Número-499
- Además, se propone que por desempleo o vivir en condición de pobreza no se suspenda el servicio.
- La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Segunda.
Para ello, planteó que cuando se produzcan fallas o interrupción del suministro imputables a los suministradores, deberán otorgar al usuario la contraprestación equivalente a los daños producidos.
En tanto, cuando el usuario, por desempleo o por ser parte del segmento de pobreza, no pueda cumplir con el pago, propone que el proveedor no suspenda el servicio, y cuando se restablezca el empleo o salga de la condición de pobreza, el pago del adeudo deberá realizarse sin intereses moratorios.
Desde la tribuna, el legislador perredista señaló que las reformas estructurales han arrastrado a los gobiernos a renunciar a su función de proveedor y garante de los bienes y servicios básicos de cualquier sociedad.
En su lugar, aclaró, exige espacios legales para que las obligaciones del Estado sean realizadas por empresas privadas cuyo comportamiento es la competencia monopolística o de oligopolios, es decir, la privatización.
La experiencia en materia de privatizaciones eléctricas, expresó, muestra que con el transcurso de los años el abanico de las tarifas eléctricas se va ampliando, pero los equipos e infraestructura se renuevan insuficientemente provocando obsolescencia y los modelos de privatización eléctrica provocan que los costos desarticulados aumenten, con lo que se afecta seriamente a los usuarios del suministro básico, sin que exista quien responda por los daños y abusos.
En este sentido, Robles Montoya subrayó que los altos cobros de tarifas eléctricas han afectado a muchas familias mexicanas, ya que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha demostrado insensibilidad e intransigencia ante la imposibilidad de la ciudadanía de pagar las tarifas y son castigados con cortes a la electricidad sin previo aviso, o en su caso, con cortes masivos a barrios, colonias y comunidades.
No obstante, reconoció que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha recomendado a la CFE actuar con profesionalismo, apegado al principio de eficiencia para dar respuesta a las necesidades sociales, prestar un servicio público de forma continua, y regular para que se evite la suspensión del servicio público.
El legislador destacó el clamor de los ciudadanos para frenar los cortes de energía eléctrica a quien no pague, pues a pesar de la presión social la CFE ha mostrado insensibilidad, e incluso se ha llegado al encarcelamiento de ciudadanos en resistencia contra el aumento de las tarifas de luz.
La propuesta de adición al artículo 42 Bis de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética se turnó a las comisiones unidas de Energía y de Estudios Legislativos Segunda.
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