• En México, 21.2 millones de niños y adolescentes se encuentran en situación de pobreza, y 4.7 millones padece pobreza extrema.
• Un millón 769 mil niños y adolescentes, entre 12 y 19 años, no asisten a la escuela; además, la tasa de deserción escolar se incrementa conforme avanza la edad.

En septiembre de 2014, el Senado de la República aprobó la creación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que garantiza el pleno ejercicio de sus derechos humanos, y establece los principios rectores en esta materia; legislación que fue promulgada en diciembre de 2014.

Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, es importante en el país, pues 10 de cada 12 menores es pobre o vulnerable, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), citado en el reporte “Al día: las cifras hablan”, realizado por la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez del Senado.

En México, 21.2 millones de niños y adolescentes (53.8 por ciento del total) se encuentran en situación de pobreza, es decir, no pueden satisfacer al menos uno de sus derechos sociales --vivienda, educación y salud, entre ellos--; y 4.7 millones (12.1 por ciento) padece pobreza extrema, o sea que no cuentan con ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias.

El reporte estima que las cifras podrían aumentar si no se acelera la aplicación de la ley en la materia, debido a que las estadísticas son de 2012, y se estima que para junio de 2015 los menores de 18 años en México serán 40 millones 163 mil 748 personas, lo que representaría 33.2 por ciento del total de población nacional.

Cabe destacar que los niveles de pobreza de la población infantil y adolescente son significativamente mayores que de quienes tienen 18 y más años de edad: 53.8 por ciento y 43.3 por ciento, respectivamente, reporta el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Unicef.

Por lo anterior, la ley establece las bases generales para la participación de los sectores privado y social en las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a prevenir su vulneración.

El reporte elaborado por el Instituto Belisario Domínguez destaca la situación de los niños y adolescentes indígenas: 78.5 por ciento de ellos se encuentran en situación de pobreza, y 33.4 por ciento viven en pobreza extrema; además casi 100 por ciento carece de uno o más de sus derechos sociales.

Por entidad federativa, Chiapas es el estado donde se registra el 81 por ciento, que es el mayor porcentaje, de población de 0 a 17 años en situación de pobreza; Guerrero y Puebla registran un nivel de 77 por ciento; y en sentido contrario, Nuevo León, Coahuila y Baja California Sur tienen los menores niveles de pobreza, entre 30 y menos de 5 por ciento.

Otro derecho social vulnerado es la educación, ya que un millón 769 mil niños y adolescentes, de entre 12 y 19 años, no asisten a la escuela. Aunado a ello, la tasa de deserción escolar en México se incrementa conforme avanza la edad: en la primaria es menor a 1 por ciento, en la secundaria es de 6.2 por ciento y de 15.6 por ciento en la educación media superior.

El Instituto Belisario Domínguez determina en su reporte que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes coadyuvará a cumplir con los convenios y protocolos internacionales a los que México se ha suscrito para proteger sus derechos; así como a las modificaciones constitucionales que ha realizado el Congreso de la Unión para garantizar sus derechos sociales.

El reporte completo sobre este tema se puede consultar en:
http://www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/ad/AD37.pdf

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