Número. 609

• Comisiones dictaminadoras fundamentan la minuta sobre el tema; grupos parlamentarios presentan en tribuna sus posicionamientos sobre esta reforma constitucional.
• Queda pendiente eliminación del fuero al Ejecutivo federal, gobernadores y otros servidores públicos, señalan legisladores.

Con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se avanza de forma importante para poner fin a la impunidad en México, coincidieron en señalar los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales, Enrique Burgos García; de Gobernación, Cristina Díaz Salazar; Anticorrupción y Participación Ciudadana, Pablo Escudero; y de Estudios Legislativos, Segunda, Alejandro Encinas Rodríguez.
Al fundamentar el dictamen de reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, durante la sesión ordinaria de este día, los senadores destacaron que para la creación del SNA se sumaron esfuerzos de todos los grupos parlamentarios, de organizaciones sociales, académicos y especialistas en transparencia y combate a la corrupción.
El senador Burgos García, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, aseveró que con esta nueva ley, la sociedad mexicana afirma su vocación para participar en las grandes corrientes de evolución mundial, para que se apliquen las mejores en la función pública, a favor de la sociedad y no de intereses ajenos.
De esta manera, se da respuesta a una de las más legítimas exigencias de la sociedad y se establecen las bases para devolver el valor de la confianza de la sociedad en las instituciones, a partir de un esfuerzo legítimo de los grupos parlamentarios del Senado, la Cámara de Diputados, organizaciones sociales, académicos y especialistas, aseveró el legislador.
La senadora Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación, afirmó que México está ante la oportunidad de dar un paso trascendental en contra de la corrupción, que es la causa principal de desigualdad y exclusión.
Consideró doloroso que México ocupe el segundo lugar de impunidad, en un ranking de 59 países; en tanto que la ONU y el Foro Económico revelan que 72 por ciento de los jóvenes, entre 18 y 34 años, consideran que la corrupción provoca retraso y pérdida de oportunidades.
Escudero Morales, presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, apuntó que la reforma es perfectible, y reconoció que en el Congreso, en el tema del combate a la corrupción, “hemos llegado tarde y es momento de sacarlo adelante”, para dar respuesta a las expectativas de la ciudadanía.
Ante las posiciones en contra del dictamen, indicó que aun cuando en del Senado hay pensamientos distintos, se debe reconocer que la nueva ley anticorrupción es un gran producto legislativo que permitirá hacer de México un país mejor.
El senador Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, coincidió en que “falta mucho por hacer” como eliminar el sistema de excepción que se concede al Ejecutivo federal, gobernadores y otros funcionarios. Por ello, solicitó a la Mesa Directiva del Senado que se excite a la Comisión de Puntos Constitucionales para que, a la brevedad, se dictamine la minuta de la Cámara de Diputados para eliminar el fuero.
También pidió al Ejecutivo federal a asumir el compromiso para que se aplique la Ley Anticorrupción: “No basta decir ante empresarios de Nuevo León que esta ley será la varita mágica, debe asumirse que es un asunto de ética de hacer que la ley se cumpla y de que el ejercicio de la función pública sea eje rector para garantizar su aplicación”.
Durante el posicionamiento de los grupos parlamentarios, el coordinador del Partido del Trabajo, senador Manuel Bartlett Díaz, se manifestó en contra del dictamen y aseveró que no estudia las causas de la corrupción ni estipula nuevos delitos. Además, el cambio de responsabilidad de funcionarios se dejó para incluirse en 14 leyes secundarias que, dijo, tal vez sean realizadas cuando termine este sexenio.
Esto derivado del conflicto de intereses que golpea la transparencia, al no abordase de manera sustantiva el tema de la impunidad, por lo que el Sistema Nacional Anticorrupción está vacío por la falta de atribuciones de la ASF, del Tribunal Superior de la Federación, y de las instituciones como la Fiscalía Anticorrupción, pues quedan supeditadas al control del Ejecutivo federal.
Por el Partido Verde Ecologista de México, el senador Carlos Puente Salas, dijo que la Fiscalía Anticorrupción que será una autoridad con independencia y facultad de ejercitar acción penal en contra de los servidores públicos corruptos y de los ciudadanos que se involucren.
Además, agregó, se fortalece la Auditoría Superior de la Federación para que investigue las finanzas estatales y municipales; se aumenta el plazo para la prescripción de los delitos, y se establecer mayores sanciones para castigar los actos de corrupción.
Al presentar la postura del Partido de la Revolución Democrática, el senador Armando Ríos Piter reconoció que no se presenta un verdadero Sistema Nacional Anticorrupción, porque se tiene que eliminar el fuero a legisladores, presidentes municipales e incluso al Presidente de la República. Indicó que quedan pendientes la incorporación de un sistema nacional ciudadano y temas como el conflicto de intereses, la responsabilidad penal de empresas o personas morales y de servidores públicos.
En este sentido, llamó a trabajar el próximo año para que en un periodo de doce meses se dé “la verdadera primavera mexicana”, la capacidad de combatir la corrupción e impunidad, cambiar ocho leyes, modificar otras 14 y realizar una modificación constitucional.
Por el Partido Acción Nacional, la senadora Marcela Torres Peimbert llamó al Presidente de la República a aplicar cada modificación aprobada en esta minuta, con el propósito de ver el fin de la impunidad y a los funcionarios corruptos en la cárcel.
La aprobación de esta minuta, agregó, no resuelve el problema de la corrupción en su totalidad, pero abre un cauce para construir un entramado jurídico que cambie la manera vigente de combate de la corrupción, además de que generará un ambiente que favorezca la integridad.
Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la senadora Lilia Merodio Reza afirmó que la reforma representa el esfuerzo “más grande” del Estado para combatir a un cáncer social y político que ha generado incalculables pérdidas de bienestar a la nación.
El costo de la corrupción, precisó, representa el doble de los recursos que se destinan a la educación pública, por lo que es necesario respaldar y fortalecer los nuevos principios para evitarla. La esencia de la nueva norma, subrayó la legisladora, destaca con el combate a las prácticas deshonestas de los servidores públicos, con el objetivo de recuperar la confianza de los ciudadanos.
El dictamen a debate propone la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que será una instancia autónoma, de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno, para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
Contará con un Comité Coordinador integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; la secretaría del Poder Ejecutivo federal responsable del control interno; los presidentes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, del organismo garante establecido en el artículo sexto constitucional; y por representantes del Consejo de la Judicatura Federal y el Comité de Participación Ciudadana, que integrará a cinco ciudadanos que hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas y/o el combate a la corrupción.
La designación de sus integrantes será facultad de la Cámara de Diputados, y el Senado ratificará al secretario responsable del control interno del Ejecutivo federal.
El Comité Coordinador del SNA deberá elaborar un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia.
El ordenamiento fortalece las facultades de la ASF para realizar auditorías directamente, durante el ejercicio fiscal en curso --es decir en tiempo real--, derivadas de denuncias, con el objeto de investigar y sancionar de manera oportuna posibles actos irregulares.
La ASF fiscalizará recursos locales cuando provengan de deuda que esté garantizada por la Federación; promoverá las sanciones que correspondan a servidores públicos federales y/o de los estados, municipios, del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, y a los particulares, cuando en uso de sus facultades de fiscalización detecte irregularidades. Supervisará además los recursos federales que se destinen y se ejerzan por fideicomisos, fondos y mandatos, públicos y privados.
La propuesta incluye un esquema jurisdiccional de justicia administrativa, a cargo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos e imponer sanciones a servidores públicos de los tres poderes y órganos constitucionales autónomos de la Federación y, en su caso, de las entidades federativas y municipios, por las responsabilidades administrativas graves; y a los particulares que participen en hechos vinculados con dichas responsabilidades.
De igual forma, el Tribunal será responsable de fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias. Se prevé que las constituciones y leyes de los estados instituyan Tribunales de Justicia Administrativa y, además, se faculta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para expedir la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa.
Prevé que los tribunales podrán determinar la responsabilidad de los particulares por participación en hechos vinculados con faltas administrativas graves y, en su caso, se les determinarán las sanciones correspondientes, que podrán consistir en sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; y el resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública o a los entes públicos federales, locales o municipales, y las demás que determinen las leyes.
En materia de declaración patrimonial y de conflictos de intereses, los servidores públicos estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determinen las leyes aplicables. Por otra parte, se propone la procedencia del procedimiento de extinción de dominio en casos de enriquecimiento ilícito. Para la prescripción de sanciones administrativas graves, se aprueba ampliar el plazo a siete años por las faltas administrativas graves que prevé la legislación secundaria.
Para estos efectos, la propuesta es reformar y adicionar 14 artículos constitucionales: 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 113, 114, 116 y 122; y, se deroga el segundo párrafo de la fracción IV, del actual párrafo tercero del artículo 79, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Durante la sesión ordinaria del Senado de la República, los legisladores han reconocido que aún falta mucho por hacer, pues el Congreso de la Unión y los estatales habrán de conformar las leyes secundarias en materia de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción, y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para cumplir con sus respectivas facultades, y la previsión es que estos ordenamientos se concreten en un año.
Además se prevén futuras reformas que proponen eliminar el fuero a la figura del Presidente de la República, gobernadores y otros servidores públicos; y emprender un cambio en la cultura, tanto en autoridades como entre los ciudadanos, para revertir los actos de corrupción.

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