Número-469
- Aplicable a los infantes que laboren en avenidas, calles, cruceros, ejes viales o cualquier vía de circulación, pues menoscaba y vulnera su dignidad humana.
- Se impondría una pena de 5 a 10 años de prisión, y de 5 mil a 50 mil días de multa a quien explote con fines económicos y laborales a los niños y adolescentes.
La reforma propone establecer como explotación el trabajo de los menores de 15 años de edad que laboren en avenidas, calles, cruceros, ejes viales o cualquier vía de circulación; así como imponer una pena de 5 a 10 años de prisión, y de 5 mil a 50 mil días de multa a quien explote con fines económicos y laborales a estas personas. Además, si se trata de un servidor público, se incrementará la pena en la mitad más uno.
La legisladora señaló que la mitad de los niños que trabajan en estas condiciones ponen en riesgo su vida, salud, seguridad y su integridad como personas, por la naturaleza de las actividades que realizan. A escala mundial, 168 millones de niños y niñas trabajan, lo que representa el 11 por ciento de la población infantil.
Además, 36 por ciento de los infantes que laboran no asisten a la escuela, por lo que están perdiendo la oportunidad de recibir educación y, por lo tanto, no se les garantiza uno de los derechos fundamentales que tienen consagrados en la Constitución y diversos instrumentos internacionales, dijo la senadora.
La protección a su integridad física, mental y moral; propiciar las condiciones idóneas de educación y de salud; su desarrollo pleno e íntegro, son algunos de los derechos que son vulnerados a los infantes que trabajan en las calles de las ciudades del país.
En México, existen dos millones 536 mil 693 niñas, niños y adolescentes ocupados en el mercado laboral, de esta población 6.3 por ciento son de 5 a 9 años de edad, 23.3 por ciento son de 10 a 13 años y el restante 70.6 por ciento son de 14 a 17 años de edad. Asimismo, del total de infantes y adolescentes en condición laboral, un millón 622 mil 895 asisten a la escuela, es decir, el 64 por ciento, y el 36 por ciento no lo hace.
La iniciativa suscrita por los senadores María Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas, Roberto Armando Albores Gleason, Angélica del Rosario Araujo Lara, Jesús Casillas Romero, Hilda Esthela Flores Escalera, Margarita Flores Sánchez, Ernesto Gándara Camou, Lisbeth Hernández Lecona, Ana Lilia Herrera Anzaldo, María del Rocío Pineda Gochi, Raúl Aarón Pozos Lanz, Mayela Quiroga Tamez y Alejandro Tello Cristerna fue turnada a las comisiones unidas Contra la Trata de Personas y de Estudios Legislativos para su análisis.
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