Número-566

  • La entrada en vigor a nivel federal del Código, a partir del 1 de agosto de 2015, en los estados de Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí.
  • Informan que Blanca Lilia Ibarra Cadena fue nombrada como titular de la Dirección General del Canal de Televisión del Congreso.

El Pleno del Senado recibió un oficio, a través del cual se solicita al Congreso de la Unión que emita la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del 1 de agosto de 2015, en los estados de Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí.
El documento para solicitar dicha declaratoria está firmado por los presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el secretario de Gobernación y la procuradora General de la República.
Respecto de la entrada en vigor a nivel federal en las demás entidades federativas, el Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, mediante un acuerdo conjunto, solicitarán al Congreso que se proceda a la emisión de las declaratorias correspondientes.
Ante la solicitud, durante la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores el presidente en funciones de la Mesa Directiva, Arturo Zamora Jiménez, hizo la declaratoria correspondiente y remitió el documento a la Cámara de Diputados.
Nombramiento de Dirección General del Canal del Congreso.
El Senado recibió un oficio mediante el cual se informa del nombramiento de Blanca Lilia Ibarra Cadena como titular de la Dirección General del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
La Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión también informó que David Ruiz Ascencio, regresará a desempeñar su cargo anterior como Director de Información y Noticias de este medio.
Planteamientos relativos a la reforma política del Distrito Federal
Por otra parte, el presidente en funciones de la Mesa Directiva, Arturo Zamora Jiménez, turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales una cara suscrita por Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de Gobierno del Distrito Federal, así como por diversas organizaciones sindicales y civiles, académicos y abogados laboristas, en la que hace diversos planteamientos en materia laboral, relativa a la reforma política del Distrito Federal.
Dicha misiva solicita que no se afecten los derechos fundamentales en materia laboral y de participación ciudadana en los asuntos públicos, para el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos de las trabajadoras y los trabajadores a nivel nacional con el Distrito Federal.

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