BOLETÍN-1377 Regular mercado de drogas exacerbaría criminalidad: Alejandro Poiré.

El secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré Romero, aseguró que con la regulación del mercado de drogas, exclusivamente en México, “lo único que generaríamos sería la exacerbación de los problemas de criminalidad”.

Destacó que los niveles de delincuencia y violencia en nuestro país están claramente vinculados con el tráfico internacional de estupefacientes y la diversificación de las actividades de los cárteles, que no sólo se dedican a exportar la droga sino a colocarla en el mercado y a controlar delitos como la extorsión, secuestro y robo de autos.

En el Foro sobre la regulación del mercado de las drogas en México, Poiré Romero advirtió ante senadores, diputados, periodistas y especialistas, que “nada es más peligroso que suponer que cambios en la regulación, exclusivamente en nuestro país, son la solución al problema”.

Al final de cuentas, agregó, la mayoría de “las ganancias gigantescas” derivadas de la venta de drogas “se quedan en el lado estadounidense de la frontera y representan una fuente de financiamiento muy importante para organizaciones delictivas” en nuestro territorio y Centroamérica.

“Nada sería peor --enfatizó-- que en la situación actual de vulnerabilidad se cambiara, de manera unilateral, el régimen legal en nuestro país, cuando las ganancias seguirían siendo extranormales e ilegales en el mercado de consumo; lo único que generaríamos sería la exacerbación de los problemas de criminalidad en nuestro país”.

Por ello, afirmó, se tiene que provocar un debate en Estados Unidos sobre el estatus e implicaciones de la demanda de drogas en esa nación y la situación que vive nuestro país.

Reconoció que también es necesario “plantear con toda seriedad” si existen mejores alternativas que las actuales para reducir el consumo o las ganancias que se generan en el mercado.

“Lo que tenemos que encontrar --precisó-- es una fórmula que nos permita seguir avanzando en la transformación institucional y porque policías, ministerios públicos y jueces trabajen al servicio de los ciudadanos, al mismo tiempo que estamos reconstruyendo el tejido social, debilitando a los delincuentes e impulsando un debate serio integral, coherente respecto al estatus jurídico de los estupefacientes”.

El debate, dijo, tiene que tomar en cuenta las implicaciones de consumo, producción, distribución y comercio de drogas a nivel global y ser una discusión “en que queden perfectamente claras las implicaciones de cada una de estas medidas en el entorno nacional e internacional”.

Al respecto, el presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, senador René Arce, afirmó que la regulación del mercado de drogas no es un tema estrictamente académico o teórico, sino también político, que tiene que ver con decisiones que se deben tomar para combatir la inseguridad.

Resaltó que habitantes de estados como Nuevo León, Tamaulipas o Michoacán viven con la angustia y terror que provoca la delincuencia y que “nos piden hagan algo por nosotros, pues ya estamos en una situación tan complicada que ya no sabemos que decirles a nuestros a hijos”.

Por ello, consideró el legislador, “entre todos tenemos que encontrar soluciones y nuevos paradigmas para resolver el problema tan delicado que es la inseguridad en el país.

Por su parte, el senador Felipe González González advirtió que bajo las actuales condiciones económicas, políticas, sociales y culturales el impacto de la legalización de las drogas sería negativo tanto en los ámbitos de la seguridad pública como los relativos a la seguridad nacional.

“Desde el Estado estaríamos cometiendo y fomentando nuestro suicidio”, recalcó.

Los delitos asociados con el mercado de estupefacientes --señaló-- complican su legalización, pues resulta difícil o imposible cambiar de paradigma cuando además del daño que el consumo de éstas genera, quienes controlan el mercado son los responsables de tanta violencia y asesinatos.

Además, mencionó que “nuestra sociedad, hoy por hoy, es vulnerable al fenómeno del consumo de narcóticos, por lo que una legalización tan sólo de la mariguana tendría efectos negativos que no podríamos aceptar”.

Recordó que en los últimos seis años en el país aumentó el número de adictos en 51 por ciento, ya que del año 2002 al 2008 pasaron de 158 mil a 307 mil y el número de personas que han probado alguna vez sustancias ilegales subió de 3.5 millones 4.5 millones.

Agregó que una posible legalización tendría como consecuencia que la delincuencia neutralizaría el proceso de regulación gubernamental y además buscaría el control de los mercados legalizados de la droga mediante la competencia desleal, el robo de ésta o la creación de un nuevo mercado negro.

Es decir, el impacto de la legalización sería revertido y buscarían el control del mercado de las drogas por otro medio, puntualizó.

En su turno, Andrés Lajous, editor de la revista Nexos en línea, señaló que “los problemas de seguridad que vivimos están vinculados, en parte, al financiamiento que reciben organizaciones criminales por el tráfico de drogas”.

Sin embargo, subrayó, la violencia de estos grupos no sólo está relacionada a las “ganancias exorbitantes sino también a la estructura de un mercado ilegal.

Destacó que “algunos de los problemas asociados al régimen actual de prohibición son la violencia, criminalización, ausencia de información, enfermedades vinculadas al consumo y muertes”.

Además, dicha prohibición ha producido la inexistencia de datos para conocer el problema, pues toda la información que publica Naciones Unidas, la Casa Blanca, la DEA y el gobierno mexicano está basada en aproximaciones, “que a veces tienen motivaciones políticas o muy pocas veces tienen que ver con lo que está sucediendo en la realidad”.

Dijo que la revista Nexos definió una postura pública en favor de la legalización de los narcóticos con una propuesta de regulación para cada una de ellas, ya que producen distintas consecuencias sobre la salud, el comportamiento de las personas y la sociedad.

Por su parte, el periodista Sergio Sarmiento resaltó que a 40 años de que Richard Nixon, ex presidente de Estados Unidos, iniciara la guerra contra las drogas, la estrategia del combate a los estupefacientes “ha fracasado con consecuencias devastadoras para individuos y sociedades alrededor del mundo”.

Refirió que según la Comisión Global sobre Políticas de Drogas de la ONU de 1998 a 2008 el número de consumidores de mariguana aumentó 8.5 por ciento, al pasar de 147.4 millones a 160 millones y los usuarios de cocaína se elevaron 27 por ciento, al pasar de 13.4 millones a 17 millones.

Además, el número total de consumidores de estupefacientes en el mundo alcanzó una cifra de entre 149 y 272 millones de personas.

“Si el objetivo de la guerra era disminuir el consumo y no detener y matar a capos del narco o aumentar los presupuestos de las policías y las fuerzas armadas, el fracaso ha sido total y la estrategia ha generado enormes problemas colaterales, uno de los cuales ha sido el aumento de la violencia en México”, aseveró.

Por ello, “hay razones éticas y pragmáticas para promover la despenalización e incluso la legalización de cuando menos algunas drogas”.

Desde el punto de vista ético, agregó, “ningún gobierno tiene derecho a castigar a una persona por consumir voluntariamente una sustancia que sólo a ella le hace daño” y en una posición pragmática, la prohibición y represión no han servido para disminuir el consumo en México, Estados Unidos ni en el mundo.

A su vez, Alberto Santos de Hoyos, del Grupo Empresarial Santos, aseguró que la detención y encarcelamiento de narcotraficantes, así como los decomisos de drogas, propiedades y dinero no han servido para detener el crecimiento de las adicciones y “mucho menos la violencia en la sociedad”.

Explicó que la política de prohibición en el consumo de drogas ha creado un mercado negro que es operado por mafias violentas que ponen en riesgo la seguridad de los mexicanos.

Señaló que dicho mercado ha sido creado por el propio Estado a través de una política prohibicionista y confusa pues por un lado despenaliza el consumo personal, mientras que por el otro, criminaliza y combate a productores y vendedores.

En este sentido, consideró, tenemos dos opciones: dejar el mercado de las drogas como un monopolio ilegal en manos exclusivas de las mafias o que el Estado mexicano tome el control de éste con el objetivo de disminuir las adicciones y poner bajo tratamiento médico a los adictos.

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