Número-439

• México vive un delicado momento de retroceso de las libertades: senador Corral Jurado.
• Existe el riesgo de cierre de medios de información, coinciden legisladores Dolores Padierna, Zoé Robledo, Manuel Bartlett, Layda Sansores y Marco Blásquez.

La Mesa Directiva del Senado de la República turnó un punto de acuerdo a la Junta de Coordinación Política y otros dos a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, de las tres proposiciones que fueron presentadas por distintos senadores para abrir espacios en medios de comunicación públicos a la periodista Carmen Aristegui.
Dichos puntos de acuerdo –propuestos de urgente y obvia resolución, pero que no fueron considerados así por el Pleno-- coinciden en que el despido de Carmen Aristegui de la empresa MVS constituye en un retroceso para la libertad de expresión, e incluso viola preceptos de la Constitución, como el artículo sexto.
El senador Javier Corral Jurado, apuntó que se enfrenta un delicado momento de acecho a la libertad de expresión: “México vive un vendaval autoritario; el presidente Enrique Peña Nieto ha volcado décadas atrás en el sometimiento de los medios de comunicación, mediante cuantiosos recursos de coptación, pero también de chantaje y hostigamiento empresarial”, afirmó el legislador del Partido Acción Nacional.
Consideró que la “arrogancia e incompetencia del equipo cercano al presidente Enrique Peña Nieto es la antología de que viene lo peor”, pues, estimó, puede preverse el cierre masivo de otros espacios de comunicación e información.
Al presentar la propuesta para abrir espacios en el Canal del Congreso a la periodista Carmen Aristegui, el legislador panista explicó que uno de los objetivos es que el Senado no quede al margen y se manifieste frente al atropello a la libertad de expresión y el derecho de la información.
Otro propósito, abundó, es “rajar la leña de la verdad” y abrir un debate sobre un tema que involucra un riesgo para las libertades de otros medios.
En representación del senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, la senadora Dolores Padierna Luna advirtió que se han encendido los “focos rojos nacionales, e internacionales” a causa de los signos de retroceso de las libertades en México.
Estableció que el gobierno asume actitudes de autoritarismo, y “es una muestra de la arrogancia gubernamental a la que poco le importó el costo que deba asumir. El golpe viola principios constitucionales”, como son los derechos a la información, a la réplica y el de las audiencias.
Ante este escenario, “el Senado debe evitar una generalizada ola de cierre de espacios informativos, incómodos para el gobierno”, pues “representaría una regresión democrática, volver a un pasado donde la autoridad se impone a la sociedad a través de los medios”.
Con este argumento propuso que el Senado haga un pronunciamiento público por el respeto irrestricto a la libertad de expresión en los medios de comunicación, como una condición necesaria para la construcción de régimen democrático y la protección de las libertades individuales; y que se revise el despido de los reporteros Carmen Aristegui, Daniel Lizárraga e Irving Huerta, de la primera emisión de noticias de MVS Radio.
El senador Zoé Robledo Aburto consideró que el conflicto entre Aristegui y MVS ha puesto al descubierto la falta de transparencia de la industria de los medios de comunicación, que no se ha atendido de manera correcta. Ello al presentar la propuesta del senador del PRD, Mario Delgado Carrillo, para solicitar se abra un espacio en el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) a Carmen Aristegui.
El legislador apuntó que la radiodifusión es un servicio público de interés general, razón por la cual, con apego a los preceptos constitucionales, se le debe dar un uso relacionado a la pluralidad y de respeto a las libertades, en particular al derecho de las audiencias.
Cuestionó por qué no se sujeta a la transparencia a los concesionarios, que serían sujetos a la ley en la materia pues hacen uso de recursos públicos a través del espectro radioeléctrico --propiedad del Estado-- y al recibir publicidad oficial; por tanto, consideró, deberían de ser transparentes incluso en las contrataciones a periodistas y comunicadores.
Finalmente, consideró que la sociedad debe asumir una actitud de solidaridad activa, con acciones que permitan financiar la apertura de un nuevo espacio en la radio para Carmen Aristegui.
El coordinador parlamentario del Partido del Trabajo, Manuel Bartlett Díaz, sostuvo que el despido de Carmen Aristegui revela que el presidente Enrique Peña Nieto pretende imponer una “dictadura mediática”, en la que se cierra toda opinión contraria al gobierno.
Por ello, apuntó, “es imposible aceptar la calificación de la Secretaría de Gobernación de que es un problema entre particulares” pues incluso el relator de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha calificado la salida de MVS de Aristegui como un acto de silenciamiento y manipulación de la opinión pública.
“Frente a la enorme credibilidad de Aristegui, la credibilidad del gobierno y el gobierno, son nulas”, subrayó al tiempo de considerar que al presidente Peña Nieto no le importa el costo de acallar a comunicadores, pues pretende afianzar la dictadura mediática que deriva en la ausencia de democracia en el país.
Sin embargo, concluyó Bartlett Díaz, “en su inexorable pérdida de autoridad, Peña Nieto no podrá silenciar a México”.
A su vez, la senadora Layda Sansores San Román, aseguró que la salida del aire de la periodista es el lenguaje del poder autoritario sin límites y representa un desafío a los ciudadanos. A ella, dijo, se le ha tomado como una moneda de cambio, pues ésta no es la única vez que, por el tratamiento de la información, ha sido separada de la radiodifusora.
Sostuvo que ésta es una actitud desesperada de Ejecutivo federal para silenciar a la sociedad con “garrote y con el hacha, pues el país se le deshace entre las manos”. El mandatario, agregó, paso de la defensa a la venganza y, aseguró, es una actitud desesperada.
El presidente de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación, senador Marco Antonio Blásquez Salinas, propuso al dueño de la emisora retomar el diálogo con la periodista, pues este es un conflicto entre dos involucrados y consideró que no se debe “pensar que ella se tenga que ir a otro medio o abrir uno nuevo”.

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