Número-646

• Instituto Nacional de Migración debe diseñar protocolos que le permitan determinar el interés superior de niñas, niños y adolescentes acompañados y no acompañados.
• Se requieren acciones de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales en materia de seguridad pública y procuración de justicia.

Senadores del PAN, PT y PRD pidieron al Gobierno Federal modificar la política migratoria en pro de la defensa de los derechos humanos de estas personas, e informar sobre los mecanismos a implementar para determinar el interés superior de la niñez migrante.
Los legisladores Mariana Gómez del Campo, Layda Sansores San Román y Zoé Robledo Aburto, solicitaron en su exhorto que se establezcan acciones reales de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, en materia de seguridad pública y procuración de justicia.
Señalaron que primordial que el Instituto Nacional de Migración diseñe e implemente protocolos de actuación que le permitan determinar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, acompañados y no acompañados.
Recordaron que en julio del 2014, el Ejecutivo Federal publicó el Decreto que creó la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, con el objeto de vigilar y coordinar la implementación de políticas públicas en materia migratoria e impulsar un desarrollo integral en la zona a partir de las políticas sociales, económicas y culturales.
En el punto de acuerdo promovido por los senadores y que fue remitido a la Comisión de Asuntos Migratorios para su análisis y dictamen, se menciona que la llamada “Estrategia de Atención Integral a la Frontera Sur” se enfoca en las detenciones para controlar el flujo migratorio en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales en la zona.
“Sin embargo, hasta la fecha no se ha hecho mención alguna sobre la inclusión de medidas para combatir y erradicar la corrupción que se genera en los distintos niveles de gobierno, como tampoco sobre la manera en que protegerá a las personas migrantes de las bandas de delincuencia organizada que se aprovechan de su vulnerabilidad”, indicaron.
Indicaron que el Estado mexicano ha sido un amplio promotor del respeto a los derechos de las personas migrantes, y a nivel internacional ha suscrito diversos instrumentos para asegurar el respeto de éstos, por lo cual debiera modificarse la política interna en esta materia para hacerla acorde a la legislación mundial.
“Es claro que el Estado mexicano al firmar y ratificar los tratados internacionales se compromete a respetarlos y hacerlos valer dentro de su territorio nacional, de manera específica en el tema de la promoción y defensa de los derechos humanos, expusieron.
Reiteraron que es menester del Gobierno Federal garantizar dentro de las acciones de gobierno que lleve a cabo en materia migratoria, cumplir con la vigilancia y el respeto irrestricto a los derechos de las personas migrantes, aunado a los diversos mecanismos y protocolos que se deberían implementar para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

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