que deberá estar a disposición de la Fiscalía para comparar y detectar los cambios patrimoniales de los funcionarios que no sean legalmente justificables.
Desde la tribuna senatorial, el legislador de Acción Nacional advirtió que la corrupción y el lavado de dinero son instrumentos que utiliza el crimen organizado para materializar sus propósitos, por lo que “socavan la legitimidad de las instituciones públicas y atentan contra la sociedad, el orden moral, la justicia y el desarrollo integral de los pueblos”.
La corrupción, dijo, “no solo conduce a la delincuencia política e institucional, sino que fomenta el crimen organizado”, pues es un sistema que hace caso omiso al orden legal y crea una sociedad en la que son inefectivas las instituciones jurídicas, judiciales y de procuración de la ley.
“En los sistemas corruptos --agregó-- a los políticos, empresarios, servidores públicos y a quienes cuenten con recursos económicos les es fácil comprar la evasión de su responsabilidad social”.
El producto monetario de este fenómeno, destacó García Cervantes, es incorporado al sistema financiero a través de diversos esquemas que le dan “visos de legalidad”.
En este contexto, señaló que la corrupción y el lavado de dinero representan una amenaza directa a la economía nacional, ya que fomentan políticas y reglamentaciones inapropiadas, reduce los niveles de inversión, disminuye los ingresos e incrementa los gastos públicos.
Asimismo, dijo, estos fenómenos impiden las reformas democráticas orientadas al mercado.
Resaltó que la impunidad agrava más estos problemas y las estadísticas más alarmantes sobre la ineficacia de la procuración y administración de justicia son relativas a la denuncia, integración, consignación y sentencia de delitos de corrupción, como el enriquecimiento ilícito y el lavado de dinero.
Por ello, las operaciones para lavar el dinero deben ser combatidas por un órgano especializado en investigación financiera, que cuente con las atribuciones necesarias para perseguir el uso de recursos de procedencia ilícita.
Además, es indispensable que los servidores públicos deshonestos sean sometidos a juicio y reciban castigos ejemplares.
La iniciativa, que propone modificar el Artículo 102 de la Constitución para crear la Fiscalía, fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.
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