Número-455

• Solicita informe a la Secretaría de Gobernación sobre medidas para combatir este delito.
• En una década, bandas obtuvieron 705 millones de pesos mediante extorsiones.
  

En enero de este año se han registrado 15 mil 931 denuncias de intento de extorsión, lo que representa un incremento de 19 por ciento en comparación con el mismo mes de 2014, señaló el senador David Monreal Ávila.
El legislador del Partido del Trabajo dijo desde hace más de una década la extorsión por medio de llamadas telefónicas ha aumentado a lo largo del territorio nacional y que al menos 916 bandas de extorsionadores operaban en los distintos penales del país.
Indicó que 15 de las bandas más activas operan desde centros penitenciarios en el Distrito Federal y se calcula que cada 24 horas realizaban 4 mil 400 extorsiones.
Refirió que en el periodo de 2001 a 2009, siete millones 324 mil 660 personas habían perdido entre mil y 50 mil pesos a causa de este delito; y el monto a nivel nacional obtenido por extorsionadores superó los 705 millones de pesos.
Monreal Ávila precisó que en esos años se intentaron 18 millones 199 mil 23 llamadas con fines de extorsión.
Aunado a ello, señaló que para cometer este ilícito se emplearon más de 483 mil 127 celulares, de los cuales 55 por ciento tenían clave lada del Distrito Federal.
Ante este panorama, el senador propuso, a través de un punto de acuerdo, que el Senado de la República solicite a la Secretaría de Gobernación un informe donde indique las acciones que lleva a cabo para evitar este tipo de las extorsiones en el país.
Del mismo modo, que explique si existe alguna base de datos fidedigna con la que se puedan corroborar las cifras y, en caso de que exista dicho registro, sea remitido al Senado de la República.
Recordó que este delito lo realizan mafias organizadas, generalmente desde el interior de penitenciarías, que obligan a cientos de personas a entregar o conseguir dinero para pagar el rescate de algún familiar supuestamente secuestrado y, en caso de no hacerlo, las amenazan con privar de la vida al presunto secuestrado.
El punto de acuerdo fue remitido a la Comisión de Seguridad Pública para su análisis y dictamen correspondiente.

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